Efectivos de Gendarmería y Prefectura que durante una semana se manifestaron frente a las sedes de sus respectivas fuerzas abandonaron la protesta. Sumarios, pases a disponibilidad y la renuncia de un alto funcionario fueron parte del saldo del conflicto.
La disputa, que se inició por recortes salariales, se extendió luego a otras reivindicaciones laborales que en su mayoría fueron resueltas de inmediato por el Gobierno nacional.
Pese a ello, un sector intentó profundizar la protesta exhortando a sus pares a abandonar los puestos de seguridad que mantienen las fuerzas en distintos puntos del conurbano bonaerense y convocando a otras fuerzas a sumarse al conflicto, lo que finalmente –salvo una tibia adhesión de un grupo de la Armada– no ocurrió.
“Hay una batalla perdida, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra”, debió reconocer el miércoles el vocero de los gendarmes, Raúl Maza, luego de que el martes el grueso de los manifestantes había desistido de mantener la pugna.
La Gendarmería pasó a disponibilidad a los uniformados que no acataron la orden de volver a sus puestos después de la protesta inicial porque se consideró razonable el primer planteo, pero una vez que se aseguró que todos los efectivos cobrarían lo mismo que a principios de septiembre, la ocupación de los edificios fue considerada una ruptura de la disciplina.
Por ello tampoco hubo marcha atrás en las sanciones a los diez gendarmes puestos en disponibilidad y siguen su curso dos sumarios por violencia protagonizados por prefectos.
El Gobierno nacional, entre cuyas medidas determinó volver atrás con todos los efectos colaterales de la normativa y dispuso el desplazamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería, no salió del todo indemne.
En la mañana del miércoles se conoció la renuncia, aceptada, de Raúl Garré, hermano de la ministra y su jefe de gabinete, encargado de la aplicación del decreto 1307.
El decreto había sido reafirmado por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pero se consideró que hubo una falla grave en la aplicación porque Prefectura y Gendarmería liquidaron sueldos que significaron una disminución de los ingresos de bolsillo en los grados más bajos, algo que justamente se quiso evitar con el decreto.
