Parar despidos. Este debe ser el eje de la Multisectorial en Defensa del Empleo de acuerdo con lo planteado por dirigentes de la CTA y la CGT, que reclamaron, en momentos de conflictividad gremial creciente, que no haya cesantías por 180 días.
Los empresarios patearon la pelota hasta el 22 de abril. Y el Ministerio de Trabajo de la provincia propuso una declaración pública conjunta donde todos se comprometan a “trabajar mancomunadamente para afrontar la crisis” que empieza a asomar, aunque ni por asomo justifica actitudes de algunas poderosas patronales como la de las grandes aceiteras instaladas a diestra y siniestra del cordón industrial rosarino.
Cargill, por ejemplo, despidió cuatro trabajadores en Villa Gobernador Gálvez, donde se niega a encuadrar al personal en el convenio que corresponde, que es el de aceiteros. Luego de una protesta de los trabajadores la patronal se echó atrás y reincorporó a los cesanteados. Lo mismo pasa en Terminal 6, de Bunge y Deheza, que además están enfrascadas en negar aumentos salariales, pese a la escasa incidencia del costo salarial en sus números.
En Cargill, por ejemplo, la incidencia del costo salarial en la bien millonaria facturación es de apenas el 0,57 por ciento, según indicaron desde el gremio de Aceiteros de Rosario, que en la jornada del miércoles iniciaron un bloqueo a la planta de Villa Gobernador Gálvez para exigir la reincorporación de los cuatro trabajadores cesanteados.
Según indicó al diario El Ciudadano Sergio Ocaña, integrante de la comisión directiva del sindicato, la medida de protesta se extenderá a otras plantas aceiteras, en las que es moneda corriente que el personal sea encuadrado en los convenios de la construcción o comercio, lo que significa percibir salarios que apenas llegan a la mitad de lo que les correspondería si fueran encuadrados como aceiteros.
Aunque aún no se denunciaron despidos, en Terminal 6, cuyas instalaciones están ubicadas en Puerto General San Martín, también está declarado el conflicto en reclamo de encuadramiento y de aumento salarial. Además, allí se suma la disputa con los estibadores, que también reclaman una suba en sus ingresos.
Lo de las aceiteras se suman a un panorama de parate productivo, con suspensiones y algunos despidos, que afecta particularmente al rubro metalúrgico, a partir del freno en la industria de la maquinaria agrícola, provocado por el alzamiento de los propietarios rurales dedicados a la soja que resisten las retenciones a la exportación.
Enojados por esa carga que significa una merma en sus grandes ganancias, muchos productores se sentaron sobre los silos donde almacenan la soja y bajaron el ritmo del circuito de actividad económica que la venta del grano genera, que de todos modos –la cantidad de camiones amontonados frente a los puertos aceiteros es un ejemplo– no dejó de funcionar.
Es ante este panorama que se realizó la primera reunión de la Comisión Multisectorial para la Defensa del Empleo, creada por una ley provincial que impulsara el diputado provincial peronista Alberto Cejas, titular de la CGT de la capital provincial y enrolado en las filas kirchneristas encabezadas por Agustín Rossi.
El encuentro fue este miércoles en la sede rosarina de la Gobernación y lo encabezó el ministro de Trabajo de la provincia Carlos Rodríguez.
Allí fue que desde la CGT y la CTA se pidió una tregua de 180 días sin despidos.
Según informaron desde Gobernación, a lo largo del encuentro se intercambiaron opiniones sobre la situación laboral de la provincia y en el resto del país y los presentes celebraron la existencia de una comisión tripartita, donde se puedan pensar estrategias para salir adelante y superar los actuales problemas.
Ante el pedido de los gremios, los representantes del sector patronal dijeron que trasmitirán a sus asociados la cuestión y responderán el miércoles 22 de abril, cuando se realice la próxima reunión de la comisión.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, propuso realizar una declaración pública conjunta, donde todos los actores expresen la voluntad y la necesidad de trabajar mancomunadamente para afrontar la crisis.
La reunión estuvo presidida por el ministro de Trabajo, y fueron convocados a participar los integrantes de la Comisión: dos por los ministerios de Trabajo y de la Producción; cinco representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la provincia de Santa Fe; tres de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); ocho del sector empleador; dos por la Cámara de Diputados de la Provincia y dos por la Cámara de Senadores.
Del encuentro participaron también la secretaria de Trabajo, Alicia Ciciliani; Gonzalo Tosselli (del área de cooperativas), en representación del Ministerio de la Producción; el integrante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Luis Ballario; Cristian Rocca, de la Federación Agraria Argentina; Federico Lufft, de la Cámara Argentina de la Construcción; Marcelo Passardi, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda; Eduardo Fenouil, de la Asociación Empresaria de Rosario; Walter Andreozzi, de la Federación Industrial de Santa Fe; Graciela Rosello y Edgardo Carmona por la CTA; Edgardo Barrientos, Juan Olivera, José Alegro, Marcelo Lombardo, Néstor Ferraza y Carmelo Liberatore, por la CGT, y los diputados provinciales Luis Rubeo y Alberto Cejas, entre otros.
En la reunión Rodríguez indicó que desde el 1º de noviembre a la fecha la cartera de Trabajo debió actuar en distintas situaciones que involucran, de una u otra manera, 12 mil puestos laborales. Estos 12 mil trabajadores pertenecen a 250 empresas, aproximadamente, con las cuales el Ministerio de Trabajo intervino en algún tipo de negociación.
En ese período, indicó Rodríguez, 83 empresas tramitaron el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), afectando la situación laboral de 5.500 personas en toda la provincia. La mitad de los casos se encuentran en su tramitación inicial; un 25 por ciento tienen procesos sustanciados y las restantes son empresas con PPC cerrados o desestimados.
Finalmente, Rodríguez se refirió al programa de Recuperación Productiva (Repro), a través del cual la Nación subsidia salarios por un monto de 600 pesos para cada trabajador. Actualmente, 199 establecimientos gestionaron el Repro, lo que representa un universo de 15.746 trabajadores, mientras que ya lo están percibiendo 8.567 trabajadores de 84 empresas.
Es ante este panorama que los gremios reclamaron lo de frenar las cesantías por 180 días. Por lo que respondieron, los empresarios prefieren esquivar ese bulto y el gobierno provincial apenas llega a lo de la “declaración conjunta”.
Una vez más, queda claro que la suerte de los trabajadores depende fundamentalmente de los propios trabajadores y de la fuerz que muestren para afrontar un nuevo embate ajustador del grueso de las patronales.
