Las primeras movidas y medidas de Néstor Kirchner y Mauricio Macri. Dos formas de construir poder y autoridad política. Conducción de la crisis o conducir hacia la crisis.
Néstor Kirchner llegó al gobierno con el 22 por ciento de los votos, interpelado por una sociedad que no quería siquiera escuchar la palabra política, y con la credibilidad en las instituciones en el cuarto subsuelo. En el Tesoro de la Nación no tenía ni para pagar los sueldos y la deuda heredada representaba dos veces y media el Producto Bruto Interno.
Mauricio Macri asumió con la autoridad presidencial restaurada, las instituciones funcionando todo lo correctamente que permiten las corporaciones en pugna con un proyecto político que oficiaba como contrapeso de ese poder, reservas por casi 30 mil millones de dólares, la economía desendeudada y sin problemas macroeconómicos que no pudiesen resolverse con medidas que preservaran el empleo y el mercado interno.
El inicio de la gestión Macri, comparado con el arranque de la de Kirchner se parece a un espejo que deforma. Las herramientas y decisiones políticas que está poniendo en juego el primero, sin las urgencias que existían en 2003 y generando una crisis que no existía, confrontan con el plan que, casi sin recursos propios, llevó adelante el santacruceño, con un éxito que se sostuvo por más de una década, soportando durante la mitad de ese período una descomunal crisis económica global.
El presente informe intenta contrastar ambos inicios de gestión, comparando medidas, iniciativas legislativas y estilos de conducción, en sus respectivos contextos sociales y económicos.
Comienzo de gestión en quinta y al taco
Kirchner no se tomó a la chacota el inicio de gestión. Sabía que necesitaba dar señales claras de hacia dónde se dirigía, qué intereses defendía y cuáles serían atacados.
Entre las primeras medidas económicas que tomó, le ordenó al entonces presidente del Banco Central de la república Argentina (BCRA), Alfonso Prat Gay, por intermedio de su ministro del área, Roberto Lavagna, que mantuviera el dólar a 3 pesos, tal cual lo había recibido de la gestión de Eduardo Duhalde. La respuesta del asesor de financistas no se hizo esperar: la agencia internacional Bloomberg reveló que Prat Gay opinó que la decisión presidencial era “un enorme disparate” y, apuntando a Lavagna, manifestó que el BCRA “es el único que tiene la potestad de legislar lo relacionado con el sistema financiero”.
El actual titular del Palacio de Hacienda intentó minimizar su desaforada crítica aduciendo, a través de un comunicado oficial, que sus dichos no debían ser “sacados del contexto amistoso en el que se pronunciaron”, una charla ante egresados de la Universidad Hebrea en Jerusalén que se reunieron en un desayuno en el Hotel Claridge. A Kirchner no se le movió un pelo, pero las horas del banquero al frente de la entidad oficial comenzaron una cuenta regresiva.
El 28 de mayo Kirchner pasó a retiro al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, y al otro día, durante el acto de conmemoración de esa arma, respondió los resentidos dichos del ex jerarca, que había insinuado “intrigas políticas” previas a su desplazamiento. “Analizar y caracterizar las conductas del poder político no es función que le corresponda a un militar. Sorprende que después de lo que ha vivido nuestra patria se le pida a la sociedad o se pretenda agradecimiento por respetar la Constitución”, fue la respuesta del mandatario que hacía apenas cuatro días había asumido.
Luego de descabezar las cúpulas de las tres fuerzas armadas, el mandatario anunció que los jubilados del escalón más bajo de remuneraciones cobrarían en junio el medio aguinaldo, o sea una quincena antes de como lo venían percibiendo. La decidida impronta de gestión kirchnerista ya había registrado un viaje ultrasónico a Paraná, donde el presidente destrabó el paro de los docentes –en Entre Ríos, en mayo, aún no habían comenzado las clases– abonando los salarios atrasados por la administración de Jorge Busti.
Tras advertir en su discurso de asunción que le iba a “poner traje a rayas a los evasores”, en la primera semana de gestión un juez en lo penal económico allanó alrededor de treinta confiterías y restaurantes de la Capital Federal, por una presunta evasión tributaria cuyo monto ascendía a tres millones de pesos, o un millón de dólares de entonces.
Mientras tanto, un actor decisivo de ese tramo histórico se despachó a su manera sobre el tablero regional: ”Ya no hay celos entre Brasil y Argentina. Argentina tomó conciencia de que es pobre, Brasil tomó conciencia de que es pobre. Y tenemos que trabajar juntos para enfrentar a los poderosos». Luiz Inacio Lula Da Silva mostraba que podía y quería ser un socio confiable.
