“No queremos que el Estado llegue tarde. Queremos que llegue ahora y expropie”. La frase no provino de la oposición, ni del Movimiento Giros –impulsor de las denuncias sobre el manejo inmobiliario espurio de Nuevo Alberdi–, sino de la concejala socialista Mariana Alonso.
Alonso le respondió así al intendente Miguel Lifschitz, quien se manifestó en contra de la expropiación por considerarla “idealista y de difícil concreción”.
“Hoy en Nuevo Alberdi el que fija la pauta de urbanización es el privado”, le contestó la concejala. En tanto, desde Giros advirtieron que será responsabilidad del Ejecutivo “si el avance privado se concreta y se sigue dejando librado al azar el destino de 200 familias a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con un monopolio”.
Alonso volvió a defender la propuesta del giustinianismo que contempla la expropiación de los terrenos en disputa en la zona rural de Nuevo Alberdi y que fuera apoyada por la agrupación Giros.
En declaraciones radiales, la legisladora socialista expresó que el Estado “puede comprar las tierras. El sentido de que compre es que el Municipio discuta con todo el peso que eso supone y puede fijar pautas de urbanización. No hay que dejar que la especulación inmobiliaria le defina la urbanización de la ciudad y cuáles van a ser los usos del suelo de Nuevo Alberdi”
Para Alonso, “es el Estado el que debe definir esta cuestión y la discusión es si la inversión significativa que hace el Estado para recuperar tierras inundables no amerita la expropiación”.
“La presencia del Estado –añadió la edil–es la que va a atemperar los conflictos que está sucediendo en Nuevo Alberdi. No queremos que el Estado llegue tarde. Queremos que llegue ahora y expropie, reconociendo el derecho los derechos de mucha gente que vive allí hace muchos años en situación irregular, pero que ya confeccionó un modo de vida semirrural”, concluyó.
La propuesta del giustinianismo acerca posiciones con lo que viene reclamando Giros desde hace años y cuyas diferencias resultan sutiles en comparación con lo que promueve el Ejecutivo y que este miércoles fuera ratificado por Lifschitz y rechazado de plano por la ONG.
La excusa del gobierno municipal se basa en que el plan de urbanización que plantea en cosociedad con una firma especializada en diseminar barrios privados, evita el gasto en que debería incurrir la comuna en caso de una expropiación.
“Si expropiáramos las tierras, deberíamos pagarles a los privados, mientras que con el proceso de urbanización las obtendríamos en forma gratuita", afirmó el intendente, reduciendo la cuestión a lo meramente pecuniario.
El debate que propone Giros, junto a los vecinos de la zona en cuestión, va mucho más profundo que el sólo negocio inmobiliario. El problema involucra el destino de más de 200 familias, un territorio de 250 hectáreas, uno de los últimos vestigios rurales de la ciudad, emprendimientos sociales de trabajo comunitario, de producción ecológica, de explotación sustentable del recurso tierra, en contraposición a un nuevo megaproyecto urbanístico privado, que se suma a otros complejos multimillonarios, como aquellos de alta gama que avanzan sobre la costa de Rosario, “la ciudad de cara al río”, tan promocionada desde la fuerza gobernante, y de la que muchos ven sólo las espaldas.
Foto: Prensa Giros
