La restitución del presidente legítimo de Honduras, Miguel Zelaya, parece estar más cerca luego de que este viernes los golpistas y el primer mandatario depuesto firmaran un acuerdo que pone en manos del Congreso hondureño la decisión de encarrilar institucionalmente al país.
El pacto incluye la vuelta al cargo del líder derrocado pero también un conjunto de condicionamientos que limitarían en gran medida el curso del gobierno democrático. El coordinador del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, Juan Barahona, se manifestó este viernes "satisfecho" con el acuerdo con el golpismo, pero adelantó que la organización insistirá con una Asamblea Constituyente, y aseguró que los jefes de todas las bancadas apoyan la restitución de Zelaya.
Un acuerdo en Honduras parecía utopía hace unas semanas debido a la intransigencia de los representantes de Roberto Micheletti de aceptar el regreso de Zelaya al poder. El viernes el panorama cambió una vez que las partes negociadoras acordaron el pacto, aunque hora varios zelayistas ven que el retorno del presidente legítimo de Honduras se ve retrasado por el propio Congreso.
El acuerdo aprobado contiene ocho puntos, entre ellos la creación de un Gobierno de reconciliación, rechazo a la amnistía política, reconocimiento a las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, la creación de una comisión de verificación, de una comisión "de la verdad" y la "posible" vuelta de Manuel Zelaya que está en manos del Congreso Nacional previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
El pacto acordado el viernes entre las delegaciones de las partes en conflicto hondureñas, plantea como primera condición la restitución de Zelaya en el cargo, aunque con una serie de condicionamientos que lo atan de pies y manos para tomar cualquier solución.
Ante la tardanza del Congreso nacional de Honduras en dar su aval legal o rechazar la restitución en el poder del mandatario constitucional, la comisión negociadora Zelayista que firmó el viernes un pacto con el que se espera solventar la crisis de la nación, causada por el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya, anunció este sábado que exigirá al parlamento sesionar y votar restitución.
Dada la "profunda crisis" que viven los hondureños, el Congreso Nacional "debe convocar de forma inmediata" una sesión extraordinaria para dirimir este asunto, indicó el asesor de Zelaya, Rasel Tomé.
"No les estamos pidiendo que se pronuncien por A o por B, sino que se pronuncien", afirmó.
"Las comisiones quedamos en que vamos a pedir una audiencia al presidente del Congreso (Alfredo Saavedra), que ahorita no está en Tegucigalpa, para pedirle que convoque lo antes posible a una reunión del Congreso", declaró a periodistas el también delegado de Zelaya, Rodil Rivera.
En vista de que el Parlamento está "en receso, tiene que haber una convocatoria especial para que el Congreso se reúna".
Sólo que si se hace por vía ordinaria, el trámite del acuerdo denominado Tegucigalpa/San José/Diálogo de Guaymuras, podría tratar meses, máxime cuando los 128 diputados de la Cámara, que están en recesión hasta después de las elecciones del 29 de noviembre, pueden pedir la opinión a otras instituciones, entre ella, la Corte Suprema de Justicia.
Por lo que la comisión de Zelaya anunció que "vamos a pedirle que sea al día siguiente" del encuentro de las comisiones con Saavedra.
Por su parte, uno de los miembros de la delegación de Micheletti, Arturo Corrales, reiteró este sábado a Radio América que el acuerdo no establece un plazo para que el Congreso Nacional resuelva.
"Nadie puede ponerle plazo a los poderes del Estado, sólo el mismo Congreso se puede poner plazos y, además, no sólo es al Congreso, porque, si decimos que es en consulta con los demás poderes del Estado, esos tiempos les corresponderá a ellos decidirlo", expresó.
Este domingo está prevista la llegada del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Tegucigalpa, José Miguel Insulza, confirmó Tomé.
