En el coloquio de Idea, el presidente Mauricio Macri volvió a suplicarles a grandes empresarios más “compromiso y entusiasmo” con el país, al tiempo que elogió a un sector del sindicalismo por la “madurez” de enfriar la convocatoria al primer paro general contra las políticas de ajuste de su gobierno, a cambio de un extra para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH), más exenciones para una parte de los trabajadores que tributan Ganancias. Son medidas de impacto limitado en un contexto de agravamiento de indicadores económicos, sociales y laborales, con sus desastrosas consecuencias. La propuesta oficial movió fichas en el mapa gremial y los más críticos del macrismo insistieron con la necesidad de realizar una medida de fuerza.
El gobierno nacional anunció que pagará bonos y resignará parte de la recaudación por el impuesto a las Ganancias con el único propósito de espantar posibles conflictos sociales hacia fin de año y no pensando en reactivar el consumo y el dinamismo del mercado interno. Después del brutal aumento en el costo de vida, con subas exorbitantes de precios y tarifazos que recortaron el poder de compra de los sectores populares y amplificaron la pobreza, los jubilados que cobran el haber mínimo y cada hogar que recibe la AUH se llevarán en diciembre un extra de 1.000 pesos.
En el caso de la AUH, en septiembre tuvo un incremento de 14,16 por ciento, que se sumó a uno de 15,35 por ciento que se había dado en marzo. Se trata de un aumento del 31,7% en lo que va del año, que pierde por diez puntos con la inflación acumulada y agrava la situación de vulnerabilidad de sus beneficiarios. Lo mismo para los jubilados, que encima vienen soportando incrementos desmedidos en medicamentos.
Habrá, además, una exención de Ganancias en diciembre para quienes cobren un medio aguinaldo de hasta 15.000 pesos. Si percibe más de 15 mil pesos de aguinaldo pagará un porcentaje hasta el salario bruto de 55 mil pesos. No se aclaró si la quita es automática o hay que tramitarla. Si el impuesto a las Ganancias alcanza a un universo de poco más del 10 por ciento de los asalariados, el beneficio engloba a un porcentaje todavía menor sobre la totalidad de los trabajadores, que en los últimos meses enfrentaron despidos e intentos de precarización. Es decir que con bastante poco, Cambiemos logró por el momento desactivar una huelga que estaba en gatera.
Para la cúpula de la CGT, “parte de los reclamos están encauzados”, aunque espera una nueva reunión, esta vez con participación empresarial, para acordar un plus destinado a trabajadores del sector privado con un piso de 2.000 pesos, compensación que cae mal entre las cámaras patronales aunque el gobierno espera que sirva para desalentar los crecientes reclamos de reapertura de discusión salarial.
En la misma senda, el gobierno extendería el bono a estatales nacionales y dejaría a criterio de las provincias la viabilidad de replicarlo. En el caso de Santa Fe, el gobierno de Miguel Lifschitz rechazó esa posibilidad, aunque no está dicha la última palabra. Mientras, docentes, estatales y municipales de la provincia prometen reforzar el plan de lucha que apunta más que nada a reabrir paritarias. En este sentido, Festram, federación que nuclea a sindicatos municipales de la provincia, va al paro el jueves 20. En el caso de los médicos de Amra y de los estatales de UPCN solicitan un bono de 5.000 pesos. Lifschitz dijo que si Nación no aporta fondos es “imposible” dar ese plus salarial.
Discordia gremial
El combo que ofertó el gobierno nacional causó satisfacción en los popes cegetistas, que dejaron el paro en stand by, pero no endulzó a todos. Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, dijo “el paro no está descartado, pero se han encauzado parte de los reclamos. Falta ahora lo sustantivo que es este diálogo con privados”, previsto para el próximo miércoles.
La complicada negociación con el gobierno de Macri volvió a evidenciar las internas que atraviesa la CGT recién reunificada. El secretario gremial de la central obrera, el dirigente camionero Pablo Moyano, calificó a los anuncios del ministro de Trabajo Jorge Triaca como “un bonito” y “una migaja” y volvió a plantear la necesidad de ir a una medida de fuerza. Otros dirigentes de la CGT, como Víctor Santamaría y Rodolfo Daer, al igual que los jefes de las CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli, también criticaron los anuncios al considerarlos “insuficientes” y “miserables” para poder afrontar la pérdida del poder adquisitivo.
Moyano hijo estimó que “va a haber reacción de gran parte del sindicalismo” y aclaró que si el triunvirato que conduce la CGT no toma la decisión de convocar a un paro general, él se pondrá al frente del reclamo con el gremio de Camioneros y sumará a otros sindicatos para “hacer una jornada de paro o una marcha”. Los gremios que podría sumar a esa medida serían otros del moyanismo, como los docentes de UDA, Canillitas y los encargados de edificios de Suterh, además de los Bancarios que decidieron alejarse de la conducción de la CGT unificada y las dos CTA que desde hace meses vienen reclamando a la CGT que convoque a un paro general.
El posicionamiento frente a las políticas económicas de Macri parece reconfigurar una vez más el mapa sindical: de un lado los críticos que rechazan el ajuste y del otro los dialoguistas que, si bien señalan los problemas que padecen los trabajadores, priorizan el mecanismo de buscar soluciones en una mesa y no en la protesta callejera o con medidas de acción directa. El bloque gremial que salió enseguida a rechazar los anuncios del gobierno lo hizo en una conferencia conjunta donde se informó que la inflación que mide la CGT y las CTA aumentó un 1,4 por ciento mensual en septiembre y un 40,1 en comparación con el mismo mes del año pasado para los trabajadores asalariados registrados.
Los anuncios relacionados al perdón impositivo en Ganancias apuntaron a calmar las protestas en gremios donde el grueso de los afiliados está alcanzado por ese tributo, como Camioneros y Bancarios. Sin embargo, son dos gremios críticos del gobierno y están entre los que más empujan para que se convoque a un paro general contra las políticas del macrismo. Los trabajadores bancarios, por su lado, confirmaron que realizarán una huelga de 24 horas el viernes 28 de este mes si antes las cámaras empresarias no aceptan reabrir la paritaria. Las discrepancias gremiales, claro, sirven más al gobierno que a los trabajadores.
Otro eje
Las medidas oficiales son un paliativo en una coyuntura complicada: caída del salario, suba del desempleo, ajuste económico. Según la Cepal, organismo que depende de Naciones Unidas, el PBI caerá casi dos puntos este año en la Argentina, una proyección que duplica la recesión promedio estimada para América latina. Igual, el gobierno y economistas amigos hablan de la “recuperación” de la economía.
No hay sector de la economía nacional que no esté perdiendo empleo. Cifras oficiales muestran que durante la gestión Cambiemos se destruyeron 134 mil puestos de trabajo y que el salario real se contrajo alrededor de un 10 por ciento. El panorama es peor aún entre los trabajadores informales. Números privados contabilizan que desde diciembre pasado, cuando asumió Macri, hubo más de 200 mil despidos y suspensiones. La construcción, la industria metalúrgica, el comercio y el sector público, entre los más perjudicados.
En su último informe, la consultora privada Tendencias Económicas reportó que más de 16 mil trabajadores fueron suspendidos durante septiembre, lo que significó un aumento de casi 12 por ciento contra igual período de 2015, y fue el segundo mes con registro más alto en siete años, mientras que otros 3.000 fueron despedidos. Así, entre despidos y ajuste, el eje de discusión entre los trabajadores parece estar más centrado en cómo llegar a fin de mes.
