El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió este domingo a respaldar la disposición del gobierno nacional de hacer valer el derecho del Estado a ser representado en los directorios de empresas en proporción a su participación accionaria.
En ese sentido, Fernández afirmó que el Estado tiene "todo el derecho" a tener acciones en empresas privadas y consideró que la firma Techint "ha motivado y creado una confusión" en torno a este asunto. Además, sostuvo que "el Estado nacional se puso los pantalones largos” para “defender de verdad ese dinero que nos pertenece a todos para pagar a los jubilados”.
Fernández fundamentó que “cuando tenemos inversiones en empresas, nosotros tenemos todo el derecho” a participar en las decisiones. Dijo que desde el Estado "pusimos plata, somos tan dueños como ellos de la parte que corresponde" y sostuvo que "lo que ellos objetan no tiene ningún sentido, porque pretenden exhibir la norma como un cambio en las reglas del juego", explicó.
El decreto 441 mediante el cual se elimina el tope del cinco por ciento impuesto a la participación de la Anses en las empresas donde ésta tiene mayor tenencia accionaria, responde al propósito del gobierno nacional de ejercer el derecho de control del Estado en defensa de los intereses de los representados por la Anses. Fernández fue enfático al señalar que detrás de la oposición a esta medida, se esconde el miedo de un sector del empresariado a ser controlado. "¿Cuál es la historia, qué cambió, si lo que están haciendo es escondiendo los papeles para que no los miremos, entonces se metieron en un lío o los metimos nosotros en un lío involuntariamente?", se preguntó el funcionario nacional.
Además, recordó que "el 4 de diciembre de 2008, cuando se decide formalmente transferir las AFJP al Estado nacional para su administración, hablamos con claridad de los números que estábamos barajando y el fondo ascendía a 80.209 millones de pesos, que nosotros transformamos en 182.600 millones, entonces algún derecho para hablar sobre el tema tenemos".
Dijo que "es una locura lo que están diciendo; si son criteriosos tienen que reaccionar bien porque no estamos pidiendo nada extraño que no sea conocer lo que está haciendo una administración de la que somos socios".
Por último, se refirió a la designación de un representante estatal y afirmó que "el Estado decide quién va a estar", mientras que las empresas "no tienen poder de veto", concluyó.
