El secretario de Capacitación de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Juan Carlos Schmid, elaboró un inteligente documento en torno del mínimo no imponible de los salarios, que Redacción Rosario reproduce en forma completa.
“La resolución del gobierno de subir un 20 por ciento el «mínimo no-imponible» de los salarios, de trabajadores solteros y casados con hijos, aplicando el impuesto a los sueldos «altos», podemos decir que satisface el reclamo de los trabajadores involucrados, como lo expresara el compañero Hugo Moyano en Casa Rosada.
Este asunto tiene aristas que merecen algunas reflexiones, no para introducir nuevos reclamos sectoriales ni para contribuir al círculo vicioso de la puja distributiva, que a la postre deslegitima cualquier acuerdo paritario si la inflación pasa determinados límites, porque como la experiencia indica, achica el poder adquisitivo de los trabajadores.
Estamos claro que al recuperar salarios en las ramas más dinámicas de la economía observamos un sostenido impacto que consideramos distorsivo porque el salario no es una ganancia en términos tributarios.
Además la situación de privilegio de quienes no tributan, del orden de los 4900 millones de pesos (jueces, inversores de títulos públicos, ahorristas de plazos fijos, las ganancias de instituciones religiosas, etc) no ayuda a visualizar un cuadro de igual tratamiento en la materia. Veamos:
Primero: los porcentajes aplicados al incremento salarial o las deducciones no impacta en el bolsillo de los trabajadores de igual manera. Existen sueldos de 3.000 pesos y sueldos de 7.000 pesos o más en algunas categorías. Los sueldos promedio de los trabajadores rurales en el último trimestre de 2010 fueron de 2.900 pesos. (Excluidos del dato, los trabajadores «en negro» que como es de público conocimiento, AFIP y MTSS mediante, son sometidos a condiciones inhumanas por las grandes empresas agrarias).
La realidad dispar de los ingresos, requiere del estudio de mecanismos que contemplen razonablemente a otros segmentos de trabajadores amparados por los planes sociales, así como a los jubilados y pensionados.
A la hora de comprar y pagar el IVA, no importa el nivel de ingresos, paga el rico y paga el pobre por igual… Y la variable de los precios, como sabemos no está en manos del gobierno y mucho menos de los trabajadores, sino en la responsabilidad de los formadores de precios, por lo general, grandes empresas oligopólicas que dominan el mercado de alimentos.
Segundo: al igual que el IVA, la aplicación de impuestos a los salarios es materia de un debate pendiente. Los trabajadores producimos «ganancia» a nuestro empleador, a nuestro patrón, que sí están sujetos a aportar las deducciones según el caso, como contribución al desarrollo y equilibrio social. En teoría son esos fondos los que permiten acrecentar y mantener el sistema de salud y la educación pública, promover subsidios a la producción, extender la cobertura social para lograr una sociedad más justa.
Estos aportes en función social de quienes tienen reales «ganancias», donde pagan más los que ganan más, atenúa los reclamos en el seno de las empresas al no tener que asumir cada asalariado esos servicios de modo particular, como ocurre en los países vecinos donde cada trabajador paga un «seguro social» para acceder a la salud, al sepelio, etc. La familia trabajadora que pretenda tomar vacaciones paga cada uno los servicios, hotel, pileta, comidas, etc. Otro tanto ocurre con los materiales de estudios básicos.
Recordemos que en esos mismos países, presentados como «ejemplos» por los medios masivos y políticos y opinadores mal informados, los fondos de las jubilaciones permanecen bajo control de la banca privada y el impacto de la crisis económica mundial significó en esos países un PBI negativo en 2009. Esos modelos defendidos hasta el hartazgo, mostraron las debilidades típicas de las economías que se sustentan en base exclusiva a las «crecientes exportaciones», sin mercado interno y con sociedades de sobrevivencia.
Los trabajadores cuyos sueldos superan el mínimo no-imponible estarán pagando «ganancia» dos veces, plusvalía al patrón más impuestos.
Es cierto que esto abarca a apenas el 10por ciento de los trabajadores formales, registrados, pero el concepto queda allí dando vueltas, como ocurre con los impuestos a las jubilaciones «altas».
