Dos reveses seguidos sufrió el grupo Clarín en las últimas horas. Por un lado le rechazaron un planteo de nulidad en la causa que investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la apropiación de Papel Prensa, y por el otro le negaron una medida cautelar contra la resolución de caducidad de la licencia de Fibertel, firma proveedora de internet controlada por el grupo de Ernestina.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó este martes que la Unidad Fiscal Federal de La Plata que tiene a su cargo la instrucción de la causa en la que se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa por parte de los diarios Clarín y La Nación rechazó un planteo de nulidad interpuesto por los abogados de la empresas.
En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos, define como un "revés judicial para los apropiadores" a la decisión tomada por la Unidad Fiscal de La Plata integrada por Marcelo Molina y Hernán Schapiro.
"Los Fiscales recordaron en su resolución que la causa se formó a raíz de la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos, luego de la declaración brindada por Rafael Ianover, quien luego ratificó lo manifestado acerca de la comisión de delitos de lesa humanidad en el desapoderamiento de Papel Prensa. Agregaron que por ello la Unidad Fiscal se encuentra llevando a cabo distintas medidas probatorias", señala el comunicado.
El Secretario Eduardo Luis Duhalde señaló que "el planteo de los defensores carece de todo fundamento jurídico, y no tiene otro fin que entorpecer groseramente el avance de la causa, enturbiando el proceso judicial en curso".
Agregó que "el informe “Papel Prensa. La Verdad” fue producto del trabajo de los funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior, que respaldaron sus conclusiones en las más de 27.000 fojas de documentación acumuladas a lo largo de su investigación que es la base de la querella presentada en cumplimiento de lo ordenado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
Finalmente, el Secretario manifestó su confianza en que las diligencias que lleva a cabo la Unidad Fiscal permitirán avanzar “en el juzgamiento de la responsabilidad de la Junta Militar, sus funcionarios y los diarios Clarín y La Nación en los crímenes de lesa humanidad mediante los cuales se llevó a cabo la apropiación ilegal de Papel Prensa”, concluye el comunicado.
En tanto, La jueza federal de San Martín, Marina Forns, rechazó dictar una medida cautelar contra la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la caducidad de la licencia para la prestación de diversos servicios de telecomunicaciones, entre ellos los de Fibertel.
El pedido de la medida de "no innovar" estaba contenido en un planteo de nulidad de la resolución 100/2010, formulado por dos usuarios de internet, Ignacio Aranda y Fernando Raúl Borio, quienes argumentaron que la norma lesiona la libertad de comercio al restringirles el derecho a elección.
Forns recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación según la cual cuando el objeto de la medida cautelar consiste en la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, "su procedencia exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora".
La magistrada afirmó que "en esta etapa inicial del proceso" no surge que la resolución 100/2010 "sea ilegal o arbitraria", pues "ha sido dictada en uso de las atribuciones legales".
Agregó que "cuando se solicita una medida cautelar, que constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, se exige mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión".
Al desestimar el dictado de la medida de "no innovar", la jueza dispuso, además, notificar al Estado Nacional, para que produzca un informe relacionado con el objeto de la demanda.
