El diputado justicialista Alberto Monti reveló este viernes que nueve funcionarios y ex funcionarios del gobierno provincial concursan para cargos de fiscales de la Justicia santafesina. Lo consideró “una falta absoluta de ética”. El listado completo.
Para el legislador peronista, se trata de “una falta absoluta de ética, dado que el jurado de dicho concurso ha sido elegido por funcionarios del gobierno compañeros de gabinete de los propios postulantes”.
El listado surge de cruzar los postulantes a fiscal con la nómina de autoridades de la Casa Gris. Monti estima que pueden ser más, si se tienen en cuenta los asesores que no figuran entre los funcionarios públicos cuyos nombres son incluidos en el listado oficial.
“Tras un exhaustivo trabajo de investigación, cruzando los listados de las citadas resoluciones y la Nómina de Autoridades del Gobierno de Santa Fe, resulta que no son dos sino nueve los funcionarios o ex funcionarios de los ministerios de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos que pretenden ser fiscales en el concurso convocado por el propio gobierno que les da trabajo político”, dijo el legislador justicialista.
“Lo que particularmente –siguió– considero como una falta absoluta de ética, dado que el jurado de dicho concurso ha sido elegido por funcionarios del gobierno compañeros de gabinete de los propios postulantes”.
Según un comunicado difundido hoy por Monti, la lista completa de funcionarios actuales detectados es la siguiente:
Pablo Cococcioni, director de la Cárcel de Coronda; Matías Drivet, asesor del diputado Raúl Lamberto; Leandro Damián Trangoni, director del Registro Civil; Carla María Cerliani, directora Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial; Mariano Bufarini, director Provincial del Servicio Penitenciario; Facundo Paschetto, secretario de Control Ministerio de Seguridad y Francisco Matias Broglia, director Provincial de Prevención y Seguridad Comunitaria
Por su parte, los ex funcionarios que desean ser fiscales den el concurso organizado por el gobierno del Frente Progresista son Gonzalo Eduardo Basualdo, ex director Provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Seguridad e Informes Particulares –y expulsado de la gestión por ser el defensor del asesino de Abel Beroiz cuando el sicario escapó de la cárcel de Piñero en una bolsa de pan– y Gonzalo Armas, ex secretario de Control Ministerio de Seguridad.