Ayuda a la Invencible
Pero la locomotora K no paraba de aumentar la velocidad e intensidad de su marcha. Aunque pocos lo recuerdan y muchos se quejaron de la falta de ayuda de los gobiernos kirchneristas, la provincia de Santa Fe fue una de las primeras en recibir el apoyo económico y logístico de la administración central.
El 30 de mayo, a un mes de la más grave inundación que sufriera la capital santafesina, Kirchner dispuso que siete ministros de su gabinete llevaran adelante una recorrida por la ciudad de Santa Fe, anunciando medidas como la reposición del tomógrafo y del equipo de rayos del Hospital de Niños Orlando Alassia; el aumento por 90 días del haber mínimo para 53.517 jubilados santafesinos afectados por las inundaciones, un subsidio para trabajadores de fábricas afectadas por la crecida del Salado y el reparto de útiles escolares para los niños que debían volver el lunes siguiente a la escuela. Hasta el conspicuo reutemista ministro de Gobierno santafesino, Carlos Carranza, que se cansó años más tarde de criticar al kirchnerismo, debió reconocer el apoyo de la Nación a las obras para modificar la traza del puente de la autopista Santa Fe-Rosario que pasa sobre el Salado, destrozado por la crecida de las aguas.
Esas medidas, y muchas otras, fueron tomadas con las arcas del Tesoro Nacional casi vacías. Sin embargo, no fue aventurerismo ni osadía irresponsable lo que llevó al Presidente a hacer que el Estado interviniera en términos macroeconómicos, sino la decisión de redireccionar monumentales partidas que antes se llevaban los grupos económicos más concentrados. En esos mismos momentos, Julio De Vido anunciaba que, contra los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la decisión de relicitar las rutas nacionales con peajes, terminando con el escandaloso negocio privado, al liberar las multimillonarias partidas que con que el Estado pagaba “compensaciones tarifarias” a los concesionarios viales, entre otras medidas impensadas en el esquema que había pergeñado Roberto Dromi en los años ’90.
Designación de jueces en la Corte Suprema
En un proceso que se desarrolló entre junio y agosto de 2003, Kirchner forzó con la Constitución en la mano la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación heredada de la gestión de Carlos Menem, considerada de “mayoría automática”.
En la noche del miércoles 4 de junio de 2003, por cadena nacional, Kirchner le habló al pueblo argentino: “En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno”.
El jefe de Estado pidió el juicio político para Nazareno y los miembros más conspicuos del menemismo, e innovó respecto del sistema de selección de nuevos ministros de la Corte. A través del decreto 222/03, estableció autolimitaciones al Poder Ejecutivo, ordenó la publicidad de los antecedentes de los postulantes, dispuso la posibilidad de que los ciudadanos presenten objeciones a las candidaturas y la realización de audiencias públicas para que los propuestos pudieran responder preguntas.
En ese contexto, Eugenio Zaffaroni fue el primer juez propuesto para integrar la nueva Corte. Luego se sumarían Elena Highton de Nolasco, y Carmen María Argibay y Ricardo Lorenzetti, todos bajo la nueva fórmula de selección y ninguno de los cuatro simpatizantes del kirchnerismo o peronismo.
El plan del FMI que Kirchner rechazó
El FMI planteó al gobierno de Néstor Kirchner un plan impositivo que el mandatario rechazó de plano. Algunos puntos de esa receta eran los siguientes:
El organismo proponía fijar para Ganancias un umbral absurdamente bajo, que afectaba por igual a asalariados y autónomos y eliminaba la mayoría de las deducciones familiares y todos los gastos.
Mientras las sociedades anónimas debían retener a sus accionistas un 5 por ciento al distribuir dividendos, la retención de los bancos a los ahorristas en plazos fijos debería ser del 10 por ciento.
Eliminación de exenciones y alícuotas reducidas, pese a que algunas de éstas procuraron abaratar bienes de primera necesidad.
Aumentar los impuestos “internos” (a la cerveza, el vino, que estaba desgravado, y las gaseosas).
Elevar el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) y suprimir la exención patagónica de ese tributo. Tan obtuso era ese consejo que el FMI ni siquiera tomó nota que se lo sugería, precisamente, a un presidente patagónico.
