La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe salió a responder en duros términos las declaraciones del gobernador Hermes Binner en torno del funcionamiento del Poder Judicial y la sugerencia generalizada de renuncia a jueces. “La prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política”, sostiene el máximo tribunal, para luego agregar: “Sorprende también que en dichas declaraciones se pretenda endilgar a este Poder Judicial la designación de uno de los integrantes de este Cuerpo, toda vez que aquella designación fue dispuesta por los otros dos órganos democráticamente constituidos del Estado”.
El mandatario salió a replicar a la Corte: “No podemos desconocer, sino ratificar las sospechas, como las de muchos santafesinos, en la forma en que se fue construyendo el Poder Judicial en la provincia”. Una saga que, seguramente, continuará.
En el comunicado, la Corte Suprema señaló que ese alto tribunal, “se ve en el deber de formular la presente declaración con motivo de las apreciaciones efectuadas por el señor Gobernador de esta provincia, que fueron ampliamente difundidas por los medios periodísticos”. Y acto seguido señala: “En primer término y conscientes de los tiempos que nos toca a todos atravesar, cabe destacar que la prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política, por encarnarse en ellas la representación del poder institucionalizado”.
Asimismo, la Corte apunta que “es deseable que las opiniones que dichas autoridades expresan, más allá de la firmeza y convicción con que las mismas sean expuestas, encuentren un límite en la debida consideración y respeto que, en el marco de las relaciones institucionales, se deben entre sí los distintos poderes del Estado”.
En otro párrafo, la crítica sube de tono: “Resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación. No puede dejar de advertirse que toda generalización no hace más que poner en tela de juicio la independencia de todos los magistrados y contribuye -injustificadamente- a alentar la desconfianza hacia uno de los poderes del Estado, impidiendo discernir responsabilidades concretas”.
Para la Corte, las declaraciones de Binner “dañan” al Poder Judicial: “Cuestionar la existencia de uno de los valores intrínsecos de la magistratura, y hacerlo de modo generalizado, daña la imagen de un poder judicial que se nutre de jueces y funcionarios que ejercen dignamente y al límite de sus posibilidades la función judicial, y de prestigiosos magistrados y funcionarios cuyos nombres y méritos trascienden las fronteras de la provincia y el país”.
El máximo tribunal, en otro duro tramo, plantea: “Sin perjuicio de la libertad que cualquier ciudadano tiene para expresar sus opiniones y críticas, no resulta aceptable y luce desproporcionada la sugerencia que se formula a jueces que han resuelto en un sentido determinado una causa judicial de indudable trascendencia pública. En primer lugar, porque esos jueces -como todos- tienen en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales una amplia libertad para decidir en las causas en las que intervienen (precisamente por ello existen numerosas sentencias con votos divididos) y el sistema posibilita la revisión y hasta la anulación por parte de tribunales superiores de dichas decisiones; y, en segundo lugar, porque, salvo las causales legal y constitucionalmente establecidas, no pueden ser cuestionados por el contenido de sus sentencias”.
La Corte, por último, dice en su comunicado: “Finalmente, este Tribunal como cabeza del Poder Judicial de la Provincia, desea expresar que lejos de incentivar la toma de innecesarias y estériles posiciones enfrentadas, aspira a que las declaraciones periodísticas del señor Gobernador de la Provincia hayan constituido un episodio aislado, que seguramente se superará a poco que se retome el camino común en el marco del diálogo institucional siempre mantenido, el que -según lo entiende esta Corte- no es tanto el que se ofrece o se reclama, sino el que se construye cotidianamente”.
Réplica automática
Lejos de constituirse en “un episodio aislado”, la polémica siguió con la réplica de Binner al comunicado de la Corte. A continuación, el texto de la respuesta del gobernador:
“Ante el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la provincia respecto de recientes declaraciones periodísticas, cabe formular algunas reflexiones por la directa vinculación que tienen con la vida institucional de Santa Fe.
“En ese sentido queremos reiterar lo que hemos planteado en nuestras exposiciones ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de respetar la división de poderes, lo que no impide el diálogo ni las opiniones sobre sus actos. Justamente el pronunciamiento de la Corte provincial es una prueba de ello dado que su contenido implica indudablemente una opinión respecto a los dichos del titular de otro poder.
“En cuanto a los límites de esas opiniones, deben analizarse no sólo teniendo en consideración el respeto a las relaciones institucionales entre los distintos poderes, sino también la madurez política, la tolerancia y la capacidad de asumir que el pluralismo exige comprender que no todos piensan igual.
“Discrepamos en que no se puedan cuestionar los contenidos de las sentencias, las que como acto de gobierno son susceptibles de las críticas, justamente por imperio del sistema republicano.
“Es un error entender que las opiniones formuladas implican «sugerencia» o pedido alguno a los jueces de la Corte provincial que fallaron en el caso Fraticelli. Por el contrario, efectuamos una consideración a partir de convicciones a la vista de determinados resultados.
“Es evidente que entre dos fallos dictados en una misma causa (aunque el segundo no esté firme), uno convalidado por la Corte provincial y anulado por la Corte nacional y otro dictado en el marco del criterio de esta última, aparece una diferencia que no puede dejar de preocuparnos dado que el primero condena a prisión perpetua y el segundo absuelve a las mismas personas y por el mismo hecho.
“Se suma a ello más de 6 años de prisión de los inicialmente condenados y posteriormente absueltos. Rescatamos como muy importante la afirmación del máximo tribunal de la provincia en cuanto se compromete con el proceso de transformación de los sistemas judiciales que se está llevando adelante en Santa Fe. Pero no puede negarse la injustificada demora en la puesta en marcha de ese proceso, no siendo ajeno a su inicio el caso en cuestión.
“También es innegable que el contenido ideológico del fallo de la Corte provincial, revocado por el máximo tribunal de la República, convalida el que se llama «sistema viejo» y es incompatible con los postulados de la transformación a la que los integrantes de la actual Corte adhieren en su pronunciamiento del día de hoy, a pesar que algunos de ellos suscribieron el fallo revocado y que se ha referido.
“Bienvenidos los cambios cuando sean para afianzar los principios constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la República Argentina, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica. En cuanto a las referencias de las injerencias del poder político en el sistema judicial hay que distinguir sospechas de certezas, debiendo contarse para construir estas últimas con pruebas suficientes. No podemos desconocer, sino ratificar las sospechas, como las de muchos santafesinos, en la forma en que se fue construyendo el Poder Judicial en la provincia.
“Coherente con ello las primeras decisiones de este gobierno apuntaron a mejorar el Consejo de la Magistratura y a, por primera vez en la historia de la provincia, autolimitar las facultades del gobernador para la designación de los ministros de la Corte Suprema.
“Es cierto que las generalizaciones son odiosas y deben evitarse, pero también es cierto que en un sistema republicano las sospechas que involucren un interés público no deben callarse. Distinto es el supuesto de contar con pruebas que abonen certezas que habiliten la puesta en marcha de mecanismos constitucionales, en cuyo caso no dudaremos en actuar en consecuencia.
“Por último, rescatamos como muy valioso e importante el diálogo que hemos desarrollado y que se propone continuar, el que no dudamos será realmente útil en la medida que sea respetuoso y sincero, lo que significa aprender a expresar y recibir opiniones y posiciones distintas a las que se pueden tener”.
(Fuentes: Corte Suprema de Santa Fe/ Gobernación de Santa Fe)