El lunes está prevista la conformación de la Comisión de Verificación, contemplada en el acuerdo, que estará integrada por dos extranjeros y dos nacionales -uno por cada parte- para cerciorarse del cumplimiento de este compromiso destinado a poner fin a la crisis política hondureña.
Otras voces
Por su parte el coordinador del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras, Juan Barahona, se manifestó este viernes "satisfecho" con el acuerdo con el golpismo, pero adelantó que la organización insistirá con una Asamblea Constituyente, y aseguró que los jefes de todas las bancadas apoyan la restitución de Zelaya.
"Estamos satisfechos con el arreglo en lo que se refiere a la restitución de Zelaya en el poder, pero no aceptamos la renuncia a convocar a una Asamblea Constituyente", aseguró Barahona.
En ese sentido, explicó que "los jefes de todas las bancadas apoyan la firma del acuerdo y a un mes de las elecciones, en plena campaña electoral y muy venidos a menos, saben que sólo la restitución de Zelaya les puede mejorar sus posibilidades".
Se espera que en las próximas horas se defina un cronograma que permita determinar la normalización institucional y que marque el regreso de Zelaya a la presidencia para conducir el tramo final del proceso electoral del 29 de noviembre, en las que se elegirá un nuevo mandatario que asumirá el 27 de enero.
Zelaya, quien por el momento continuará alojado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, consideró que el reconocimiento de la situación institucional previa al 28 de junio es "el retorno de la paz al país", y se mostró confiado en lograr la "reconciliación nacional" en una sociedad que se presenta "fracturada".
"El sólo hecho de que se esté ya reconociendo la necesidad de retrotraer los poderes del Estado al 28 de junio de 2009 significa un triunfo para la democracia y el retorno de la paz para el país", evaluó Zelaya a la emisora Radio Globo, según citó Prensa Latina.
Por su parte, el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, sostuvo que "si el acuerdo se cumple de buena fe, va a resolver la crisis" y remarcó que no tiene "motivos para pensar que no hay buena fe".
La resolución se firmó bajo la fuerte presión de la delegación estadounidense, encabezada por el secretario de estado adjunto para América Latina de Estados Unidos, Thomas Shannon, acompañado por el subsecretario adjunto, Craig Kelly, y el asesor del presidente Barack Obama para América latina, Dan Restrepo.
Tras lograrse a medianoche del jueves (madrugada de este viernes en Argentina) el acuerdo del punto más conflictivo en cuanto a que sea el Congreso el que decida sobre la restitución de Zelaya en el poder, a los negociadores les falta detallar sólo cuatro puntos adicionales de los 12 que contendría el texto.
El presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, señaló al diario local Tiempo que "todos los diputados están dispuestos a contribuir con el diálogo", aunque agregó que "no puede adelantar cuál será la posición de cada parlamentario porque será una decisión personal".
Por su parte, Porfirio Lobo, candidato presidencial del conservador Partido Nacional (PN), se vanaglorió de haber sido "el primero en llamar a las partes a sentarse a la mesa".
Lobo apoyó el golpe de Estado desde su inicio, y cuando se lanzó la campaña electoral, en la que según las encuestas aparece como favorito por la división del otro partido tradicional, el Liberal, amenazó a Micheletti, a fin de septiembre, con quitarle su respaldo si no aceptaba el diálogo con los representantes de Zelaya.
En tanto, el aspirante liberal a la presidencia, Elvin Santos, dijo que aceptará el acuerdo, pero aclaró que sólo "Lobo puede tomar la decisión porque tiene los diputados que se necesitan para restituir al señor Zelaya. Si él quiere, ahora mismo lo hace".
En efecto, la bancada del PN es de 59 diputados sobre un total de 118, exactamente la mitad, y con un sólo voto más -el izquierdista Unificación Democrática (UD) tiene 6 legisladores- se pude anular el decreto que apartó a Zelaya del gobierno y nombró a Micheletti.
Télam / teleSUR – Efe – AFP / ld – FC
