Una oleada de histeria antijuvenil, impulsada por los medios a raíz de un asesinato supuestamente a manos de un menor, devino en el extremo de que autoridades de Buenos Aires intentaran secuestrar a un niño de 14 años (primo del presunto autor del crimen) para recluirlo en un instituto. Un país cuya tasa de homicidios es de las más bajas del continente, lidera, por otra parte, los índices de percepción de inseguridad. En tanto, el juez Zaffaroni, sostiene que la culpa cae en los jóvenes “porque no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio".
Zaffaroni explicó este viernes que “La pretensión de bajar la llamada imputabilidad es meter a los niños y a los adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley Penal Juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto”.
Ante la pregunta de ¿Por qué algunos sectores tienden a culpar a los menores? el juez sostuvo que ante la imposibilidad de “fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad, se elige a alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo ni problemas graves de crimen organizado, entonces se identifica a los adolescentes de los barrios precarios”, aseveró.
Ese es justamente el tema del día, de la semana y del mes para los medios de mayor alcance en el país, los que lograron despertar, entre otras derivaciones, una especie de oleada antijuvenil que llegó al extremo, según la nota publicada este domingo por el diario Página/12, de que autoridades policiales intentaran secuestrar a un menor para recluirlo de prepo en un instituto.
Entre los medios que más lata le dieron al asunto está el diario La Nación que como respaldo científico a sus dichos, tituló en su tapa del miércoles 26 que los “menores cometen el 15 por ciento de los crímenes”. Menciona como fuente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, correspondientes al primer semestre de 2010.
En realidad –desgrana la nota de Horacio Verbitsky en Página/12- los números publicados por el matutino porteño, refieren al Sistema Informático de la Procuración General, que computa la cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas. El porcentaje de IPP abiertas a raíz de crímenes que habrían cometido ciudadanos de menos de 18 años, no es de 15 sino de 4,2 por ciento del total (13.708 IPP del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre 328.305 IPP en total, incluyendo las del Fuero Penal).
El 15 por ciento que realza La Nación se refiere sólo a los homicidios, pero ni siquiera está bien sacado el porcentaje, que es de 13,4 por ciento. (El diario no calcula qué parte de todos los homicidios habrían sido cometidos por menores, sino qué porcentaje son éstos sobre los atribuidos a mayores de 18 años, lo cual abulta el resultado).
Para que la estadística tenga sentido es preciso conocer la proporción de menores sobre la población total de la provincia. Según el censo de 2001 es del 30 por ciento. Es decir que se trata de una categoría menos y no más peligrosa.
La policía y las autoridades de turno –expone Verbitsky en su artículo- responden con la vieja táctica de capturar al boleo al primer infeliz que ya tiene en remojo, con lo que se convierten en parte del problema, y no de su solución.
El Clarín, por su parte, en su edición de este domingo, exige establecer un sistema de responsabilidad penal integral para los menores, “se debe” dice en su artículo ‘La edad del delito’, “articular un régimen procesal y sancionatorio que sustituya al vigente y que contribuya al cumplimiento de metas tan urgentes y relevantes como mejorar las condiciones de seguridad, juzgar y penalizar a los jóvenes de acuerdo a los principios constitucionales –ojo, cita los principios constitucionales- y recuperarlos de la droga, la violencia y el delito”, pues sabido es que todos los jóvenes son chorros, drogadictos y violentos.
En contrapartida, Zaffaroni sostuvo que no cree conveniente tratar el tema penal y pidió que “dejen el Código Penal y la ley Juvenil en paz y lo discutimos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo se confunde con una obtención de votos y una agenda que la están marcando los medios de comunicación”, agregó.
Consultado sobre qué medida alternativa propondría a los institutos de menores, el juez sugirió que “con los adolescentes hay que hacer el menor uso de la institucionalización y en cambio, someterlo a medidas alternativas, en la familia, en familias sustitutas, controlarlo en libertad”.
