
El juez federal Ernesto Marinelli hizo lugar a una presentación de Papel Prensa y suspendió provisoriamente la medida de igualación de precios de empresa, que los diarios regionales y cooperativos valoraron como un avance para garantizar los derechos a la información y la libertad de expresión.
Para Marinelli, la resolución que había adoptado la Casa Rosada a través de la Secretaría de Comercio Interior es “probablemente inconstitucional”. Probablemente, Marinelli esté actuando en sintonía con el grupo Clarín, principal accionista de Papel Prensa y principal beneficiario del fallo del magistrado, el mismo que se hizo cargo del caso del Banco Central en reemplazo de la jueza María José Sarmiento. Apenas difundido el fallo comenzaron las expresiones de preocupación y repudio desde los diarios que se beneficiaban con la resolución del gobierno, entre los que se cuentan los gestionados por sus trabajadores a través de cooperativas.
“Rechazamos esta resolución judicial porque frena un paso adelante hacia la democratización de la prensa gráfica que había dado el gobierno”, dijo Juan Diego Turraca, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Adiccra), en diálogo con este diario digital.
“Nosotros habíamos celebrado la decisión del gobierno nacional porque igualar los precios de un insumo básico para nuestra actividad significaba terminar con una situación de competencia desleal y ayudar a la pluralidad informativa, garantizando mayores posibilidades de libre expresión para la población”, añadió Turraca.
Además, recordó que la decisión del gobierno fue “en respuesta a un reclamo de muchos años de nuestros diarios cooperativos y de pequeñas y medianas empresas”.
“Esperemos que el gobierno apele rápidamente este fallo y vuelva a tener vigencia la igualación de precios, porque si seguimos como veníamos, pagando por el papel hasta el doble del precio que pagan los accionistas de Papel Prensa, corre riesgo la continuidad de muchas publicaciones y muchas fuentes de trabajo“, agregó Turraca.
También el director del matutino porteño Crónica, Alejandro Olmos, afirmó que los "afecta totalmente" y "no" están de acuerdo con la medida del juez Marinelli, quien ordenó suspender de forma provisoria la resolución del gobierno que disponía la venta a precio similar de papel de diario, en base a la ley de Abastecimiento.
Olmos, consultado por Télam, expresó: "Esta medida nos afecta totalmente, no estamos de acuerdo". En ese línea, amplió: "No se entiende la medida, actualmente el principal costo de los diarios es el papel, y una medida así no ayuda, sobre todo a los diarios del interior, para que puedan seguir creciendo o bajar sus costos".
"Igualar el precio del costo del papel era una medida lógica", razonó el director de Crónica.
El secretario de Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), Jorge Déboli, fue otro de los que se refirió al fallo con preoucpación: "No nos sorprende, sobre todo viniendo de este juez que está reemplazando a la jueza (federal María José) Sarmiento. Es todo en la misma línea".
"Hay 2.000 publicaciones que circulan en Argentina y Papel Prensa distribuye a 170 diarios. ¿Qué pasa con las otras mil y pico? Pagamos el doble de lo que lo paga el principal accionista de la única fabrica de papel", describió Déboli.
Los diarios cooperativos y regionales participaron del acto en el que el ministro de Economía Amado Boudou anunció la igualación de precios.
Posteriormente, representantes de Adiccra se reunieron con el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno para analizar la instrumentación de la medida, ahora jaqueada por la resolución del juez Marinelli, quien sostuvo en su fallo, dictado ante una presentación de Papel Prensa, que "advirtiendo que no es materia de las presentes actuaciones la consideración del ejercicio de la competencia delegada por la Ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo Nacional eventualmente concretara en forma directa y en el marco de un decreto, cabe concluir, provisionalmente, que la resolución número 1/2010 de la Secretaría de Comercio Interior resulta probablemente inconstitucional por carecer de facultades para dictarla".
