El conflicto entre los trabajadores municipales de Las Rosas y el intendente del PRO, Javier Meyer, entrega un capítulo nuevo cada semana en una suerte de historia sin fin. Lo que al inicio parecía una puesta en escena ha entregado hechos cercanos al terror: una repentina militarización del pueblo –con la instalación de un destacamento de Gendarmería Nacional–, amenazas de muerte enviadas por video a los manifestantes, listas negras distribuidas en negocios de la ciudad para que no atiendan a los huelguistas y atentados a la carpa apostada frente a la intendencia, por mencionar algunos de los más graves sucesos. Además, el jefe municipal se negó a respetar tres llamados a conciliación obligatoria. Ante esta realidad, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), Claudio Leoni, amplió su mirada sobre los graves hechos y advirtió que “hay diferentes sectores políticos que ven ideológicamente adecuado el proceso que se está llevando adelante en Las Rosas”.
Leoni recordó a El Eslabón que todo comenzó cuando el jefe comunal al asumir su gestión “incumplió los acuerdos establecidos por el sindicato con la administración anterior y los suyos propios, y decidió discontinuar el pase a planta de los contratados, poner en revisión todos los sueldos y recortar los salarios del 20 por ciento de los empleados”. Toda una concepción política.
—¿Cómo describís lo que está ocurriendo en Las Rosas?
—Lo que parecía en principio un conflicto de tipo laboral, como hemos tenido cientos a lo largo de todos estos años, dejó paso a una clara la intención del intendente de llevar todo a otro nivel, a un nivel social, político e institucional. Esto se debería abordar como dice la Constitución, que es a través del mecanismo de la conciliación obligatoria, que es un derecho que tenemos los trabajadores establecido en el Artículo 14. Al salir de lo que establece la legislación, vemos claramente una apuesta del intendente en un intento de aplicación de un modelo de gestión pública, que está acompañado de toma de decisiones contra los trabajadores, afectando su estabilidad, su salario, sus condiciones de trabajo y bajo amenaza permanente, ante el ejercicio de la huelga, de ser reprimidos.
No hay ninguna forma de explicar que una municipalidad tenga sostenida por tanto tiempo la presencia de la Gendarmería Nacional dentro del palacio municipal. Esto no es un hecho menor. Esa presencia ha significado una sistemática actitud de distintos sectores vinculados políticamente con el intendente, de provocar episodios de violencia para justificar la represión.
―¿Qué objetivo estaría buscando el intendente con estas actitudes?
―Creo que está actuando de una manera irracional pero que ha encontrado la colaboración de diferentes sectores políticos que ven ideológicamente adecuado el proceso que se está llevando adelante en Las Rosas. Hay algunos hechos que hablan por sí solos. Cuando el tema llega al poder Ejecutivo y a la Legislatura, para que se analice la posibilidad de que se intime al intendente de Las Rosas a acatar la Conciliación Obligatoria, bajo apercibimiento de habilitar la intervención si no se resuelve el conflicto por los canales institucionales, justo aparece acá la ministra de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich) y comienza a hablarse de operaciones y acuerdos en Diputados para dilatar la cuestión. Estas cosas no son casuales. Son muchas coincidencias para darnos cuenta de que hay sectores que tienen otros intereses en torno a este conflicto, sino ya lo hubiéramos resuelto.
―¿Cómo evalúan en este marco el desempeño del Ministerio de Trabajo de la provincia?
―Nosotros, en determinado momento del proceso de negociación salarial no pudimos llegar a acuerdo en el marco de la comisión paritaria que coordina la Secretaría de Municipios y Regiones, y en reclamo de un incremento salarial dispusimos una medida de fuerza. Entonces, el ministerio de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria, nos amenazó con declarar ilegal el paro, con quitarnos la personería y con aplicarnos multas si no dábamos cumplimiento a esa conciliación. Esta actitud, en ningún momento el ministerio de Trabajo la tuvo con la municipalidad de Las Rosas. Yo creo que esa es una situación de debilidad que presentan los delegados acuerdos del gobierno de la provincia. Porque tampoco ignoramos, y lo hemos visto durante el comportamiento de los legisladores, que no es solamente el PRO el que está defendiendo al intendente de Las Rosas, sino que también aparecen sectores del radicalismo vinculados a Cambiemos, algunos de ellos integrantes del frente del gobierno. Todo esto hace a un panorama complejo donde las víctimas somos los trabajadores.
—En el marco de todo esto, por momentos se pierde el origen del conflicto…
—El origen del conflicto es el incumplimiento de acuerdos celebrados con el intendente relacionados con la incorporación de personal contratado, y que el intendente acordó que no se tomarían medidas si no eran discutidas entre las partes en una comisión que debía conformarse entre el Ejecutivo, el sindicato municipal local y el Concejo Municipal de Las Rosas. En el medio de esta situación el intendente en forma unilateral toma la decisión de dejar sin efecto la designación en planta permanente del personal contratado, resuelve poner en revisión la totalidad de los salarios y reducir del 20 por ciento de los trabajadores.
Comunicado y nuevas medidas de fuerza
El jueves pasado, contra las expectativas de los trabajadores de que se tome el asunto en profundidad, la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia sólo dedicó un pequeño momento a lo que ocurre en Las Rosas, y no para tratar la posible intervención del municipio sino para apoyar la propuesta de mediación lanzada por el gobernador Miguel Lifschitz. Ni siquiera hubo un repudio al ataque a machetazos que sufrió la carpa de los trabajadores frente a la intendencia. El diputado Carlos del Frade fue uno de los pocos que expresó su solidaridad con los huelguistas.
Por su parte, los representantes paritarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), convocaron “en forma urgente” a un plenario de secretarios generales en la localidad de Las Rosas para el próximo lunes 9 de mayo, con el objetivo de “ratificar la realización de un paro provincial de 24 horas el 12 de mayo en todas las Municipalidades y Comunas”. Además, anunciaron que harán una marcha al Ministerio de Trabajo de la en la ciudad de Santa Fe.
Según informó la federación, la decisión se tomó “en repudio al ataque que sufrieron los trabajadores municipales de Las Rosas”. La Festram reclamó “el inmediato retiro de la Gendarmería Nacional y el cumplimiento de la Ley de Conciliación Obligatoria por parte del Intendente Javier Meyer del PRO”.
“Mientras los poderes del Estado intentan infructuosamente hacer cumplir la Ley de Conciliación Obligatoria, el intendente del PRO instó a provocar con agresiones a los trabajadores en huelga para generar un acto represivo de la Gendarmería Nacional y justificar la decisión política de la Ministra Bullrich de sostener en forma ilegal la presencia de fuerzas federales en el edificio Municipal”, denunciaron desde la federación.
Para la Festram, el intendente sigue buscando una salida del conflicto “fuera todo marco normativo y constitucional”.
La federación manifestó su preocupación sobre la situación represiva e hizo “directamente responsable de la integridad y la vida de los trabajadores en ejercicio constitucional de huelga al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro y a su par de la cartera nacional, Patricia Bullrich”.
Fuente: El Eslabón
