A través de distintas actividades programadas por las organizaciones de derechos humanos, Rosario recordará el siniestro golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976. La mayoría de los organismos convocó a las 17.30 a concentrar en la plaza San Martín, para luego marchar hasta el Monumento a la Bandera, donde se llevará adelante el acto central y se leerá un documento en el que se exige, entre otras cosas, el rápido inicio de los juicios contra los genocidas, aparición con vida de Jorge Julio López, unificación de causas para que los testigos no sufran la tortura psicológica de declarar tantas veces, audiencias públicas y abiertas para la comunidad y la prensa, aceleración de juicios y conformación de los tribunales orales, y la restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura.
En el documento también se exige el juicio político a la jueza federal Laura Inés Cosidoy, y se repudia expresamente las declaraciones de la magistrada, quien confesó que el general Leopoldo Fortunato Galtieri le salvó la vida cuando era jefe del Comando del II Cuerpo de Ejército.
Actividades
A las 10.30 se llevará a cabo el acto oficial en el Bosque de la Memoria del parque Scalabrini Ortiz, lugar en el que se realizará la tradicional plantación de árboles, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, organismos de DDHH y sobrevivientes.
Ya desde las 17, poco antes del inicio de la marcha hacia el Monumento, la agrupación H.I.J.O.S estará en la Plaza San Martín pintando remeras en apoyo a los juicios contra los genocidas. Quienes quieran participar, sólo tienen que llevar una remera lisa clara. La estampa está compuesta de un diseño de la artista de H.I.J.O.S., Florencia Garat, y una leyenda que reza: “La Memoria es una arma cargada de futuro. Juicio Castigo”.
H.I.J.O.S., además, divulgó una campaña de apoyo a los juicios por la verdad, a través de spots radiales que se editaron a partir de grabaciones a distintas personalidades rosarinas como el jugador Sebastián Domínguez, Quique Pessoa y Darío Grandinetti, entre otros.
A las 17.30, en la plaza San Martín, las distintas organizaciones y militantes se concentrarán para luego marchar hasta el Monumento a la Bandera. Entre las organizaciones convocantes se cuentan Madres de Plaza 25 de Mayo; Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; H.I.J.O.S. Rosario; los sindicatos CTA, ATE, Coad, Amsafé, Aceiteros, Ammar, Sitratel, Prensa, entre otros.
Otro acto
En forma simultánea, a las 17, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Atilra Rosario, el Polo Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, y el Partido Obrero, se concentrarán en Moreno y Rioja y desde esa esquina se trasladarán a la plaza San Martín, desde donde iniciarán, a las 18, la que denominaron “Marcha unitaria día 24 de marzo”, que llegará hasta la plaza 25 de Mayo donde a la vez esos partidos y organizaciones llevarán adelante un acto a las 19.30.
Murgas populares contra el olvido
También en el marco de la recordación del golpe genocida de hace 33 años, este lunes se desarrolló un desfile y recorrida de la murga “Los herederos”, integrada por 200 jóvenes de los barrios de toda la ciudad, por boulevard Seguí desde Provincias Unidas hasta Roullión, y luego hasta Aborígenes Argentinos.
Además, este miércoles 25, a las 15, en el Cine Auditorio del Distrito Oeste se proyectará la película “Cazadores de utopías”, y habrá posterior debate con Lisandro Calvente y Daniela Rolon (Jóvenes en la Mira), Maria Eva Dura (Juventud CTA), y Marina Magnani (JP Evita).
En tanto, el viernes 27, a las 19, con la consigna “Somos el futuro, queremos un presente”, se pintaran murales en bulevar Seguí y Garzón, y bulevar Seguí y Provincias Unidas.
