Un grupo de 17 autoproclamados intelectuales argentinos emitieron un documento en el que incitan a abandonar “la agitación de la causa Malvinas” y no “avasallar los (derechos) de quienes viven y trabajan (allí) desde hace varias generaciones”.
Beatriz Sarlo, José Eliaschev, Jorge Lanata, Daniel Sabsay, Emilio de Ípola, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sábato y Juan José Sebreli reclaman que el gobierno ofrezca instancias de diálogo real con los británicos y en especial con los habitantes de las islas, a quienes considera sujetos de derecho en la disputa por soberanía.
Representantes de este grupo tenían previsto brindar una conferencia de prensa durante la tarde del miércoles, pero fue suspendida por la tragedia sucedida en la estación de trenes del barrio porteño de Once.
Las repercusiones, no obstante, no tardaron en llegar. Desde el gobierno el senador Daniel Filmus dijo que quienes plantean que la soberanía de las Islas debe ser resuelta por los isleños “se oponen a la resolución dictada por la ONU que desde 1965 recomienda a la Argentina y a Gran Bretaña proseguir las negociaciones”.
Más duro aún, el también senador Aníbal Fernández tachó de “cipayismo básico” la actitud de este grupo “que bien podría ser el elenco estable del sainete Los Disfrazados, de Carlos Pacheco, una pieza en la que todos pretenden ser lo que no son”.
El escrito titulado Malvinas, una visión alternativa llama a abandonar la agitación de la causa y elaborar una visión alternativa, superadora del conflicto y que aporte a una resolución pacífica: “La afirmación obsesiva del principio Las Malvinas son argentinas y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños”, afirma el documento.
Desde una columna del mitrista La Nación, Luis Alberto Romero, se pregunta en este sentido: “¿Son realmente nuestras las Malvinas?”. Y despuntado su oficio de historiador, recuerda cómo en tiempos prehistóricos los hombres elegían su pareja: “Le daban un garrotazo y la llevaban a su casa. En etapas posteriores los matrimonios se concertaban entre familias o Estados. Hoy lo normal es una aceptación mutua, y eventualmente el cortejo por una de las partes. Hasta ahora intentamos el matrimonio concertado, y probamos con el garrotazo. No hemos logrado nada, salvo alimentar un nacionalismo paranoico de infaustas consecuencias en nuestra propia convivencia”.
Para Romero, la alternativa es “cortejar a los falklanders . Demostrarles las ventajas de integrar el territorio argentino. Estimularlos a que lo conozcan. Facilitarles nuestros hospitales y universidades. Seguramente a Gran Bretaña le será cada vez más difícil competir en esos terrenos. Durante varias décadas, la diplomacia argentina avanzó por esos caminos. Pero en 1982 recurrimos al garrotazo. Destruimos lo hecho en muchos años. Creamos odio y temor, perfectamente justificados”.
Desde otra columna el ex jefe de gabinete, si bien de acuerdo en lo inútil y evitable del encuentro bélico, disparó: “Ni el propio Jorge Luis Borges, desde su más profunda anglofilia, se animó a tanto. Por el contrario, en su célebre poema Juan López y John Ward rinde un fenomenal homenaje a esa sangre joven derramada en vano”.
“Sin embargo, nuestros intelectuales, según algunos medios, munidos de una carga de rencor o interés personal, tratan una vez más de condicionar al gobierno, sirviendo de brazo de palanca para que la oposición multimediática local e internacional haga presión con sus dichos y opiniones y exhiba como un triunfo, las aparentes contradicciones argentinas sobre el tema”, agregó y disparó: “Cipayismo básico”.
Fernández no se equivocó: el británico The Guardian, también dedicó un espacio a estas idas y vueltas epistolares, celebrando, por supuesto, la postura de los 17 leading Argentinian intellectuals.
Éstos, por su parte, admitieron en el polémico manifiesto que el uso de la fuerza en 1982 por parte de la Argentina fue “injustificable”, como lo sigue siendo ahora la ultilización discursiva sacralizante de la sangre de los caídos en la guerra. Apoyándose en los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional en 1994, el escrito reclama el reconocimiento de los habitantes de Malvinas como sujetos de derecho: “Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean”.
Y continúa: “Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos –es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino– abre una caja de Pandora que no conduce a la paz”.
El especialista argentino en Derecho Internacional, Marcelo Kohen, habiendo ya considerado “un escándalo que el Reino Unido invoque la libre determinación” de los isleños, frente a tamañas declaraciones de connacionales, es probable que se encuentra ahora al borde mismo de la más grande indignación. El jurista habría señalado hace no poco tiempo, que tal excusa serviría para "ocultar que quien dispone de la fuerza impone una situación contraria a derecho”.
"Las islas eran españolas al momento de la independencia y a raíz de una regla universalmente aceptada como lo es la de la sucesión de Estados, lo que era territorio español dependiente de Buenos Aires se transformó en territorio argentino", explicó el abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario. E indicó que "el gobierno argentino tomó posesión de las islas en 1820 y el Reino Unido de Gran Bretaña no protestó, aunque tuvo conocimiento directo del hecho, reconoció a la Argentina y celebró un tratado de amistad con el país en 1825 y tampoco protestó, a pesar de que ya había actos posesorios argentinos”.
“Se «acordaron» del principio (de autodeterminación de los pueblos) cuando tenían que justificar su posición en Gibraltar o en Malvinas. Hasta 1965, en que se produjo la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la posición británica siempre había sido que el principio no tenía carácter jurídico”, apuntó Kohen, y concluyó: “La excusa de la libre determinación no se justifica en absoluto, primero porque la ONU nunca reconoció que fuera aplicable a Malvinas, y segundo porque el Reino Unido tiene derecho a pensar que es aplicable, pero la Argentina tiene todo el derecho de no pensar igual".
Fuente: Télam
