El juez Baltasar Garzón fue condenado este jueves a once años de inhabilitación por el Tribunal Supremo de España, que lo halló culpable de autorizar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.
El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, quien se desplazó este jueves a la sede del Tribunal Supremo.
La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
Tras conocer la sentencia, Garzón abandonó el alto tribunal con semblante serio y sin realizar declaraciones.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Este miércoles quedó para sentencia el segundo juicio celebrado contra Garzón en el Tribunal Supremo, por otro presunto delito de prevaricato cometido al investigar los crímenes franquistas siendo que, supuestamente según la acusación, carecía de competencia para ello.
Durante el juicio, celebrado desde del 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales.
Asimismo alegaron que "en casos ajenos al terrorismo", como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido, Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, carga con otra acusación de prevaricato en su contra, otros procedimientos en su contra por supuesto cobro del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por Garzón. La operación iniciada en febrero de 2009 investigaba una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular.
La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán«Gürtel» da nombre al caso.
El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, en su vigesimoséptima edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa".
Fuente: Télam
