El debate parlamentario sobre la reforma a la ley de Concursos y Quiebras comenzó con la presentación de dos proyectos; uno enviado por el Ejecutivo Nacional y otro por Victoria Donda del Movimiento Libres del Sur. Ambos proponen modificaciones sustanciales orientadas a la protección de los intereses de los trabajadores
En marzo de este año el Poder Ejecutivo Nacional envió para el tratamiento en la Cámara de Diputados un proyecto de ley tendiente a modificar disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522. El fundamento del proyecto es el de favorecer la continuidad de la explotación de empresas a partir de la gestión cooperativa por parte de sus trabajadores y lleva las firmas de la Presidenta y de los titulares de la jefatura de gabinete y del ministerio de economía. La propuesta cuenta con el apoyo del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR).
Al proyecto del ejecutivo se sumó el presentado por la diputada nacional Victoria Donda del Movimiento Libres del Sur y avalado por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) en particular por una de las organizaciones que la componen; la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (FACTA).
Los proyectos fueron girados para su tratamiento en las comisiones parlamentarias de Legislación del Trabajo, Legislación General y Justicia. Luego de varias deliberaciones se acordó incorporar el Art. 48 bis que no estaba contemplado en ninguno de los dos, el citado artículo pretende darle al trabajador en la etapa de salvataje mayor beneficio al tomar el crédito laboral para poder adquirir el capital social de la empresa fallida, también contempla la quita de intereses.
Marcela Macellari, asesora de la CNCT, señala que el proyecto de la diputada Donda está pensado fundamentalmente para la “etapa concursal” y propone la formación de un Comité de Control durante el concurso integrado por tres trabajadores, a la vez que exigir como requisito de presentación concursal el libre deuda provisional y los últimos tres recibos de sueldos. Además de extender la prohibición de volver a concursar a cinco años debido a que en la actualidad es de uno.
Otro aspecto importante es aquel que propone que los trabajadores sean depositarios judiciales de los bienes de la empresa concursada. También se destaca la posibilidad de pedido de quiebra por parte de los trabajadores de la concursada ante el atraso del pago del salario como así también si se demuestra la existencia de trabajo no registrado.
Propone que se contemple el 100 % de los créditos laborales y no el 50 % como ocurre actualmente y la posibilidad de compensar los mismos con máquinas, marcas e inmuebles cuando el crédito supere ampliamente el valor de la fábrica.
Para la abogada y especialista en cooperativismo, el proyecto del ejecutivo pone énfasis en la “etapa de quiebra”. Es por ello que debe destacarse la propuesta de reducción del número de trabajadores que requiere la ley actual para conformar la cooperativa de trabajo y continuar con la explotación de la fábrica.
Además reconoce los créditos laborales como garantía de alquiler en los casos que los trabajadores constituidos en cooperativa deban alquilar la fábrica. Ante la venta del establecimiento, prioriza la propuesta de los trabajadores de adquirirla con créditos laborales. También propone suspender las ejecuciones prendarias e hipotecarias mientras dure la gestión cooperativa de los trabajadores que en la actualidad está sujeta al criterio del juez.
Macellari cree fundamental el apoyo en esta instancia de todos los compañeros trabajadores de las empresas recuperadas y también de trabajadores de empresas que hoy se encuentran concursadas, ya que son los más vulnerables dentro del régimen actual de quiebras.
De todas formas debe destacarse que ambos proyectos avanzan en dirección a facilitar la autogestión ante empresas en crisis y modificar la normativa que en los noventa había beneficiado con su modificación al sector capitalista.
