El Tribunal Oral Federal de Santa Fe será el encargado del proceso oral y público para esclarecer el asesinato de la militante social y ex detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, Silvia Suppo, ocurrido el 29 de marzo del año pasado en Rafaela.
La Corte nacional así lo decidió, por lo que el juez federal de la capital provincial, Reinaldo Rodríguez, elevó el expediente para su debate oral. Suppo había declarado antes de su asesinato en la causa Brusa, que terminó con el ex juez federal condenado por delitos de lesa humanidad. Un testigo de identidad reservada aseguró que dos presos con salidas transitorias de la cárcel de Coronda habrían recibido instrucciones del hijo de un represor para sacar del medio a la ex detenida-desaparecida.
Fuentes tribunalicias indicaron este jueves que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el caso Suppo sea elevado al Tribuna Oral Federal de la capital provincial, por lo que el juez federal 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, elevó a juicio el expediente para su debate oral.
En el expediente se investiga la autoría material del homicidio y no la hipótesis del crimen por encargo, como lo expusieron los abogados querellantes de los hijos de Suppo.
El juez federal Rodríguez tomó la investigación del juez de Instrucción en lo Penal de Rafaela, Alejandro Mognaschi, y consideró que Rodolfo Cóceres y su primo, Rodrigo Sosa, dos cuidacoches de Rafaela, asesinaron a Silvia Suppo en el comercio que la mujer atendía en la zona céntrica de la ciudad cabecera del departamento Castellanos.
La causa tuvo numerosos giros y los abogados de los hijos de la víctima ofrecieron como testigo de identidad reservada a un hombre de 50 años que estuvo preso en la cárcel de Coronda y luego de recuperar la libertad comenzó a hacer viajes como remisero, trasladando a internos con salidas transitorias y vinculó el crimen de Suppo con una cuestión política.
En su declaración, el testigo aseguró que el hijo de un condenado por delitos de lesa humanidad ordenó el crimen de la mujer, que declaró como testigo en la causa Brusa en 2009.
Se sucedieron impugnaciones, nulidades, declaraciones de incompetencia, y el expediente llegó hasta la Procuración de la Corte, que recomendó que la causa sea juzgada en Santa Fe, en los tribunales originales.
Pero, el organismo máximo de justicia del país, emitió un fallo donde exige a la justicia federal que se investigue y juzgue el hecho, basándose en la posibilidad que el supuesto crimen por encargo haya sido ejecutado con el fin de entorpecer causas abiertas vinculadas ala represión ilegal durante la dictadura.
En consecuencia, el juez federal Rodríguez clausuró la etapa investigativa y elevó la causa al Tribunal Oral Federal, que deberá constituirse para debatir el delito.
Paralelamente, Rodríguez continuará con la investigación sobre la hipótesis que planteó el testigo de identidad reservada, que señaló que dos presos que gozaban de salidas transitorias recibieron instrucción del hijo de un ex represor para terminar con la vida de Suppo.
En declaraciones a Télam, la abogada querellante Lucila Puyol, quien considera que debe investigarse el homicidio como un delito de lesa humanidad, afirmó que “la causa aún no está cerrada, hay una instancia procesal abierta”.
Finalmente dijo que “no hay nada definido por el momento” y agregó que “hay un planteo de nulidad que no fue resuelto, estamos aguardando”.
Fuente: Télam