Desistir de cualquier nuevo régimen de promoción regional o industrial, y minimizar el acceso a los regímenes que estaban vigentes, en una muestra más de la aversión del FMI hacia las políticas activas.
Abolir las retenciones, sin reparar en la función de las mismas a la hora de amortiguar el fenomenal golpe que la devaluación le propinó al salario real, trasladando enormes rentas adicionales a los exportadores. Cualquier comparación con las medidas recientemente aplicadas por Macri, resulta pertinente.
El paper del FMI sobre la reforma tributaria que debería aplicar Kirchner fue redondeado en una misión del organismo, que visitó Buenos Aires en aquellos días, encabezada por Adrienne Cheasty. Ese equipo estaba integrado, hasta poco tiempo antes de ese periplo porteño, por un personaje llamado Jorge Baca Campodónico, quien era presentado como especialista en evasión. Lo desconcertante es que a ese tipo lo habían metido preso en Buenos Aires durante la anterior misión del FMI, ante un pedido de Perú, que lo acusaba de haber operado para el poderoso general Vladimiro Montesinos, quien estaba siendo juzgado, entre otras cosas, por lavado de dineros públicos. Un chiche.
Para no desquiciar al lector con datos técnicos, sólo resta recordar los nombres de los paladines tributarios del FMI: Horst Köhler y Anne Krüger, quienes sostenían –lo siguen haciendo– que los sistemas impositivo son para recaudar, no para conseguir “objetivos de crecimiento sectorial”. O sea, desarrollo cero.
La blitzkrieg de Macri
Pasando por alto el minué del traspaso de mando, que mostró a un mandatario entrante timorato frente a posibles abucheos de simpatizantes de la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner, los comienzos de la gestión de Macri también se dieron a alta velocidad, pero en el sentido opuesto al de Néstor Kirchner.
Megadevaluación y apertura aduanera
El 16 de diciembre, a menos de una semana de asumir Macri, su ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay ratificó la liberación del tipo de cambio y el cese de las restricciones para la compra de divisas. Desde ese momento, las personas físicas pueden adquirir hasta 2 millones de dólares por mes sin tener que acreditar el origen de los pesos para realizar esas operaciones.
Tales medidas, además de afectar en forma dramática los salarios e ingresos jubilatorios, representa el sueño de todo inversor de los llamados golondrina y de los lavadores de dinero, sea cual fuere el origen de esos capitales, incluidas las actividades vinculadas al narcotráfico.
«El que quiera importar lo va a poder hacer sin permiso», subrayó el funcionario, reinaugurando un ciclo que en su momento destruyó el aparato productivo y provocó el cierre de miles de fábricas, con el consiguiente nivel dramático de desocupación.
«En nuestro gobierno no habrá jueces macristas»
Antes aún de asumir, Macri anticipó que buscaría sacar de su cargo a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, una medida inconstitucional, salvo que la jurista fuera removida por la vía del juicio político.
La procuradora reafirmó su decisión de mantenerse en el cargo pese a los pronunciamientos de distintos referentes del gobierno recién llegado: “No vienen sólo por mí. Sin un Ministerio Público, ¿quién va a resguardar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia?”, se justificó.
“Cada día surgen cuestionamientos diferentes. Hoy salen con los superpoderes de la Procuradora, y de qué se habla, de sacarme la potestad de remoción de los fiscales. Potestad que no tengo, y que sólo tiene un Tribunal de enjuiciamientos formado por distintos estamentos”, ejemplificó Gils Carbó.
Al cierre de esta edición los embates continuaban, pese a una reunión entre la procuradora y el ministro de Justicia macrista, Germán Garavano.
Pero tal vez el atropello más torpe y vulgar que llevó adelante Macri fue la designación a dedo de dos jueces en comisión para ocupar cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Nombró a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz en comisión, pasando por alto el previo acuerdo del Senado.
Los cuestionamientos y la movilización hicieron retroceder a Macri, quien recibió al titular del máximo tribunal, con quien acordó que la jura de los seleccionados se suspenda hasta febrero, aunque se espera que se cumpla con el mandato constitucional.
Sin embargo, la movida de Macri no sólo implicó una cuestión de formas. El estudio jurídico de Rosenkrantz es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual.
Entre otros clientes, Rosenkrantz registra a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros, según enumeró el matutino Página 12 en su edición del domingo 13 de diciembre pasado.