Documento que se leerá en el Monumento a la Bandera
El texto del documento elaborado por las organizaciones que convocan al acto en el Monumento a la Bandera es el siguiente:
Compañeras y compañeros, han pasado ya 33 años del golpe genocida en nuestro país. Muchos de los aquí presentes padecimos persecuciones, torturas, cárceles y exilios; y son muchos más, los que hoy ya no están: treinta mil desaparecidos que no están presentes físicamente, pero si en nuestro recuerdo y homenaje permanente. Treinta mil compañeros que son la bandera de unidad que encabeza nuestra multitudinaria marcha todos los años, a pesar de nuestras diferencias.
La dictadura instaló el terrorismo de estado, como metodología para la “reorganización” de nuestro país, para poner a la nación de rodillas ante las potencias del mundo, para aniquilar las conquistas sociales, y desarticular a las organizaciones gremiales, políticas, campesinas, juveniles. La dictadura fue producto de una estrategia integral y sistemática que contó con la participación necesaria y la complicidad de sectores civiles, políticos, empresariales, económicos, sindicales y de la cúpula de la iglesia.
Hay que recordar que en las décadas del 60 y 70, el país vivió un proceso de participación masiva del pueblo, donde se debatía qué modelo de país se quería para el futuro y para el día a día.
Las venas abiertas de América del Sur eran recorridas por movimientos de trabajadores, estudiantes, vecinos y religiosos convencidos de que la organización popular era la herramienta para transformar las estructuras sociales de dominación y crear una sociedad solidaria y con justicia social. Hombres, mujeres, con distintas ideologías, identidades y diferencias en sus métodos de acción, pero con la convicción compartida, de que un futuro de justicia e igualdad se debía construir en un compromiso cotidiano, que cada uno llevaba adelante pensándose unido a otros miles de compañeros en un sueño común y al alcance de la mano.
Luego de la apertura institucional, fue impuesta una mentirosa versión de la historia, queriendo convertir a esas experiencias sociales y políticas, en la absurda teoría de los dos demonios: un cuentito de tiempos violentos con malos de izquierda y malos de derecha. De esa manera se intentó ocultar que el único verdadero demonio fue la violencia oligárquica contra las expresiones políticas de un pueblo que nunca resignó sus conquistas, a pesar de que lo bombardearan, lo fusilaran o lo desaparecieran.
A inicios de los ochenta, como increíble manotazo de ahogados, los militares se toman del histórico reclamo de Malvinas, sometiendo a terribles aberraciones nuestros jóvenes y queridos soldados veteranos y ex combatientes, que defendieron con su vida la soberanía nacional contra el imperialismo inglés –que hoy nuevamente pretende usurpar nuestro territorio marítimo–, a pesar de que a la dictadura nada importaran realmente esas legítimas banderas.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego los indultos, pretendieron clausurar toda posibilidad de juzgar a los culpables de desapariciones, torturas, violaciones, a los responsables de la entrega de la nación y la deuda externa. Junto a esa impunidad crecía la desindustrialización, la desocupación, la desnutrición infantil, la desesperación de miles de hogares, la fragmentación y la violencia social; se destruyó el sistema de salud, la contención social del estado; apareció el "gatillo fácil" y la superpoblación de cárceles. Pero de apoco fuimos recuperando nuestra capacidad de reacción como pueblo, y el repudio al golpe empezó a ser multitudinario, al mismo tiempo que crecía la manifestación de los excluidos, la organización de los desocupados y saqueados que el modelo económico generaba.
La lucha por juicio y castigo, se fue haciendo cada vez más fuerte al tiempo que la lucha por dignidad y trabajo volvía ganar las calles y la historia. No es casualidad que la derogación de las leyes de impunidad ocurriera luego del golpe mortal al neoliberalismo que fue diciembre del 2001.
Y aquí debemos hacer un señalamiento ineludible, porque 2001 no sólo significa la puesta en crisis de un modelo, para nosotros también es el recuerdo de nuestros muertos, el de las nueve víctimas que en la provincia de Santa Fe se cobró la policía de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez. ¡Exigimos juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado y Marcelo Paccini!
Juicio y castigo es una bandera que ha trascendido ampliamente a organizaciones históricas de derechos humanos, e incluso al enorme conjunto de organizaciones gremiales, sociales, políticas y culturales que siempre se hacen presente en este monumento.
