El gobierno provincial ofreció un acuerdo extrajudicial y una reparación económica individual para alrededor de 5.000 damnificados por las inundaciones en Santa Fe de abril de 2003 que litigaron contra el Estado y cuyos juicios no están prescriptos ni perimidos. Además, creará una Comisión Pericial de Expertos para determinar la responsabilidad del Estado.
Durante una conferencia de prensa realizada este martes en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la capital provincial, el gobernador Hermes Binner, acompañado por la totalidad de su gabinete, presentó la propuesta apunta a concretar “una reparación histórica, económica y social” para las víctimas de la tragedia.
“Para nosotros es de vital importancia encontrar una solución, porque estamos convencidos de que la peor enseñanza para una sociedad es pretender que el olvido solucione las cosas. Esto se llama impunidad y se manifiesta como tal en la inseguridad y la falta de paz social”, enfatizó el gobernador.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, sostuvo que detenerse en la reparación colectiva y en la memoria sería dejar pendiente otra cuestión importante que “hasta el día de hoy no está dilucidada y que es preguntarse: ¿Qué pasó el 29 de abril de 2003 en la ciudad de Santa Fe?”.
Entre las posibilidades, Superti mencionó que si esa inundación fue producto de un fenómeno meteorológico o de una responsabilidad del Estado y si pudieron haber causas concurrentes. “Esa pregunta –dijo– es lo que mantiene vivo el reclamo de muchas víctimas”.
En primer término, se propone la apertura de “un espacio de negociación con los actores que demandaron a la provincia a los fines de lograr un preacuerdo” que les servirá para resolver el conflicto de manera no judicial que constituye uno de los objetivos de la gestión provincial.
El gobierno provincial pretende que ese preacuerdo consista en tratar de que haya un convenio en el cual los actores y la provincia coincidan en que el grado de responsabilidad del Estado va a surgir de una Comisión de Expertos.
Esta comisión de especialistas, según el decreto, será designada por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Aguas y la Fiscalía de Estado con la participación y control de los grupos de damnificados que hicieron demandas ante la justicia y que por su elevada cantidad deberán trabajar por un sistema de clasificación por clases de actores.
“Aceptar este camino –evaluó Superti– también implica ponernos de acuerdo de antemano, tal como se acostumbra en los arreglos extrajudiciales”. En ese sentido explicó que el monto resultante de la responsabilidad estatal se traduciría en una quita del 50 por ciento y que se pagará en cuotas a diez años con interés para mantener el valor de la moneda, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.
Después, el ministro adelantó que se “establecerá un procedimiento muy simple para que cada uno pueda acreditar efectivamente cuál fue el daño que sufrió en las inundaciones”.
Asimismo, dijo que si ese preacuerdo lo firman los que representan el 75% del capital comprometido y el 60% de los actores individuales, se pasará a una segunda etapa y aclaró que “estos porcentajes tienen que ver con el impacto presupuestario, financiero y económico” relacionado con este tipo de litigios.
“Logrado ese porcentaje, que es una combinación entre las personas que han demandado y los montos involucrados, se designará a la Comisión de Expertos para que realicen la pericia”, expresó el ministro Superti quien detalló que los especialistas tendrán un plazo de 180 días para presentar el informe.
Luego, a partir de la presentación de la pericia, se firmarán los acuerdos definitivos con los damnificados que adhirieron al programa.
Se aclaró que si la Comisión de Expertos concluye que la responsabilidad del Estado es menor al 30%, quienes firmaron el pre-acuerdo quedan liberados para proseguir las acciones judiciales como garantía de que no quedarán “atrapados” en esa responsabilidad tan acotada.
(Fuente: Prensa de la Gobernación)
