El gobierno santafesino puso la lupa sobre 100 grandes contribuyentes de las principales ciudades para controlar los altos niveles de evasión fiscal y mejorar la recaudación, objetivo que no pudo ser cumplido a través del aumento y modificación de impuestos que impulsó y fue rechazado en la Legislatura santafesina. Las empresas apuntadas son de los rubros mayorista en general, grandes supermercados, venta de maquinarias e insumos para el agro y el sector financiero.
Según se informó oficialmente este jueves, las “acciones de fiscalización” iniciadas por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Ángel Sciara, tienen como objetivo “fortalecer la recaudación impositiva y avanzar hacia una provincia integrada y con mayor equidad contributiva”.
También se consignó que los controles apuntan en principio a firmas de Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Firmat.
Además, “se ha dado inicio a un operativo sobre un grupo de contribuyentes seleccionado a partir de su interés fiscal”, a los que “se les solicita información que permitirá actualizar las bases de datos de la administración tributaria provincial”, indicó la subsecretaría comandada por Teresa Beren.
En una primera etapa se han emitido más de 1.200 requerimientos a contribuyentes de las ciudades de Rafaela y Firmat. En las siguientes semanas se proseguirá con los de Villa Constitución, Venado Tuerto, Santo Tomé y Avellaneda. Los requerimientos se envían a los domicilios fiscales de los contribuyentes y la información solicitada se recepciona en las delegaciones del organismo.
Pero no sólo a los grandes contribuyentes apuntan los controles contra la evasión. También “se enviaron intimaciones a 6.200 contribuyentes que no cumplen con los convenios formalizados oportunamente para el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, por un total de 13 millones de pesos. En caso de no cumplimiento, serán derivados para su cobranza a través de la vía judicial”, indicó la Subsecretaría de Ingresos Públicos.
Por último, se indicó que “están siendo notificadas, a efectos de evitar su prescripción, deudas del Impuesto Inmobiliario urbano y rural, por períodos impagos”. En esta situación se encuentran 159.000 contribuyentes y el total reclamado asciende a 280 millones de pesos.
