El primero en denunciar el peligro fue Hugo Chávez. La preocupación se extendió después al Unasur. Y ahora, el sitio estadounidense AlterNet revela que un documento oficial del Pentágono confirma las sospechas: el objetivo de las bases incluye operaciones militares contra “gobiernos opuestos a los EEUU”. Reproducimos la nota firmada por Moira Birss, que trabaja en Colombia como acompañante de Derechos Humanos del Movimiento de Reconciliación.
Después de varios meses de secreto y controversia, el 30 de octubre los EE.UU. y Colombia firmaron un acuerdo para permitir un amplio acceso de EE.UU. a siete bases militares en Colombia, a pesar de serias preocupaciones sobre las verdaderas intenciones y las posibles consecuencias de la operación.
A pesar de las promesas de los gobiernos de Colombia y EE.UU. sobre las limitaciones del acuerdo, el texto del acuerdo y los documentos militares de EE.UU. entran en contradicción con tales garantías. Una de las principales preocupaciones planteadas por los gobiernos regionales después de que la noticia se filtró fue la posibilidad de que se utilicen las bases "para agresiones contra los países vecinos”. En una entrevista publicada el domingo en el diario colombiano El Tiempo, el embajador de los EE.UU. en Colombia, William Brownfield, afirmó que no están previstas operaciones conjuntas fuera de Colombia, y que el artículo IV del convenio prohíbe expresamente este tipo de operaciones. Pero no es así. De hecho, un examen detenido del texto del acuerdo, que finalmente se hizo público el 3 de noviembre, revela que no hay tal prohibición.
No sólo eso, el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, señaló que el acuerdo "no tiene ninguna connotación geopolítica o estratégica, aparte de ser más eficaces en la lucha contra el narcotráfico". Pero estas declaraciones son aún más difícil de creer después de leer un documento del Pentágono, recientemente descubierto. Se trata de un presupuesto oficial que expresa la clara intención de la base aérea de Palanquero con relación a la región. El documento describe la presencia de EE.UU. en Palanquero como una "oportunidad para la realización de operaciones de amplio espectro en toda América del Sur", y confirma los temores de los vecinos de Colombia, puesto que se examina la posibilidad de utilizar la base para enfrentar la "amenaza" de lo que denominan "lucha contra gobiernos que están contra los Estados Unidos" La frase más escalofriante, sin embargo, es la que hace referencia al uso potencial de Palanquero para "ampliar la capacidad de guerra expedicionaria.".
Tal vez con la esperanza de que el verdadero alcance del acuerdo no sería descubierto, el gobierno colombiano lo firmó sin la aprobación del Congreso, afirmando que para el caso de un acuerdo bilateral no es necesaria esa aprobación parlamentaria. Esto a pesar del hecho de que el Consejo de Estado de Colombia, un órgano judicial que asesora al gobierno sobre cuestiones administrativas, estimó que el acuerdo es en realidad un tratado y debe ser revisado por el Congreso. El Consejo también señaló que el acuerdo es "muy desequilibrado para el país".
Para los colombianos que viven cerca de las bases, las presencia de las mismas es preocupante, ya que el acuerdo carece de cláusula alguna sobre la protección del medio ambiente.
Los EE.UU. no tiene la obligación de reparar los daños ecológicos, ni tampoco el acuerdo da lugar a posibles demandas de indemnización por parte del gobierno colombiano. El acuerdo establece, por ejemplo, que las bases serán entregadas "como están" a la terminación del acuerdo. Teniendo en cuenta el dañino legado de los militares de EE.UU. al medio ambiente, es una muy grave preocupación para las poblaciones que rodean las bases.
Las críticas a la firma del acuerdo ha venido desde muchos rincones. El candidato presidencial y senador Gustavo Petro instó al gobierno colombiano a renunciar al acuerdo, calificándolo de ilegal, destacando que no tuvo la aprobación del Congreso, y denunciando que apunta a las tensiones regionales.
El presidente brasileño, Lula da Silva, pidió un "pacto de no agresión" contra la Unasur y en este sentido mencionó su preocupación por los "huecos" en el acuerdo que podría permitir a personal militar de EE.UU. participar en ataques contra países vecinos. Veinte y siete organizaciones europeas firmaron una carta al presidente Obama justo antes de que se firmara el acuerdo, instándole a reconsiderarlo. El 1 de noviembre, organizaciones pacifistas de los EE.UU. y otros países protestaron en la base aérea de Palanquero, levantando una bandera que decía "no a las tropas de EE.UU. en Colombia" y comparando el plan con "una pequeña escuela de las Américas en Colombia". Los activistas conmemoraron en la marcha a Palanquero la masacre de 17 campesinos ocurrida en 1998, que se llevó a cabo con la participación de pilotos de EE.UU. contratados por la empresa Occidental Petroleum.
Usted también puede apoyar un cambio en la política de los EE.UU. hacia Colombia instando a su representante para firmar una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. La carta, iniciada por los representantes McGovern, Schakowsky, Payne y Honda, pide ayuda a reducir el apoyo militar de Colombia y el aumento de los derechos humanos y los esfuerzos humanitarios.
(Fuente: AlterNet)
(Traducción: Pablo Bilsky)
