Las andanzas de un juez patibulario

La citación a indagatoria a la ex Presidenta, en el marco de la causa que investiga la venta de divisas a futuro por parte del Banco Central en el último tramo de su segundo mandato, es una perla más en el collar que viene enhebrando Claudio Bonadío en el afán persecutorio de sus mandantes contra la ex jefa de Estado.

Claudio Bonadío es un magistrado al que le cabe aquella definición académica que califica a quien “por su repugnante aspecto o aviesa condición produce horror y espanto, como en general los condenados al patíbulo”. Si bien podría sostenerse tamaña descripción apoyándose en la traza exterior del sujeto en cuestión, su recorrido en el ejercicio de sus funciones es lo que este autor prefiere subrayar.

Lo cierto es que Bonadío, promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, le imprimió máxima velocidad a la marcha de crucero que venía desarrollando en sintonía con el Grupo Clarín y la oposición en una ofensiva judicial que nunca se preocupó por disimular.

Una vez que Mauricio Macri fue electo presidente, el tenor y estilo de sus arremetidas fueron ganando en brutalidad y ensañamiento, hasta llegar a la citación que en la semana que termina dictaminó contra la ex mandataria, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del Banco Central de la República Argentina (Bcra), Alejandro Vanoli.

Estrategias en pugna

En la estrategia de las denominadas «palomas» del macrismo no está contemplado meter presa a Cristina. Pero Héctor Magnetto quiere verla entre rejas y cuenta con los “halcones” que tienen oficinas cercanas el empresario que ejerce part time la Presidencia.

Como en tantas otras ocasiones, Macri comprueba lo grande que le queda el lugar que ocupa y lo incómodo que lo pone la tensión entre los planes de una parte de su entorno y los del CEO de Clarín y las aves rapaces amarillas.

Mientras Marcos Peña y Rogelio Frigerio, entre otros, juegan la carta del desgaste de la figura de Cristina en un patético deambular tribunalicio, el mandamás del oligopolio mediático junto a  sus empleados políticos y judiciales no se conforma con esos experimentos corrosivos y apunta a encarcelar a como de la cosa a la ex mandataria.

Esa puja de objetivos tuvo su punto de partida en la citación remitida por Bonadío a la ex presidenta y sus funcionarios, y el apriete feroz a la jueza Fabiana Palmaghini para que se declare incompetente y pase la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman a la órbita federal, testimonio del espía Antonio Stiuso mediante (ver recuadro).

Si se confirma el anuncio de que el próximo 10 de marzo la ex Presidenta pondrá en marcha un centro de estudios políticos que estaría inspirado en el Instituto Lula, que dirige el ex mandatario brasileño Da Silva, caben esperar más movidas feroces, ya sea por parte del “juez pistolero”, como lo calificó elípticamente Cristina, o cualquiera de los conspicuos integrantes del elenco de la corporación judicial amparada y fogoneada por Clarín y los principales grupos económicos que enfrentaron durante 12 años al kirchnerismo.

En el seno del gobierno nacional conviven el temor a un desmadre provocado por tanto ahínco vengativo, y un ala que se frota las manos anticipadamente tan sólo imaginando la foto de grilletes en las muñecas de la líder indiscutida del peronismo no claudicante.

Poderes y servicios asociados

La trayectoria del juez federal en ciernes deja mucho que desear, y en parte esto se explica por la íntima relación entre el poder político y el fuero federal, vínculo que se arrastra desde por lo menos la última dictadura cívico-militar, y ninguno de los gobiernos elegidos democráticamente pudo, quiso o supo desarticular. Por el contrario, en algunas de esas administraciones la connivencia se profundizó, alcanzando niveles inadmisibles en un sistema plenamente democrático.

La arquitectura del puente que une al poder político de turno con los tribunales federales ofrece varios tramos construidos a través de décadas, pero uno de ellos se destaca por su condición de factor estable y permanente: el rol de los servicios de inteligencia, que en lo formal operan como auxiliares de justicia, pero en su más oscuro accionar representan una valiosa fuente informativa que funcionarios políticos y judiciales utilizan para llevar adelante operaciones, y para preservar cuotas de poder en desmedro de adversarios de todo tipo y linaje.

Así, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, abogados, artistas, e incluso fiscales y jueces que no forman parte del Gran Juego, son monitoreados y espiados permanentemente de acuerdo a los intereses de los gobiernos de turno y los poderes establecidos. Todos ellos pueden llegar a sufrir en alguna ocasión los efectos de esas operaciones, en las que raramente prevalecen la verdad o los códigos formales de justicia.

Bonadío, según indican quienes conocen su extensa carrera, es uno de los jueces federales que con mayor vocación desempeña el rol de operador judicial a favor de los principales grupos económicos y de funcionarios de gobierno que demandan soluciones parajurídicas.

