Impunidad suprema

“Excelente fallo de la Corte”, celebró en su cuenta de Twitter la militante pro amnistía de los genocidas Cecilia Pando. Eran las 10.57 del miércoles 3 mayo y todavía ni la web de La Nación (que dio la noticia a las 11.49) ni la de Clarín (que hizo lo propio a las 12) habían publicado nada. Dime quién te festeja y te diré quién eres, podría aggiornarse el refrán. La resolución firmada por el máximo tribunal del país, en la que se otorgó el beneficio de la derogada en 2001 ley del 2 x 1 a un secuestrador y torturador condenado por crímenes de lesa humanidad, recibió un aplauso cerrado en Marcos Paz, Campo de Mayo y otros penales del país dónde están alojados la mitad de los 750 terroristas de Estado sentenciados por su delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar. El resto, que cumple prisión domiciliaria, se rompió las palmas desde casa.

La ley 24.390, popularmente conocida como del 2 x 1 –que nació en 1994 y murió en 2001, cuando fue derogada–, planteaba que cuando una persona estuviera presa más de dos años sin condena se le computaría doble cada día de prisión preventiva.

Tal cual explicó de manera inmejorable la periodista de Página 12 y familiar de desaparecidos, Victoria Ginsberg, mientras esa ley estaba vigente, el represor Luis Muiña –el civil que formaba parte de la patota que operó en el centro clandestino que funcionó en el Hospital Posadas, beneficiado con el fallo de la Corte Suprema–, no estaba detenido. “Ni podía estarlo. Ni él ni ningún otro torturador o secuestrador de la última dictadura. Porque en ese momento estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, recordó la editora de la sección política del matutino porteño.

Con claridad meridiana, Ginsberg escribió al día siguiente de conocido el repudiado fallo, que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton resolvieron que a Muiña le corresponde el beneficio del 2×1 (lo que acortaría sensiblemente su condena) porque –consideran– “debe aplicarse la ley penal más benigna y el 2×1 estuvo vigente en «el tiempo intermedio» entre la comisión del hecho (1976) y el dictado de la sentencia (2011).

En cambio, los otros dos magistrados, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, evaluaron que “no se debe seguir ese criterio en delitos permanentes, sino que debe aplicarse la norma correspondiente al último tramo del hecho”, y recordaron que los crímenes de lesa humanidad son “imprescriptibles y no se pueden amnistiar”, lo que “implica que las condenas tampoco se pueden reducir, porque eso implicaría una suerte de conmutación de la pena”.

El mamarracho jurídico se escracha así mismo. Se trata de la aplicación de una ley que no existió ni cuando se cometieron los delitos, ni cuando se dio inicio a las causas por las que fueron condenados los culpables. Y sólo se podrá hacer efectiva en casos de lesa humanidad. Lo que se dice, una resolución hecha a medida.

La inocultable voluntad política ideológica de los tres cortesanos implica un cambio de paradigma sobre el camino desarrollado en materia de Memoria, Verdad y Justicia en los últimos años en nuestro país. Y se pone en sintonía con la impronta que ha dado a la cuestión el gobierno de Mauricio Macri, que minutos después de Cecilia Pando, también celebró el fallo, hecho público –oh casualidad– un día después del enésimo llamado de la Iglesia Argentina a la “reconciliación”.

Los genocidas no esperaban menos del gobierno de CEOs de la empresas instigadoras y beneficiarias del terrorismo de Estado, y de todas las dictaduras de nuestra historia. No hay dudas que el proyecto de país de Cambiemos es el mismo y para los mismos que el impuesto a sangre y fuego por quiénes dieron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

Por eso la respuesta que tuvo la convocatoria de Madres de Plaza 25 de Mayo fue tan contundente. Las mismas víctimas del modelo de Martínez de Hoz, son las que sufren el modelo de Macri. Las recetas neoliberales que se aplican hoy, a pedido del FMI y el Banco Mundial, son idénticas a las que enviaron en los setenta y noventa desde Estados Unidos esos organismos internacionales de crédito y coloniaje.

El fallo volvió a poner en el centro de la escena política a los organismos de derechos humanos, que se erigen como el espacio con mayor capacidad de construcción de unidad del fragmentado aunque resistente campo popular y nacional.

El gobierno pega y provoca todo el tiempo. Con este golpe profundiza su estrategia electoral de ampliación de “la grieta”, pero también abre la puerta para que se sigan encontrando todos los sectores atacados por su política. La Madres tienen experiencia acumulada en ese sentido, y este jueves lo dejaron en claro: “Tenemos 40 años de lucha y hemos vuelto a comenzar una y mil veces. Esta batalla recién comienza y acá no se rinde nadie”, arengaron.