Este martes será decisivo para destrabar el conflicto por el Código Urbano. El intendente Miguel Lifschitz se reunirá al mediodía con los empresarios de la construcción para consensuar los retoques a la normativa que regula la actividad. Entre los puntos más calientes de la discusión se encuentran las definiciones por el área central y el barrio de Pichincha, las zonas que tienen la mayor parte de los permisos de edificación en trámite.
En el marco de la comisión asesora en urbanismo, la mesa que se reunirá estará conformada por los colegios de Arquitectos y de Ingenieros, las cámaras Argentina de la Construcción y de Empresas Inmobiliarias, la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la Corporación de Empresas Inmobiliarias y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
Cabe recordar que la Uocra local protagonizó a principios de junio una movilización para reclamar soluciones ante lo que definieron como una fuerte caída de la actividad, pedido que fue de la mano con la demanda de las cámaras empresarias del rubro y del Colegio de Arquitectos para cambiar el Código Urbano.
Tras la idea de flexibilizar la normativa por parte del Ejecutivo, la reunión de hoy será para tratar las construcciones en Pichincha y en el área central, además de las modificaciones reglamentarias que facilitarán el levantamiento de edificios en terrenos de escasas dimensiones y la omisión de cocheras en los mismos. Una propuesta es trasladar este requisito a otros sectores del macrocentro.
Al respecto, la ONG Taller Ecologista, a través de su presidente Pablo Bertinat, observó la semana pasada que “un fuerte lobby ejercido por las constructoras y algunos colegios profesionales para avanzar de cualquier manera avasallando la posibilidad de los vecinos del centro de mantener o mejorar su calidad de vida”.
Por su parte, los empresarios objetan el Código Urbano aprobado en reemplazo del que regía desde hacía cuatro décadas. Y a pesar de que para su sanción hubo consultas a especialistas, debates y una audiencia pública en el Concejo, los sectores de la construcción reclaman que se suspenda la norma “porque no generó el efecto deseado sino que perjudicó seriamente la actividad”.
