Existe un momento de la actual coyuntura política argentina donde la oposición, de la mano de los grandes medios de comunicación, ha sabido instalar algunos latiguillos o frases como demandas centrales de un supuesto reclamo de una sociedad hastiada de un estilo de conducción que no hace sino entorpecer la solución a los problemas del país: consenso, doble comando, defensa de las instituciones son algunas de estas ideas “fuerza” a las que se hace referencia de manera constante y que, irremediablemente, parecen responder más a modas circunstanciales que a verdaderas preocupaciones por resolver algunos problemas crónicos de nuestra argentinidad.
Algunas de esas conceptualizaciones tienen un profuso desarrollo en la ciencia política (consenso, republicanismo) y otros, parecen responder más al ingenio argentino para dar cuenta de fenómenos locales, que a verdaderas sistematizaciones de la academia (doble comando). Con todo, el cuestionamiento crece con el proceso electoral en marcha, las tensiones aumentan y algunos protagonistas parecen olvidarse no ya de un lejano pasado, sino de lo que sostuvieron hace meses, semanas, días.
En este sentido, es necesario observar cuáles han sido las principales acciones del gobierno al cual se acusa de destruir a las instituciones de la Nación. En primer lugar, se trata de un gobierno que sometió al Congreso de la Nación (y perdió) una medida que iba en línea con la ya famosa redistribución del ingreso, que coparticipa fondos de derechos de exportación -viejo reclamo ya de buena parte de la oposición política nacional- y que sigue consensuando en una mesa de discusión los múltiples problemas que tiene uno de los sectores productivos del país, mientras que tolera un paro de 7 días en el medio de negociaciones para corregir lo que pueda estar mal.
Además, es un gobierno que saca por ley una reforma del código electoral, que sólo firmó tres decretos de necesidad y urgencia en 16 meses de gestión y que sostiene hacia su interior al único y emblemático caso en el mundo de conservar un vicepresidente que se opone a cuanto proyecto presenta el Poder Ejecutivo Nacional.
Es el mismo gobierno que consensua con más de 100 organizaciones no gubernamentales un anteproyecto de ley de radiodifusión y que será sometido al debate del conjunto de la nación durante 60 días, para que luego vuelva a ser debatido pero esta vez por el Poder Legislativo. A este gobierno, que en definitiva trata de romper con una de las más grandes asignaturas pendientes de ésta joven democracia que hemos sabido construir, se lo acusa de haber propiciado la salida de una radio privada del periodista opositor estrella (Castro), pero sin que se remarque que le mantiene el programa en la radio (Nacional) que el propio Poder Ejecutivo administra.
Es un gobierno que giró unos 75 millones de pesos extras al presupuesto judicial para la mejora del mismo, a partir del reclamo de la Dra. Carmen Argibay, y que no tiró una sola bala ni usó ninguna forma de represión cuando el conflicto con los dueños de la tierra pampeana lo intentó poner en jaque en dos oportunidades, entre marzo y julio de 2008 primero y en el diluido reclamo de los últimos días.
¿Pero quienes son los defensores de la institucionalidad política en la Argentina de estos días, quienes resultan estos devenidos institucionalizadores, que nos sacarán del marasmo al que nos ha sometido el carácter iracundo de la pareja “K”? Veamos y recordemos a cada uno de ellos.
Mauricio Macri: obliga a su compañera de fórmula y actual vicejefa de gobierno, la fiel creyente católica y muy políticamente correcta Gabriela Michetti, a incumplir viejas promesas del nuevo partido que integran ya que, al impulsar su candidatura en la ciudad de Buenos Aires realiza un movimiento de doble significado: mientras le hace romper con la promesa de respetar la decisión de los porteños para que gestione durante 4 años, se saca de encima la figura de esta dirigente en ascenso que, de algún modo, opaca el brillo pro del empresario, quien por su parte, además, había estructurado por decreto un cronograma de elecciones afín a sus deseos y a los aparecía como una clara estrategia electoral.
Elisa Carrió: quien cuestiona a Néstor Kirchner por su posible candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, fue pionera en esto de la mudanza de distrito. Siendo legisladora por Chaco, mutó en menos de 4 años a candidata por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y todo esto sin tener en cuenta las múltiples denuncias y renuncias a lo largo y ancho del país, de sus viejos partidarios del ARI, que ven cómo la líder de la Coalición Cívica, no sólo giró a la derecha en un movimiento de 180 grados, sino que ha puesto a la estructura que supo fundar entre iguales, al servicio de sus propios intereses y a quien no le gusta, se le interviene el partido en cada jurisdicción provincial y a otra cosa mariposa, como diríamos en mi Tablada natal. Un buen ejemplo de ello es lo sucedido en la provincia de Santa Fe.
Felipe Solá: quien habiendo ingresado a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano del Frente Para la Victoria rompió lazos con ésta estructura, pero no renunció a su cargo, ni piensa hacerlo de cara a las elecciones legislativas del 28 de junio. Se postulará, como segundo de Francisco de Narváez, porque, al tener ambiciones presidenciales, supone que si no participa en la contienda electoral venidera, sus chances disminuyen. Por lo tanto, será candidato a diputado, teniendo mandato como legislador en la Cámara Baja por 2 años más.
Carlos Reutemann: a mitad de camino de su función de legislador nacional y productor sojero, también ha cuestionado al gobierno por no buscar los consensos necesarios para la paz social. El único problema para este institucionalizador, es su pasado. Cómo gobernador de Santa Fe, designó en el cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, primero a su primo (Rafael Gutierrez) y después, a quien fuera su recaudadora de impuestos en rentas y diputada de su estructura, la Sra. María Angélica Gastaldi. Además, y la cortamos acá por una cuestión de espacio, nombró en cargos estratégicos de la seguridad santafesina a represores de la última dictadura. Otro ejemplo de sana institucionalidad.
Hermes Binner: ejemplo cabal del juego a dos puntas, el equilibrista rafaelino, rosarino por adopción, armó en primera instancia un cronograma electoral por decreto que obligaba a votar 3 veces en el año y que suponía le servía a su estrategia de separar a las elecciones provinciales de las nacionales, ya que hasta ahora el socialismo aparece (según las encuestas) como derrotado en una hipotética disputa con el hombre de Llambi Campbell y que contó, pese a la falacia de Eduardo Van der Kooy, editorialista de Clarín (que afirmó algunas semanas atrás que la norma había salido por consenso) con la oposición de la primer minoría de la provincia que representa el Partido Justicialista.
Como verá señor lector, nuestros institucionalizadores de ocasión, no parecen ser un ejemplo de todo aquello que pregonan. Pero no hay ninguna novedad en esta circunstancia. El republicanismo en la Argentina, ahora y a lo largo de toda su historia, ha sido un refugio del conservadurismo rancio primero (generación del 80’) y del gorilismo antiperonista después. Algunos de los nombrados tienen cargos ejecutivos y otros lo miran desde afuera. Si el nivel de contradicciones es tan profundo sin jugar en las ligares mayores aún, ¿se los imagina en la gestión del poder real y concreto de la Nación, jugando (o no) contra los poderes fácticos? Yo sí, y no me gusta nada mi futuro.
(*) Miguel Gómez es licenciado en Ciencia Política e integra el Departamento de Análisis de Coyuntura de la Funif
