El Ministerio de Justicia de la Nación estableció una recompensa de 400 mil pesos a quien aporte datos que posibiliten la captura de los represores César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomundo y los hermanos Daniel y Carlos Isach, quienes son buscados por haber cometido crímenes de lesa humanidad en territorio santafesino.
La recompensa ofrecida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación asciende a 100 mil pesos (por cada uno de los buscados) y será entregada a quien o quienes aporten datos constatables que permitan ubicar a los prófugos.
De esta manera, suman 27 los acusados de crímenes de lesa humanidad evadidos de la Justicia cuyos paraderos se tratan de establecer mediante el sistema de recompensas que, además del pago de dinero, ofrece la protección y la reserva de identidad a los eventuales informantes.
Los buscados
César Peralta, de 56 años, fue un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y al que se acusa de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales. Entre ellos el del militante comunista Sergio Schilman. Está prófugo desde el 28 de agosto de 2006.
A Tuttolomundo, de 53 años, lo buscan desde el 5 de mayo del 2008 por delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.
Los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que ventiló el año pasado el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la llamada causa Guerrieri.
En aquel juicio se sentenció a prisión perpetua a los cinco acusados –Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo– por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.
Un mecanismo exitoso
El pasado lunes 25 de julio, ocasión en que la cartera de Justicia anunciara una medida similar contra otros tres represores, el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, sostuvo que el mecanismo de recompensas “ya permitió la captura de numerosos fugitivos acusados de haber participado en la represión ilegal durante la última dictadura militar”.
“Se trata de imputados por los delitos de violación ilegítima de la libertad, torturas, homicidios, sustracción de menores y desaparición física de personas, que pudieron ser puestos a disposición de la Justicia para ser juzgados en el marco de las causas que los implican”.
La Unidad Especial, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, se creó en mayo de 2008 a partir de la promulgación de la Ley 26.375 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Allí se impulsó un Fondo de Recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante para la detención de personas buscadas por la Justicia que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero por haber sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesario, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad.
Foto: Indymedia
