Unas 324 mil firmas lograron entregar organizaciones sociales y de derechos humanos al parlamento uruguayo con el fin de solicitar un referendo para anular la ley de caducidad que libra a policías y militares de crímenes cometidos en la dictadura.
Una cadena humana, en la que participaron cientos de ciudadanos anónimos, representantes sindicales y miembros del gubernamental Frente Amplio (FA), entregó las firmas contra la citada legislación al parlamento uruguayo.
El objetivo era reunir más del 10 por ciento del padrón electoral (unas 255 mil firmas) exigido por la ley para convocar un plebiscito.
Las rubricas fueron recibidas por el vicepresidente de la Asamblea General, el senador José Mujica, quien ha sido uno de los líderes de la campaña para anular la ley.
Esta controvertida legislación puso fin, antes de su inicio, a los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura de 1973-1985.
Ahora las firmas deberán ser verificadas por la Corte Electoral. Una vez comprobadas, el plebiscito por la anulación se celebrará el próximo 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales.
La Ley de Caducidad, se aprobó en 1986 y se ratificó en las urnas en 1989. Según los organizadores de la recogida de las firmas contra la legislación, en 1989 los uruguayos votaron por mantener la norma (ratificada entonces por el 60 por ciento de los sufragios) por miedo a las amenazas de los militares de retomar el poder si no se mantenía.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, compuesta por sindicalistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y partidos políticos de izquierda, inició la recolección de firmas para la anulación a finales del año pasado.
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez señaló el jueves desde Costa Rica que "el pueblo uruguayo no se merece" una ley de impunidad y expresó su deseo "ferviente" de que "el pueblo" la anule.
TeleSUR – Pl – Efe – / ld – PLL