Ese compromiso de distintos sectores es lo que nos permitió avanzar hasta aquí con los juicios contra los genocidas, y nos posibilita afirmar que aquella consigna no alude solamente al reclamo de justicia por los crímenes perpetrados, sino que además implica un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró. El juzgamiento de los ejecutores del genocidio conlleva una construcción social que reflexione sobre la herencia de fragmentación social, concentración económica y desmantelamiento del Estado que trajo aparejado.
Ese mismo compromiso es el nos debe impulsar para que el reclamo de Aparición con vida de Jorge Julio López no se transforme en una consigna vacía. Su desaparición es un hecho que marcó un punto de inflexión en nuestra historia inmediata, y que obliga a asumir las responsabilidades que les caben, al poder político y judicial.
Este año, que será inicio de los juicios orales contra los genocidas, más que nunca debemos aprender a defender y acompañar, en el marco de la más amplia unidad posible, nuestras conquistas y derechos.
Así como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de estado, debemos estar todos junto a los trabajadores que bajo los argumentos empresarios de “la crisis”, resisten a los despidos, suspensiones y baja de salarios.
Tenemos que lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura.
Del mismo modo, debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en las que están inmersos numerosos países de nuestra América del sur y el Caribe.
La lucha por los derechos de la mujer, de los jubilados y de nuestros chicos, son también banderas que nos convocan a la unidad.
Somos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los docentes, las amas de casa, hombres y mujeres del pueblo; los que debemos transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad, desde cada uno de nuestros lugares. Solamente un pueblo que conoce y pelea por sus derechos, es capaz de defenderlos.
Compañeros y compañeras, este año debe ser el año del inicio de las condenas a los genocidas en nuestra ciudad. El hecho de que esta bandera sea levantada por tantos rosarinos y argentinos, es una enseñanza para asumir la fuerza que tenemos para hacer historia cuando existen objetivos comunes que nos unen. Esa fuerza, deberá expresarse en cada audiencia, para mostrar a los jueces, y a los defensores de la impunidad, que el pueblo está movilizado detrás de este reclamo.
Esa fuerza, es la misma que tendremos que demostrar, para exigir que de una buena vez, se depure el aparato judicial de jueces que juraron bajo el estatuto de reorganización nacional de los genocidas.
Este año, más que nunca debemos entender que la realización efectiva del juicio y castigo es indispensable en el camino de reconstruir proyectos colectivos, de participación, de recuperación de sueños y esperanzas de un futuro justo y solidario; con trabajo, salud, educación y vivienda dignos para nuestros pibes, para nuestros viejos y para nuestro pueblo. Sueños, por el que vivieron y lucharon los 30.000 desaparecidos, y por los que luchamos y vivimos nosotros.
Consignas:
¡Juicio y castigo con cárcel común a los genocidas ya!
¡Aparición con vida de Jorge Julio López!
¡Unificación de las causas para que los Testigos no sufran la tortura psicológica de declarar tantas veces!
¡Por que las audiencias sean verdaderamente públicas y abiertas para la comunidad y la prensa!
¡Por la aceleración de los Juicios y la conformación de los Tribunales Orales!
¡Por la aplicación de planes efectivos de protección a testigos y querellantes en todo el país!
¡Restitución de la identidad de los niños, hoy jóvenes, apropiados por la dictadura!
¡Por las desarticulación de los aparatos de inteligencia y la desclasificación del sus archivos!
¡Exigimos el Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Sandra Cabrera, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Carlos Fuentealba. Y exigimos que esa Justicia que deja impunes a los asesinos de estos compañeros, no persiga y procese a los trabajadores en lucha!
¡Exigimos el juicio político a la Jueza Federal Laura Inés Cosidoy, y repudiamos sus declaraciones!
¡Exigimos que los crímenes sufridos por los soldados ex combatientes de Malvinas, sean encuadrados jurídicamente como delitos de lesa humanidad!
