La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Bahía Blanca resolvió este jueves excarcelar a un total de 36 ex integrantes del Ejército y de la Armada que están siendo investigados bajo sospecha de haber estado involucrados en la represión ilegal.
La medida fue rechazada por el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Abel Córdoba, quien anunció que recurrirá la medida ante la Cámara de Casación.
Entre los beneficiados se encuentran integrantes del Ejército que iban a ser juzgados en el marco de la causa por violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el Comando V Cuerpo de Bahía Blanca.
La Cámara, integrada por los jueces Augusto Fernández, Ángel Argañaraz y Ricardo Planes, decidió excarcelar a 20 integrantes de la Armada Argentina y otros 16 del Ejército Argentino.
La medida recayó en Guillermo Félix Botto, Tomás Carrizo, Oscar Castro, Enrique De León, Víctor Fogelman, Eduardo Fracassi, Hugo Mac Gaul, Leandro Maloberti, Ángel Martín, Francisco Martínez Loydi, Domingo Negrete, Guillermo Obiglio, Carlos Padula, Hernán Payba, Gerardo Pazos, Luis Alberto Pons, José Luis Ripa, Héctor Luis Selaya, Carlos Andrés Stricker, Carlos Cornelli y Edmundo Núñez, todos ellos investigados en el marco de la causa denominada Armada Argentina.
En tanto que para la causa Ejército la medida recayó en Andrés Miraglia, Héctor Selaya, Ricardo Gandolfo, Jorge Mansueto Swendsen, Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón, Andrés González; Arsenio Lavayén; Fernando Videla; Miguel Villegas, Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delmé, Osvaldo Laurella Crippa y Walter Bartolomé Tejada.
En la polémica resolución se expresa que “se tuvo en cuenta de manera exclusiva el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de noviembre de 2010 que derivó en la revocación de excarcelaciones concedidas en causas en las que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad”.
Más adelante se sostuvo que “el artículo 333 del Código dispone que deberá revocarse la excarcelación del imputado que no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca al llamado del juez sin excusa o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan su detención”.
Tan pronto como se conoció la decisión, a la que calificó como “un retroceso enorme”, el fiscal Córdoba afirmó que recurrirá la medida ante la Cámara de Casación. “Es un hecho grave porque va en contra de los criterios de la Corte, que ha sacado no menos de diez fallos en sentido contrario”, señaló Córdoba.
El funcionario judicial expresó además que “esto, más la circunstancia actual en la que estamos cerca de un juicio oral y disponer de estas liberaciones masivas, afecta el entorno donde declaran los testigos”.
“Esto es un retroceso enorme y en cierta forma deja al trámite procesal en una mera formalidad que no afecta imputados, donde hay 80 procesados sin ningún juicio oral, muy pocos encarcelados y con alguna medida que se esté tomando cuando la Corte misma está diciendo ‘extremen las medidas para que se hagan los juicios’”, puntualizó finalmente el fiscal Córdoba.
La medida desató la inmediata indignación de los organismos de derechos humanos, que desde hace más de tres décadas han reclamado memoria y justicia y que denunciaron que los represores van a terminar escapando.
A 35 años del inicio de la última dictadura militar que gobernó el país sudamericano, aún falta condenar a mil 92 represores, entre los que se encuentran militares, ex policías y civiles.
Hasta ahora, de los mil 707 siniestros personajes involucrados en secuestros, torturas, desapariciones o asesinatos, sólo 167 han sido condenados, la mayoría de ellos a cadena perpetua y enviados a cárceles comunes.
Otros 435 están procesados con prisión preventiva, mientras que 329 esperan el resultado de las indagatorias en libertad y sobre 264 más sólo pesan denuncias en su etapa inicial, 26 ya son indagados y 38 están prófugos.
Del total de los acusados, 15 fueron absueltos, 273 ya fallecieron, a 40 se les sobreseyó, a 105 se les dictó falta de mérito y a 15 más, por su avanzada edad, se les declaró “incapaces” para enfrentar un proceso.
Los acusados sólo pudieron ser juzgados a partir de 2005, cuando se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que se dictaron en 1986 para evitar que la mayoría de los involucrados en crímenes de lesa humanidad quedara a disposición de un tribunal.