Pero, ¿quién es Bonadío? ¿De dónde surge y cómo construyó su gestoría jurídico-política, que tantos servicios ha prestado?

El hombre del perramus

La biografía del barbado juez, afecto a usar sombrero y perramus, se remonta al hogar de clase media en el que nació y fue criado, en la localidad bonaerense de San Martín.

Hizo sus primeros estudios en el colegio La Salle de Florida, donde se recibió de bachiller en 1973. En aquellos años 70 militó en la juventud de la agrupación Guardia de Hierro, una organización peronista ortodoxa, conducida por el histórico dirigente Alejandro Álvarez, y de la cual surgieron conocidos cuadros como Juan Carlos Mazzón, el “Chueco”, quien fuera jefe de los por entonces jóvenes José Luis Manzano y Matilde Menéndez, entre otros.

Diez años más tarde, en 1983, ya en democracia, Bonadío comenzó a frecuentar el Frente de Unidad Peronista, una línea interna del PJ de Capital Federal que era conducida por los dirigentes Eduardo Vaca y Miguel Ángel Toma y articulaban con quien llegaría a ser intendente de esa ciudad y uno de los políticos más denunciados por hechos de corrupción de todo el período: Carlos Grosso.

El actual juez fue asesor en el Concejo Deliberante y, en los primeros tiempos del menemismo, Vaca lo vinculó con el estudio jurídico de otro peronista, Carlos Corach, quien una vez que ocupó el principal despacho del Ministerio del Interior de la Nación, facilitó su ingreso a la Justicia Federal. Bonadío no podía acreditar en esa época ni algo parecido a una carrera judicial, y tampoco podía ostentar diplomas como jurista de nota en especialidad alguna.

Aquel favor fundacional jamás fue olvidado por Bonadío, quien a su hora lo devolvió, al sobreseer a funcionarios del menemismo acusados por hechos de corrupción, por ejemplo el ex interventor del PAMI, Víctor Alderete.

Ese carpetazo exculpatorio, sin embargo, no le resultó gratuito al juez del perramus: la Oficina Anticorrupción lo acusó por haber llevado adelante “manejos sospechosos” en una causa conexa a fin de beneficiar al ex pope de la obra social de los jubilados.

Algo parecido ocurrió en agosto de 2009, cuando Bonadío fue acusado por el Consejo de la Magistratura de «mal desempeño» por presuntas irregularidades en el trámite de una causa que investigaba créditos otorgados al grupo Yoma.

Pero la mochila cargada de acusaciones en su contra, denuncias penales y pedidos de juicio político se verán más adelante en este mismo artículo. Más vale detenerse de momento en los desaguisados financieros del magistrado.

Es conocido por todos en los tribunales de Comodoro Py que Bonadío lleva un holgado nivel de vida y gastos. Sin embargo, antes y después de esa ostentación, cuenta en su currículum bancario con más de una mancha. El Banco Ciudad cerró su cuenta en 1991 y fue inhabilitado por el Banco Central hasta 1993. Una vez que fue nombrado juez federal, recuperó su cuenta en el Banco Ciudad, pero aún mantiene la vieja deuda con esa entidad.

En los albores de su carrera judicial Bonadío poseía bienes a nombre suyo, pero en una de sus últimas declaraciones juradas reconoció la tenencia de una casa en la Capital Federal, parte de otra en San Martín y consignó, además, ser propietario de un jeep Rangler y un Audi A 3. Una curiosidad: además de declarar un monto de dinero en pesos y bienes del hogar, reseñó la tenencia de “armas de puño”.

Una colección de denuncias

Bonadío acredita doce causas en su contra por irregularidades en el Consejo de la Magistratura y otras tantas denuncias penales.

En principio, fue apartado de la causa que investiga a la empresa Hotesur –una de las que ostenta haber iniciado en su ofensiva anti kirchnerista– por mal desempeño de sus funciones. Ese apartamiento generó reacciones destempladas del Grupo Clarín, el macrismo y sus aliados, que salieron a proclamar que el gobierno de Cristina estaba detrás de esa «operación».

La siguiente nómina, publicada en su momento por el portal diarioregistrado.com, corresponde a las denuncias ante el Consejo de la Magistratura:

