
A las 33 mineras que permanecen a 900 metros de profundidad en huelga de hambre, se le sumaron cinco mujeres más y un hombre este domingo. La protesta que realiza este grupo de trabajadoras chilenas en una mina ubicada en el sur del país por la suspensión de un programa de empleos de emergencia para atender las zonas afectadas del terremoto de febrero pasado, lleva ya cinco días.
El ingreso de las personas al yacimiento de carbón se dará en reemplazo de dos compañeras que tuvieron que abandonar la iniciativa que comenzó el día 16 al presentar problemas de salud.
Un día después de iniciar la protesta, decidieron comenzar una huelga de hambre líquida y el sábado advirtieron que también dejarían de consumir alimentos sólidos, sin embargo, las autoridades lograron comunicarse con ellas y evitar que llegaran a esa situación.
Las trabajadoras se instalaron a 900 metros de profundidad en una montaña conocida como el Chiflón del Diablo, un antiguo yacimiento que no opera desde los años noventa y en la actualidad funciona como atractivo turístico.
El grupo de mujeres decidieron manifestar de forma pacífica en busca de la atención que el Gobierno prestó a los 33 hombres que el mes pasado fueron rescatados tras permanecer 69 días atrapados a 700 metros en una montaña de la región de Artacama, en el norte del país.
Otro grupo de trabajadoras del sector se apostó a las afueras de la montaña desde el comienzo de la iniciativa en respaldo a sus compañeras y mantener la presión a la Administración de Santiago.
Varias fuentes señalan que la situación se ha vuelto tensa entre las mineras que están en el exterior y medios de comunicación, pues las mujeres limitaron el acceso de la prensa en el lugar.
Un grupo de Fuerzas Especiales de Carabineros (policía militarizada) acordonaron en la madrugada de este domingo la antigua mina de carbón.
Jorge Venegas, alcalde de la localidad de Lota, cercano a la mina y a 545 kilómetros al sur de la capital, aseguró que las manifestantes no serán desalojadas este domingo.
Venegas señaló que las trabajadoras enviaron su protesta a la intendenta de la región del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe) para que su causa reciba la atención necesaria, "pero la intendenta no ha dado señales", dijo.
Las mineras se beneficiaban de un programa administrado por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército y que forma parte del plan de empleos de emergencia implementado por el Gobierno tras el terremoto del 27 de febrero.
El programa concluyó el pasado 4 de noviembre en las regiones sureñas del Maule y Biobío y dejó a 8 mil personas desempleadas.
Hasta el momento no se conoce alguna respuesta de Santiago ante la petición de las 33 mujeres por sus reivindicaciones laborales.
(Fuente: Telesur)
