Tras la instalación de la placa el miércoles pasado que marca al ingenio azucarero de Pedro Blaquier como Sitio de Memoria, desde la empresa lanzaron un comunicado donde anticipan que recurrirán a la Justicia “para que el cartel sea removido”.
Encuadrada en las “políticas de acompañamiento a los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en todo el país”, la Secretaría de Derechos Humanos junto con el gobierno de la provincia de Jujuy, erigieron una estructura de dos por tres metros frente a la planta de producción de Ledesma que deja inmortalizada la connivencia de la fábrica de azúcar con la dictadura militar y su rol como agente de represión ilegal en la zona.
Sin embargo, desde su sitio web, la empresa jujeña apuntó contra la ilegalidad de tal señalización, por cuanto “se trata de un prejuzgamiento explícito en una causa judicial que investiga hechos del año 1976, de los que somos totalmente inocentes”.
“No existe una sola sentencia judicial contra Ledesma S.A. ni contra ningún empleado o directivo de Ledesma en ninguna causa de Derechos Humanos, mucho menos por la falsa acusación contenida en ese cartel”, indicaron.
En tanto desde el Archivo Nacional de la Memoria, explicaron que el letrero da cuenta de los testimonios que están en el mencionado organismo, continuación de la Conadep. Su encargada, Judith Said, explicó que esta política de señalización de espacios ligados al proceso militar busca impulsar procesos de reconocimiento social.
En el caso de la fábrica que también produce insumos de librería, bajo su nombre y la definición de “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad”, el cartel señalizado reza: “En este departamento de Ledesma, previo al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y con mayor intensidad desde esa fecha, las fuerzas armadas y de seguridad detuvieron ilegalmente a obreros, ex trabajadores y delegados sindicales que reclamaban por sus derechos laborales ante la empresa Ledesma, así como a sus familiares, militantes políticos y sociales.”
No obstante, la firma insistió “una vez más” en que “nunca prestó camionetas a la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, ni colaboró con ese gobierno de facto de modo alguno”.
Por el momento, sigue pendiente la indagatoria de su titular en la causa en la que está imputado directamente por delitos de lesa humanidad cometido durante La Noche del Apagón; pero también, y por otro lado, es probable que en el juicio oral que ya arrancó la semana pasada en la norteña provincia, Blaquier tenga que prestar declaración al empezar a sonar su nombre en las testimoniales que van reconstruyendo los acontecimientos.
El viernes pasado, el imputado Mariano Braga, ex teniente e integrante de las patotas de secuestro, nombró a la empresa: “Una vez tuve un incidente con una camioneta de Ledesma que trasladaba a gendarmes” al penal de Villa Gorriti; dato que para la fiscalía y las querellas refuerza la hipótesis de su vínculo con los ejecutores del terrorismo de Estado.
Fuente: Página 12.