1. Expediente 241/2011 (Echarren/contagio de pacientes hemofílicos): Se investiga mal desempeño de Bonadío en la causa originada por el contagio masivo de más de mil doscientos pacientes hemofílicos con los virus de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C. El expediente está para tratamiento de los consejeros en plenario por vencimiento del plazo (cumplió 3 años el 18/11/14). Tiene un proyecto de dictamen de sanción de multa del 30 por ciento de sus haberes presentado por Julián Álvarez. (Mayoría necesaria: absoluta miembros presentes).
2. Expediente 160/2012 (YPF/abogada Alejandra Dibo): Se denuncian irregularidades en el trámite de la causa Nº 8.568/99 caratulada “YPF SA s/delito de acción pública”, por irregularidades en la conversión de acciones clase C de la compañía, que correspondían a los trabajadores en virtud del Programa de Propiedad Participada (PPP), en acciones clase D, y la venta vil de esas acciones a Repsol. El expediente está para tratamiento de los consejeros en plenario por vencimiento del plazo (cumplió 3 años el 10 de julio de 2015). Aún no tiene dictamen.
3. Expediente 64/2013 (Sanoguera/certificado de sobreseimiento): Lo denuncia el ciudadano Diego Lorenzo Sanoguera, porque manifiesta haberse presentado varias veces en el Juzgado para solicitar un certificado de sobreseimiento y, además de recibir malos tratos y discriminación, nunca ha logrado que le sea expedido. El expediente está en tratamiento ante la comisión de acusación.
4. Expediente 163/2013 (Marutián/Abogado de Ricardo Jaime): El abogado de Jaime, Andrés Sergio Marutián, denuncia a Bonadío por mal desempeño y abuso de autoridad en la causa Nº 3.308/09 “Ricardo Jaime s/ negociaciones incompatibles”.
5. Expediente 36/2014 (Dalbón/ tragedia de once): El abogado Gregorio Dalbón denuncia a Bonadío por mal desempeño por desempeño arbitrario de sus funciones.
6. Expediente 160/2014 (Altamirano/abogada malos tratos): La abogada Gloria Raquel Altamirano denuncia que le impiden acceder a las actuaciones y ejercer el derecho de defensa, además de recibir malos tratos y comentarios burlones y degradantes.
7. Expediente 162/2014 (Rua/ abogado de Guillermo Moreno): Alejandro L. Rua, abogado del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, denuncia a Bonadío por su mal desempeño en el marco de la causa Nº 8215/11, iniciada por el actuar titular del Indec, Jorge Todesca, contra los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior cuando le aplicaron una multa a la consultora.
8. Expediente 201/2014 (Dalbón/bomberos- búsqueda de Menghini): El abogado Gregorio Dalbón denuncia a Bonadío por irregularidades en la búsqueda de Lucas Menghini Rey en la causa “Tragedia de once”.
9. Expediente 242/2014 (Julián/operación escudo): Denuncia presentada por el ex secretario de Justicia, Julián Álvarez, en la que describe el accionar de Bonadío de manifiesta arbitrariedad por el que utiliza las causas judiciales radicadas en su Juzgado para extorsionar a los consejeros y obstaculizar el trámite de las denuncias en su contra en el Consejo.
10. Expediente 318/2014 (PGN/rebeldía y prohibición de salir del país de Gonella): La Procuradora General de la Nación denuncia la actuación de Bonadío en la causa que tramita contra del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella en su juzgado por la denuncia que la jueza María Gabriela Lanz hizo contra Gonella.
11. Expediente 14/15 (Ninone): Denuncia del abogado abogado Salvador Agostino porque Bonadío habría incurrido en arbitrariedad al investigar solo a su asistido y no a los restantes involucrados en el hecho delictivo.
12. 33/15 (García Leone): Es una denuncia presentada por Bernardo Eduardo García Leone por el trámite que Bonadío le dio a una causa en la que él denunció anomalías en el Centro de Emisión de Licencia de El Gaucho de Mar del Plata.

En tanto, el siguiente es el listado de las denuncias penales que Bonadío acumula ante el Consejo de la Magistratura por irregularidades en otras causas y el estado de esas acusaciones:

1. Causa 6538/15 – Juzgado Federal 4 Ariel Lijo / Fiscalía Federal 10 Paloma Ochoa. Denuncia de Carlos García por violación de deberes de funcionario público. Se están realizando medidas previas a la formalización de la imputación.
2. Causa 12032/14 – Juzgado Federal 10 / Fiscalía Federal 5 Franco Picardi. Denuncia de Marcelo Fuentes por enriquecimiento ilícito. Se están realizando medidas de prueba.
3. Causa 7221/15 – Juzgado Federal 4 / Fiscalía Federal 10 Paloma Ochoa. Denuncia de Gabriel Chamorro y Eduardo Barcesat por abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y prevaricato, por los procedimientos en Santa Cruz en la causa “Hotesur”. También están imputados el actual presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
4. Causa 7635/15 – Juzgado Federal 3 Daniel Rafecas / Fiscalía Federal 11 Gerardo Pollicita. Denuncia del abogado Federico Villafañe por encubrir a una red narco. Basada en el testimonio de una mujer en el programa de Rolando Graña. Es reciente, no tiene trámite aún.

5. Causa en Juzgado Federal 7. Sebastián Casanello. Causa por privación ilegal de la libertad, originada en un conflicto con un Juez de Instrucción.

Fuente: El Eslabón.