La muerte de 73 personas por un partido de fútbol en el noreste egipcio, derivó en una grave crisis política. La oposición barajó la hipótesis de una “mano invisible” y convocó a una movilización que ya sumó 388 heridos. Varios diputados pidieron la dimisión del ministro del Interior, y responsabilizaron a la Junta Militar de los hechos.
Aún antes de extinguirse las llamas en las gradas y mientras seguían ingresando cadáveres en las morgues de los hospitales cercanos al campo deportivo, ya comenzaron a aflorar variadas hipótesis –entre sectores políticos, medios y analistas– que apuntaban a una conspiración política como causante de la masacre.
La más extendida giraba en torno al deseo de sectores militares de mantener "la ley de emergencia" decretada en 1981 tras la muerte del ex presidente y primer ministro Anwar el-Sadat. Se trata de una normativa que sirvió durante los últimos 30 años como cobertura legal para la represión desatada contra sectores opositores.
"Lo que ocurrió no puede ser una coincidencia. Esta masacre y tres ataques armados, apenas un día despues de que el ministro del Interior vino al Parlamento para intentar convencernos de mantener el estado de emergencia", espetó el diputado socialdemócrata Zia el Elaimi.
El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los poderosos Hermanos Musulmanes, señaló que hubo una "mano invisible" en la matanza, que sólo puede pertenecer a partidarios de Hosni Mubarak deseosos de castigar a los seguidores del equipo cairota Al-Ahly tras su importante participación como fuerza de choque durante las manifestaciones contra el régimen. De hecho, algunos de sus simpatizantes, considerados “barras bravas” calificaron junto con sus rivales, los "Caballeros Blancos" del equipo Zamalek, de "sospechosamnte ineficiente" la actuación de los efectivos de seguridad.
Asimismo, opositores a la Junta Militar, que gobierna interinamente el país desde la caida de Hosni Mubarak, en enero de 2011, organizaron marchas de protesta contra la policía y el Gobierno a quienes acusaron de inactividad en los enfrentamientos. La caminata planeada hasta el cuartel general de la Policía, el Ministerio del Interior y el Parlamento para denunciar el creciente vacío de seguridad en Egipto, sumó otros 388 nuevos heridos.
En una caldeada sesión parlamentaria, varios diputados pidieron la dimisión del ministro del Interior, y responsabilizaron directamente a la Junta de los hechos.
Paralelamente, los seguidores de los equipos a partir del cuales se desató la terrible rencilla, coordinaron una movilización ante la sede de la Asamblea del Pueblo, condenando el comportamiento de la policía.
Por su lado, el primer ministro Kamal el Ganzouri comunicó al Parlamento, en una sesión extraordinaria, que el Gobierno aceptó la dimisión del gobernador de Port Said, el general de División Mohamed Abdulah, y cesó a los dos mandos policiales responsables de los incidentes en el estadio de fútbol de esa localidad.
El Ejecutivo también destituyó a todos los miembros de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol Egipcia que, tras la tragedia al término del partido de liga entre los equipos Al-Ahly y Al-Masry, decidió anular todos los encuentros de la jornada, según informó el diario Al Ahram.
Un negro tercer tiempo
El partido que enfrentó a Al-Masri de Port Said y Al-Ahly de El Cairo, había comenzado bajo una tensión muy alta y prácticamente sin controles policiales.
Al-Ahly es el equipo más importante de Egipto y del continente africano y suscita gran antipatía entre sus rivales. En el sector del estadio ocupado por seguidores del Al-Ahly surgieron pancartas insultantes para el Masri, lo que inflamó aún más los ánimos.
Cuando el árbitro señaló el fin del encuentro con victoria local, un hombre supuestamente vinculado al Al-Ahly saltó al césped con una barra de hierro, mientras seguidores del Masri se lanzaron contra él y contra los jugadores visitantes.
La estrecha relación establecida en el último año entre los seguidores más violentos del Al-Ahly y las manifestaciones contra la dictadura se interpretó de inmediato como un factor esencial en los hechos.
Y los jóvenes que impulsaron la revolución desde la plaza de Tahrir, hace un año, acusan directamente a la Junta militar que gobierna Egipto desde la caída de Mubarak. "La Junta militar desea crear el clima de que el país camina hacia el caos y la destrucción, son gente de Mubarak y aplican su misma estrategia, la que seguía él cuando se proponía como única alternativa al caos”, explicó a Europa Press Mahmud al-Naggar, miembro de la Coalición de la Juventud Revolucionaria en Port Said.
Seguidores del equipo local, por su parte, declararon haber detectado entre los suyos la presencia de infiltrados cuyo rol en los hechos fue fundamental.
Fuente: Télam