Resumiendo: el impuesto a sueldos y jubilaciones podrá ser un aporte solidario más, cuando aquellas empresas que evaden impuestos o están exceptuadas impúdicamente de pagarlos respeten las «generales de la ley».
La clase trabajadora argentina tiene una larga historia de solidaridad desde sus orígenes, mucho más que otros sectores sociales como veremos.
Tercero: consideramos la «seguridad alimentaria» como un asunto estratégico para el futuro del país y del modelo económico con inclusión y justicia social. La calidad de la alimentación y la cantidad de la ingesta va en relación al nivel de ingreso de la población.
Hay una política gubernamental de inclusión social y hay mejoramiento de los sueldos vía las negociaciones paritarias, donde el papel responsable del gobierno, los empresarios y los trabajadores permiten augurar cierto equilibrio.
Hay más plata en la calle circulando para alentar el mercado interno, salvo cuando periódicamente pequeños sectores fugan divisas hacia el extranjero, exhibiendo sin tapujos el repudiable móvil especulativo. Para ellos Punta del Este es el paraíso…
En el aspecto alimenticio, en la Argentina del 2003 al presente, los avances son notables y aunque sea todavía insuficiente cualquier persona razonable admite el cambio de paradigma para con los compatriotas excluidos.
Cuarto: podríamos aportar dos aspectos al tema alimentación, considerada la principal preocupación de la especie humana.
a) no podemos admitir la «in-seguridad alimentaria» en un país como el nuestro que es productor de alimentos cárnicos y lácteos, cereales y aceites, frutas y verduras. En todo caso, el principal límite del consumo para los sectores populares y medios es el alto costo de algunos productos básicos.
b) el otro límite es la orientación mediática del consumo de alimentos. El nivel de enfermedades como la diabetes, el colesterol y la obesidad a cualquier edad y estrato social al que se pertenezca, da una señal de alarma sobre la ingesta inadecuada sujeta a la publicidad. Productos alimenticios industrializados que son promovidos por aquellas mismas grandes empresas formadoras de precios… Publicidad que roza la mentira y el peligro sanitario.
Quinto: ¿hay opciones al respecto? Seguro, si promovemos de modo conveniente y sistemático desde los medios masivos, algo así como una «campaña de coma sano y barato» que ilustre sobre los alimentos naturales, nutritivos y más baratos, su forma de preparación y conservación, etc., que permita en el tiempo un cambio de hábitos para superar el consumo de «comida chatarra» asociada arteramente a «comida moderna». Recuperar la cultura de la «cocina argentina» a partir de los alimentos naturales, de las bebidas naturales, con menos enlatados y/o embotellados artificiales, que permita un giro hacia un nuevo equilibrio alimenticio con «seguridad alimentaria» sustentable.
Una mirada diferente, superadora de la mayoría de las propuestas, conceptos de los cocineros, nutricionistas y médicos mediáticos.
Sexto: el control de precios se torna una difícil tarea a la hora de su implementación y en ese sentido parece interesante impulsar el papel del Mercado Central de Buenos Aires y los precios populares de referencia.
Convengamos, que para que los «precios testigos» de los alimentos básicos tengan real impacto en la población se deberá propender a la multiplicación, provincia a provincia, ciudad a ciudad, barrio a barrio de las bocas de expendio, móviles o fijas, para poder atender adecuadamente la demanda.
Una opción para sortear la dictadura de los formadores de precios.
La seguridad alimentaria, atañe a la mayoría de la población y es un asunto central de la política de inclusión y calidad de vida de cada argentino. Dicho sin especulaciones de coyuntura.
Los asados gordos y el guiso de arroz valen para las situaciones de emergencia alimentaria como ocurrió a finales de los ´90. Pero la «opción» permanente de esa dieta como la única posible va en línea con la ideología de los que propugnaban el «lomo a 100 pesos» y a «precios internacionales»…
¿Sería rentable la agricultura con los combustibles a valores internacionales cuando, en pocos años el precio del barril de petróleo pasó de 45 dólares a 100?
Nivel razonable de ingresos y seguridad alimentaria es el desafío insoslayable para profundizar un modelo productivo genuino con justicia social”.
(*) Secretario de Capacitación de la Confederación General de los Trabajadores (CGT)
