La infame serie de muertes violentas en cárceles santafesinas sumó otro caso este martes, cuando un celador del penal de Coronda halló a un interno sobre el que aún no pesaba condena, herido mortalmente con más de 30 puñaladas.
Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) reclaman la inmediata instrumentación de políticas que prevengan este tipo de hechos: “Es fundamental que se entienda que tras los muros hay niños y adolescentes, hombres y mujeres que son parte de la sociedad y que sus condiciones de detención y sus vidas no deberían ser ajenas al resto de la sociedad y mucho menos a los funcionarios encargados de estas áreas y al gobernador”, advirtieron.
El hecho ocurrió en la tarde de este martes, en el Pabellón Nº 12 del Instituto Correccional Modelo César Tabares, más conocido como Cárcel de Coronda, cuando uno de sus guardias encontró al interno Lucas Iván González, de 30 años, tendido en el piso de su celda, agonizando sobre un gran charco de sangre.
El médico de la unidad carcelaria constató luego el fallecimiento de González, quien presentaba en su cuerpo un número no menor de 30 puñaladas aplicadas con una chuza carcelaria.
El recluso, oriundo de Rosario, estaba procesado por “robo calificado” y es el octavo interno de una cárcel santafesina que muere en forma violenta en lo que va de 2011 según se desprende de la lista difundida por la CTC que se reproduce a continuación:
Muertes en el 2011 en penales santafesinos
» 4 de febrero: Carlos Sosito, Unidad 2 de Las Flores, fallece en el hospital Cullen.
» 8 de febrero: Walter Javier Leiva, 24 años en la Unidad 3 de Rosario, fallece en el Heca.
» 8 de febrero: Vanesa Fussi, 28 años, muerte por ahorcamiento en la Unidad 4 de Santa Fe.
» 14 de marzo: Jorge Luis Suarez, 35 años, herida cortopunzante Pabellón 13 de Coronda.
» 22 de marzo: Pablo Larenti, 26 años, muere quemado en el Pabellón 13 de Coronda.
» 12 de abril: José Ferrari, muerte por ahorcamiento.
» 22 de abril: Maximiliano Rojas, 17 años, muere quemado en el Penal Juvenil de Las Flores.
» 3 de mayo: Lucas González, 30 años, muere acuchillado en el Pabellón 12 de Coronda.
Tras aclarar que el registro de casos que lleva su organismo es parcial e incompleto dada la falta de información oficial sobre el tema, Lilian Echegoy, de la CTC, manifestó a Redacción Rosario que “ocho muertos en cuatro meses no es un dato menor. Esto es un llamado de atención para las autoridades que deberán observar las políticas publicas que se necesitan llevar a cabo”, sostuvo.
Además, la integrante del organismo explicó que hace tiempo vienen planteando la necesidad perentoria de “implementar un protocolo contra la tortura”. “Es un proyecto que hemos trabajado con diversos organismos incluso a nivel nacional”, señaló.
En el comunicado de prensa emitido este miércoles por la CTC y al que este medio tuvo acceso, se detalla que el Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura “se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y lleva la firma de más de 20 organizaciones de todo el país”.
“Entre otras cosas –reza el escrito–, esto permitiría recopilar información fidedigna y oficial, de situaciones de torturas o muertes. El objetivo de este protocolo es crear mecanismos de visita a todos los lugares de encierro, por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, de especialistas en la materia, de arquitectos, ingenieros, médicos y abogados, que puedan visitar las instalaciones y hablar con los presos y presas para escucharlos”.
“Ese es el modo más efectivo para prevenir la violencia, la tortura y la muerte en los lugares de encierro”, aseguran desde la CTC, quienes reclaman la inmediata implementación de “mejoras en las políticas públicas”.
“El Estado debe saldar de una vez por todas estas situaciones trágicas –agrega el comunicado– previniendo estos hechos como es su función; sumando esfuerzos con las organizaciones sociales y de derechos humanos y las personas privadas de libertad que deberían tener una participación activa en estos mecanismos”, sostiene.
La CTC advierte al final del texto que “es fundamental que se entienda que allí, tras los muros, hay niños y adolescentes, hombres y mujeres que son parte de la sociedad y que sus condiciones de detención y sus vidas no deberían ser ajenas al resto de la sociedad y mucho menos a los funcionarios públicos encargados de estas áreas, y al gobernador de la provincia”.
