El gobierno provincial decretó la emergencia hídrica y dispuso una ampliación presupuestaria de 3 millones de pesos para asegurar la distribución de agua potable en camiones cisterna y bidones, en las localidades del norte provincial afectadas por la sequía, y para mejorar la infraestructura de provisión de agua potable.
“La provincia de Santa Fe atraviesa uno de los períodos interanuales de mayor criticidad en relación al déficit de precipitaciones, sumado al notable aumento de concentración de algunos componentes químicos del agua, en particular, arsénico y nitratos –cuya presencia por encima de los valores de norma no es admitida–, configurando un panorama que demanda soluciones expeditivas y eficientes”, indica el decreto.
El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente consideró que la medida forma parte de las “soluciones transitorias” que se instrumentan para mejorar la provisión de agua potable en la provincia, “hasta tanto la construcción del Sistema Provincial de Grandes Acueductos posibilite una solución definitiva. Desde el año 2008, se han invertido casi 5 millones de pesos para paliar los efectos de la sequía en el norte del territorio provincial”, acotó Ciancio.
El decreto de emergencia señala que “los problemas y las acciones emprendidas para garantizar la provisión de agua potable han tenido mayor difusión con relación al norte santafesino. Sin embargo –advierte–, el descenso de los acuíferos Puelche y Pampeano se registra en todo el territorio provincial”.
En ese sentido, agrega que en algunos casos será necesario “incrementar la profundidad de las captaciones profundas, para adecuarse al descenso de los acuíferos” registrado por la sequía. Es imprescindible en este caso profundizar la perforación adecuando el diseño del pozo, es decir, extendiendo el entubamiento”.
Más adelante, la norma sostiene que “la calidad del agua en muchos casos no se ajusta a las normas de aplicación, con componentes químicos que pueden dañar la salud por acumulación, por lo que no resulta tolerable su insumo por períodos de tiempo extendidos. Los componentes más frecuentes son arsénico, nitratos y flúor”.
El decreto establece, según infromaron desde la gobernación, que “las poblaciones que hasta ahora han acusado el impacto del cambio climático, y los problemas de él derivados, se localizan en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo, Las Colonias, La Capital, Garay, Castellanos, San Martín, San Jerónimo, Rosario, Iriondo, General López, Caseros, San Lorenzo y Constitución, es decir, prácticamente, en todo el territorio de la provincia”.