El «campo», de fiesta
La quita de retenciones, que Macri hizo pública oficialmente en Pergamino, fue una sus promesas de campaña, que cumplió al tercer día de mandato. De ese modo, ya rigen las retenciones cero a la exportación de trigo, maíz, girasol y productos regionales, y la rebaja de cinco puntos para la soja, lo cual desfinanciará a buena parte de los programas sociales.
La suba en el piso de Ganancias para liquidar el aguinaldo se anunció, desmintió y volvió a anunciar. Finalmente, Macri debió cumplirla, los asalariados en relación de dependencia cuyos ingresos brutos sean inferiores al nuevo mínimo no imponible de 30 mil pesos estarán exentos de tributar Ganancias en el medio aguinaldo.
El cambio de la ley de ministerios por decreto de necesidad y urgencia, a dos días de asumir, implicó varias cuestiones gravísimas. En el ámbito educativo, se basó en leyes ya derogadas de tiempos del menemismo, lo cual redujo a la mitad el presupuesto que el kirchnerismo había llevado al 6 por ciento del PBI. «Fue un error», justificó el ministro del área, Esteban Bullrich, pero hasta el momento no hubo una modificación de la disposición.
El decreto 13/2015 designó que a partir de ahora habrá un jefe de Gabinete y que los ministros serán 20. Sin embargo, y más allá de la creación de nuevas carteras y algunas unificaciones, los cambios más profundos tuvieron que ver con la conformación de las estructuras, entre otras cosas para eliminar la figura del «superministro» que condujo los destinos económicos del país durante la gestión de Cristina Kirchner.
El derecho a la información, pero al revés
El ministro de Comunicaciones designado por Macri, Oscar Aguad, conocido por el apodo «El milico», a raíz de su amistad con el genocida Luciano Benjamín Menéndez durante y después de la última dictadura cívico-militar, tuvo su bautismo de gestión a su medida: “La filosofía de nuestro gobierno sobre la ley de medios es totalmente contraria a la anterior”, se despachó.
Pero luego avanzó aún más en su ofensiva antidemocrática, lanzando una verdadera ráfaga de metralleta verbal autoritaria: “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro gobierno”. “La norma fue creada para aniquilar a medios de comunicación, como por ejemplo al Grupo Clarín, y también a otros, como Cadena 3, con los que el Gobierno no estaba de acuerdo”. “Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudar a los más pequeños”, fueron algunas de las perlas del ex interventor de Corrientes, procesado por malversación de fondos.
El remate lo pinta de cuerpo entero. “Una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente. Es tan absurdo. Estamos viendo si la semana que viene solucionamos este problema”.
Pero la semana siguiente es la que acaba de finalizar, y la respuesta de los actores afectados por el apriete macrista no tardó en articularse.
El martes 15 se produjo una autoconvocatoria en todo el país a través de las redes sociales que, en Rosario, culminó en una marcha hacia la sede local de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Y el mayor repudio lo recibió Aguad, quien llegó a sostener que la norma, declarada constitucional y votada por amplia mayoría en el Congreso nacional “no va a subsistir”.
Y bajo la consigna “La Ley de medios no se toca”, otra multitud marchó el jueves 17 en Rosario y en la grandes ciudades de todo el país en defensa de la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De la masiva convocatoria participaron organizaciones sociales y políticas. “Cada vez somos más en defensa de la Ley de Medios, las conquistas de los últimos años y en contra del ajuste”, fue la voz replicada por los manifestantes en toda la Argentina.
A modo de conclusión
La primera semana de gestión del macrismo vino a confirmar lo que se postulaba desde los sectores que integran el campo nacional y popular y era negado por la derecha tradicional: hay dos modelos de país, de desarrollo, de crecimiento, de concepción de la democracia.
Uno le otorga al Estado un rol regulador que amplía derechos, incluye a los sectores más vulnerables en el reparto de la renta nacional, privilegia el mercado interno y el consumo popular en pos de mayor generación de empleo y salarios dignos, por encima de la inflación que provocan los formadores de precios, invierte en ciencia y tecnología para superar la dependencia de los centros de poder, y define la política económica basado en las necesidades de las grandes mayorías.
El otro le deja el comando de los destinos de la Nación al mercado, que no es otra cosa que las corporaciones que mandaron toda la vida, las vernáculas y las transnacionales, desde Bernardino Rivadavia hasta la fecha. La novedad es que este gobierno llegó a la Casa Rosada sin tanques ni bayonetas, sino con un camión de caudales repleto de votos. Algo sobre lo que se torna obligatorio reflexionar.
Fuente: El Eslabón.
