Unas quinientas familias de la zona oeste rosarina se ven beneficiadas por la suspensión del reclamo de cobro de la Tasa General de Inmuebles (TGI) aprobada por el Concejo Municipal, que además impulsa la regularización de la situación de titularidad de los inmuebles.
La suspensión llegó a través de un decreto aprobado en el Concejo por iniciativa de la concejala Norma López, del bloque del Frente para la Victoria (FPV), acompañada entre otros por el concejal Arturo Gandolla, del mismo bloque.
El proyecto aprobado suspende el reclamo de cobro de TGI “a los vecinos del barrio Hipotecario de Magallanes al 3800 y del complejo de viviendas populares ubicado en fracción 18,S/M, Gráfico 64,S/D 1, 2, 6, también de zona Oeste, hasta tanto se resuelva la situación de los adquirientes y ocupantes de estos dos complejos de viviendas”, se indicó desde el bloque del FPV.
También se aprobó en la misma resolución un pedido de informe al Ejecutivo Municipal para aclarar la situación financiera de cada una de las cuentas, determinando deuda histórica, deudas pendientes de cobro en sede administrativa y en gestión judicial; a la vez que -por pedido del socialista Edgardo Falcón, que acompañó esta iniciativa de López-, se encomienda al Ejecutivo que eleve propuestas con distintas alternativas económicas, financieras y técnicamente posibles para los vecinos y la Administración, remitiéndolas al Concejo para ponderarlas a la hora de definir una respuesta adecuada.
La cuestión afecta a unas 500 familias desde que en la década del ’90 el barrio fue construido por las cooperativas Los Robles y Procasa. “Sin terminar, sin infraestructura y con todas las crisis sufridas en esos 20 años, los vecinos se instalaron en las viviendas sin contar con los respectivos finales de obra, que les impide escriturar las propiedades. Esta anomalía, más el desempleo de lo ’90, más la debacle de 2001, generaron el no pago de la TGI, que ahora la Municipalidad les reclama por vía judicial”, historiaron desde el bloque del FPV.
“No nos parece que debamos abandonar a estos vecinos que ya bastante han sufrido y encima reclamarles impuestos sin permitirles regularizar primero la situación de titularidad de los inmuebles”, definió Norma López.
“Queremos saber exactamente la situación de cada familia, de cada vivienda, para determinar luego qué haremos con esa deuda que se reclama y para brindarles una forma de regularizar, pero que la puedan cumplir. Por ahora hay que suspender todas las acciones que el municipio encaró”, concluyó López.
