El socialismo tuvo su primera gran derrota política en lo que va de su gestión al frente de la provincia de Santa Fe. Los senadores departamentales del PJ resucitaron de los virtuales cajones donde supuestamente estaban enterrados, utilizaron su mayoría para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de reforma tributaria enviado por el gabinete de Hermes Binner y lo rechazaron en el acto. El bloque oficialista abandonó al recinto antes de que ese voto se produzca para “no convalidar esta actitud de querer gobernar desde la Legislatura”, según dijo el legislador socialista Juan Carlos Zabalza.
La iniciativa oficial para modificar el esquema de ingresos brutos (quitar exenciones a algunas industrias y recomponer las alícuotas) y del impuesto inmobiliario (tanto rural como urbano) fue herido de muerte en la Cámara alta y no podrá volver a ser presentado, al menos no con el mismo contenido, hasta el año entrante.
La Cámara Alta, último bastión del reutemismo, ni siquiera escuchó la oferta de discusión de 15 días en las comisiones que había hecho ayer el oficialismo.
Los senadores justicialistas ya habían firmado junto a los diputados del sector una carta en la que anticipaban que no estaban dispuestos a aprobar un proyecto que no fue elaborado con su venia. También, hace 15 días, habían votado su propio proyecto de reforma, en rigor, sumar una quinta cuota al impuesto inmobiliario para destinar recursos a municipios y comunas, sin tomar en cuenta la media sanción de la iniciativa socialista en Diputados.
Ahora, todo vuelve a empezar y son dos los caminos. El PS se traga el sapo más grande de su vida y aprueba en Diputados la quinta cuota del inmobiliario propuesta por los senadores peronistas y espera hasta el año que viene por la reforma más abarcativa o se recompone y presenta un nuevo proyecto “negociado” con sus opositores. Mientras, el reloj de las finanzas provinciales corre y los municipios y comunas tienen problemas graves que resolver. Uno de ellos, el reclamo salarial de los empleados municipales que paraliza por dos días las administraciones locales.
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