El gobierno de Santa Fe presentó este martes una “reclamación administrativa” para que la Nación declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias (conocido como impuesto al cheque) y “devuelva” a la provincia los fondos retenidos “inconstitucionalmente” al finalizar la vigencia de la emergencia económica. La pelea por los recursos no termina.
Mediante esta medida, que constituye un “trámite de cortesía” para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia, la provincia propone una instancia conciliatoria para que el gobierno nacional “ordene el pago de los montos proporcionales en concepto del impuesto al cheque, devengados desde el 19 de diciembre de 2006, a partir de la sanción de la ley 26.180, se explicó oficialmente.
A través de un parte oficial, la Casa Gris explicó que “el impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias fue establecido durante la emergencia económica de 2001, a través de la ley 25.413, para preservar el crédito público y recuperar la competitividad de la economía argentina”.
“Este impuesto –indirecto y concurrente según la Constitución Nacional– establecía como fecha límite de aplicación el 31 de diciembre de 2002. No obstante, merced a sucesivas prórrogas que modificaron la estructura distributiva del impuesto, se mantuvo vigente”, continúa el parte oficial.
Que también da cuenta de los cambios que hubo en ese impuesto. “En febrero de 2002 se suscribió un convenio federal que resolvió modificar la estructura distributiva del impuesto al cheque. A partir de la nueva normativa, el 70 por ciento del impuesto ingresaría al tesoro nacional y sería administrado por “el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública”, el 30 por ciento restante se coparticiparía a las provincias.
Una vez normalizada la situación, a fines de 2005, “nuevamente se modificó el destino de ese tributo. Mediante la ley 26.180, promulgada el 19 de diciembre de 2006, se dispuso que el fin del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias era «contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico»”, recordaron desde la Gobernación. Y agregaron: “Esta normativa sigue vigente”.
En el documento, que fue expuesto ante el ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, por un estudio de abogados contratado en Capital Federal por el gobierno santafesino, la provincia solicita que “se declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios” y “se reintegre a la provincia los recursos inconstitucionalmente detraídos desde el 19 de diciembre de 2006”.
“En caso de no tener respuesta en el término de treinta días a esta solución amistosa y previa del conflicto que motiva la presentación”, la provincia “entenderá que la vía administrativa queda descartada quedando expedita la vía de reclamación judicial”, expresa el documento.
Además, la reclamación sugiere que “tampoco constituye justificación suficiente la eventual emergencia sufrida por el país durante el período 2001–2002 para producir la detracción de un impuesto coparticipable en naturaleza. Ni tampoco la supuesta sustentabilidad del programa fiscal y económico que invoca la ley 26.180”.
Fuente: Prensa Gobernación.
