El destituido juez español, Baltasar Garzón, fue absuelto por el Tribunal Supremo español del delito de prevaricato del que fuera acusado al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Con seis votos a favor y uno en contra, del magistrado José Manuel Maza, el Tribunal Supremo de Madrid puso fin al último proceso contra el ya ex juez de la Audiencia Nacional, recientemente condenado por la misma magistratura a 11 años de inhabilitación por autorizar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, ligado al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, y sus abogados.
En esta ocasión se había acusado a Garzón de prevaricación, es decir, dictar una resolución injusta a sabiendas de ello, cuando se dispuso a investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo. Esta causa fue abierta por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, que pedían una condena de 20 años de inhabilitación.
Según las acusaciones, el magistrado habría vulnerado “a sabiendas” la ley de Amnistía de 1977 y la ley de Memoria Histórica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
En su alegato final, el ex juez aseguró que su conciencia estaba “tranquila”, porque actuó conforme a derecho y “guiado por el desamparo de las víctimas”. Asimismo, afirmó que las decisiones que adoptó fueron para “perseguir, sancionar o castigar crímenes masivos” de desapariciones forzadas en el contexto de “crímenes de lesa humanidad”, que son imprescriptibles.
El abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, y el fiscal del caso, Luis Navajas, solicitaron conjuntamente la absolución del juez y el archivo de la causa, al considerar que las denuncias ni siquiera habían cumplido los requisitos mínimos de legalidad, y por la “parcialidad” del magistrado que instruyó el procesamiento, Luciano Varela.
También apelaron a la doctrina Botín, según la cual una acusación popular no puede abrir un juicio penal en solitario y sin el apoyo de la fiscalía. Finalmente, el tribunal presidido por Carlos Granados dictaminó que Garzón no cometió el delito de prevaricato.
Durante el juicio, familiares de las víctimas del franquismo dieron muestras de apoyo a Garzón con manifestaciones a la puertas del tribunal, al que calificaron de “fascista” y de ser una “vergüenza” para España.
Así se termina el martirio judicial para Baltasar Garzón, habiendo ya prescripto hace pocas semanas otra acusación sobre supuesto caso de corrupción. El Tribunal Supremo desestimó una querella contra un banco español que, junto a otras empresas, habría financiado unos cursos que el ex magistrado impartiera en Nueva York.
Fuente: Télam.
