A pesar de la oposición de un grupo de intendentes sojeros y de fuerzas productivas del “campo”, el gobernador Hermes Binner firmó el decreto de adhesión al Fondo Federal Solidario constituido con el 30 por ciento de las retenciones a la soja. Para convencer a los cruzados, los fundamentos del decreto señala que la provincia está en “un proceso de cambio y mejora de las condiciones sociales de vida de sus habitantes en razón de la eminente dignidad de la persona humana, objetivo que se vería comprometido si la provincia renunciara a la obtención de fondos que se generan en nuestro territorio con el esfuerzo de sus productores y permitiera acrecer a otras provincias hermanas”. Aunque antes había dicho que el mecanismo de adhesión era “extorsivo”, la Casa Gris aplicará el mismo método para municipios y comunas, a quienes coparticipará el 30 por ciento de lo que le ingrese por derechos de exportación al “yuyo” maldito.
Luego de anunciar que adheriría al Fondo Federal Solidario creado por la presidenta Cristina Fernández con el 30 por ciento de las retenciones a la soja –que deberán ser destinados a obras de infraestructura básica y de interés social–, y tras dar marcha atrás por la presión de intendentes sojeros y productores ídem, el gobierno provincial decidió no dejar pasar la oportunidad de sumar unos 500 millones de pesos anuales a sus arcas.
La medida, absolutamente racional si se tiene en cuenta el contexto de crisis financiera y económica y que se trataba de una demanda de la provincia a la Nación, requirió sin embargo de un esfuerzo semántico de los técnicos provinciales para justificar la adhesión en los considerandos del decreto firmado por Binner.
Así, la norma firmada por Binner, el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti y el de Economía, Ángel Sciara, señala que “el gobierno de la provincia de Santa Fe está comprometido con un proceso de cambio y mejora de las condiciones sociales de vida de sus habitantes en razón de la eminente dignidad de la persona humana (artículo 7º de la Constitución Nacional) objetivo que se vería comprometido si la provincia renunciara a la obtención de fondos que se generan en nuestro territorio con el esfuerzo de sus productores y permitiera acrecer a otras provincias hermanas”.
El decreto también establece que las sumas que se perciban serán destinadas a la ejecución de “obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”.
Además, la norma indica que “los municipios y comunas podrán adherir hasta el día 13 de abril, estableciéndose que ante la falta de adhesión, el resto de los municipios y comunas acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total”.
Es decir que, tras el pataleo, el gobierno le transfirió a los municipios el mismo “mecanismo extorsivo” que el ministro Sciara denunció cuando la Nación estableció ese método para la adhesión de las provincias.
El parte oficial de prensa de la Gobernación recuerda que el tema fue discutido “con las principales instituciones de la producción y el trabajo, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes de comuna de la provincia” y que “en la oportunidad, los representantes de distintos sectores plantearon, en un clima de asamblea, sus puntos de vista sobre el tema, proponiendo algunos la aceptación bajo protesto y otros el rechazo de la adhesión”.
También rememora el parte de prensa que “durante el encuentro el gobernador Binner manifestó la decisión política de adherir al fondo, ante la necesidad «de movilizar la economía», aunque aseguró que no resuelve el conflicto del campo”.
