Integrantes del Movimiento Giros denunciaron a la concejal del PRO, Laura Weskamp, a quien consideran cómplice de las maniobras de apriete y desalojo sufridas por los vecinos de Nuevo Alberdi, luego de que este lunes la descubrieran recorriendo los terrenos en disputa, en compañía de quien sindicaron como un “operador” de la firma inmobiliaria Cimar SA.
“Lo inentendible de la situación, además de la complicidad, es que más que con una funcionaria supuestamente «neutral» o mediadora, nos encontramos con un «juez y parte» que nos trataba como enemigos que afectábamos o amenazábamos sus intereses particulares”, señalaron desde Giros.
El pasado lunes, miembros del movimiento descubrieron a la edil rosarina, Laura Weskamp, recorriendo terrenos de la zona rural de Nuevo Alberdi, a bordo de un auto conducido por Santiago Semino, a quien identificaron como operador de Mario Jáuregui, dueño de Cimar S.A. (ex Aldea), una importante firma de negocios inmobiliarios.
Cuando los miembros del movimiento se acercaron al auto en el que viajaba la concejala, luego de ser encerrados por el mismo, Semino –visiblemente encolerizado–increpó a los miembros de Giros que los filmaban.
Según narraron desde la agrupación, “en el mismo momento en que los vecinos de la zona rural de Nuevo Alberdi comenzaron a recibir cédulas judiciales intimidatorias, tres vehículos recorrían la zona”.
“Cuando, como hacemos siempre de manera pacífica, comenzamos a seguir a los autos filmándolos –añadieron–, uno de los vehículos comienza a encerrar al Jepp del movimiento. En uno de los autos (el que produce la maniobra) viaja Weskamp y Santiago Semino, operador de Mario Jáuregui, dueño de Cimar SA, la empresa inmobiliaria continuidad de la ex Aldea y desalojadora de Nuevo Alberdi”.
Acto seguido –según el mismo relato– “con tono amenazante, Semino increpa a miembros del movimiento, mientras otras dos señoras gritan «vayan a estudiar, que les pagamos nosotros, manga de vagos, dejen de ocupar tierras y de hacer política». Todo avalado por la presencia de la concejala, quien no conforme con esto comenzó a pedirles datos a los militantes y a sacarles fotos con su celular. Cuando se le pidió una explicación de su inexplicable presencia y si tenía algo que ver con las cédulas judiciales que estaban llegando, sólo agredió verbalmente y con gestos sobradores”.
“Lo inentendible es que más que con una funcionaria supuestamente «neutral» o mediadora entre intereses, nos encontramos con un «juez y parte» que nos trataba como enemigos que afectábamos o amenazábamos sus intereses particulares”, acusaron los integrantes de Giros.
“La concejala conoce a la perfección la situación del territorio, porque por esa situación hace sólo seis meses (en diciembre pasado) el Concejo votó por 18 a 2 la histórica ordenanza que prohíbe los barrios privados en la ciudad. Obviamente su voto fue negativo”, subrayaron.
Desde la organización afirmaron que “es inadmisible que un legislador sea cómplice de una jornada de intimidaciones a vecinos que sufren presiones para desalojar desde hace más de cuatro años, y que comparta vehículo con señores que hemos demostrado públicamente que violan sistemáticamente la normativa sobre urbanizaciones. Desalojando, abriendo calles e instalando gas en una zona rural, no urbanizable e inundable. Pasando por encima de, justamente, el Concejo”.
El encontronazo ocurrió, además, pocas horas antes de la reunión “especial” de la Comisión de Planeamiento, pactada para este miércoles. Los ediles del cuerpo, que preside Jorge Boasso, decidieron convocar al subsecretario de Planeamiento municipal, Raúl Álvarez, a funcionarios dela Direcciónde Hidráulica y a especialistas en hidráulica dela Facultad de Ingeniería de la UNR para que den precisiones sobre el nuevo mapa de manchas de inundabilidad.
La duda que sobrevuela a este encuentro remite a posibles especulaciones inmobiliarias. Es que gran parte de las 250 hectáreas conflictivas de la zona de Nuevo Alberdi donde ocurrió el incidente con Weskamp fueron adquiridas –aseguran en Giros– por la inversora inmobiliaria Cimar, que ya posee –según la misma fuente– el 90 por ciento de esos terrenos comprados a bajo precio porque figuraban como inundables.
En los papeles, aclaran en Giros, se trata de parcelas pequeñas a nombre de diferentes personas, pero la maniobra se hace visible al observar que todos esos “pequeños propietarios” independientes informaron la misma dirección legal.
En Giros insisten que, detrás del nuevo mapa de zonas inundables y de la intención del Ejecutivo municipal de modificar el uso de suelos, está la voluntad oficial de dar visto bueno a un megaemprendimiento inmobiliario en Nuevo Alberdi consistente en cuatro barrios privados, que sortearían la prohibición de levantar estas urbanizaciones –sancionada en diciembre– con algún artilugio legal que cambie la figura pero mantenga el concepto.
El negocio sería redondo de ser este el caso: compra de terrenos “inundables” a bajo precio, cambio de su categorización con el consiguiente permiso para edificar, y ganancias multiplicadas.
La reunión de este miércoles en el Concejo, que buscaba aclarar los tantos en este tema, será ahora más “caliente” por el encontronazo del lunes.
“Este escandaloso hecho se enmarca en un momento donde el conflicto con los especuladores es diario. Con un juicio de desalojo al Tambo La Resistencia –gestionado por Giros– por parte de Mario Jáuregui y con pronta sentencia, y con los proyectos del Ejecutivo de querer cambiar el uso de suelo y consolidar la estafa y la especulación, los tiempos se aceleran y las consecuencias pueden ser muy graves. El incesante lobby de los grupos privados y el Ejecutivo local por cambiar el uso de suelo de rural a urbano y favorecer a los especuladores será el debate que se viene en el Concejo. De esa decisión no depende sólo el futuro de las 150 familias de la zona rural de Nuevo Alberdi, sino el de toda la ciudad”, añadieron desde el movimiento.
