Sin certezas de que la reunión, prevista para este martes, logre quórum, siete proyectos sobre despenalización y legalización del aborto aguardan ser debatidos en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las propuestas?
Dos de ellos proponen la despenalización y legalización del aborto en las primeras 12 ó 14 semanas de gestación y más allá de ese límite en los demás casos que ya contempla el Código Penal; los otros cinco proyectos sólo reglamentan los abortos no punibles ya contemplados en el Código Penal desde 1921.
En tanto, distintas organizaciones políticas y sociales a favor de una reforma legal que descriminalice la interrupción voluntaria del embarazo se movilizan en las principales ciudades del país.
El proyecto que más adhesiones tiene es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forman parte más de 250 organizaciones de la sociedad civil y cuenta con casi cincuenta firmas de diputados de distintos sectores políticos.
La iniciativa despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.
El otro proyecto que legaliza el aborto en las primeras semanas de gestación es la iniciativa presentada por el bloque Nuevo Encuentro, que establece que toda mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación.
Hay otros cinco proyectos que proponen modificaciones al Código Penal:
La norma proyectada por el titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC-Córdoba), modifica el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causare sufrirán penas e inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena
Por otro lado, estipula que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
» Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro a la vida o la salud de la madre y si ese peligro no pudiere ser evitado por otros medios;
» Si el embarazo proviene del delito tipificado por el artículo 119, párrafo 3°.
En esta misma línea, se manifiesta el diputado Gustavo Cusinato (UCR-Entre Ríos) y la diputada Gladys González, cuyos proyectos modifican el artículo 86 del Código Penal, estableciendo que incurrirán en las penas establecidas por el Código Penal y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
En tanto, el proyecto de la diputada Juliana Di Tullio (FPV-PJ-Buenos Aires) estipula que no será punible aquel aborto que se realice cuando el embarazo provenga de la comisión de un delito contra la integridad sexual y si es solicitado libremente por la mujer encinta, y se produce antes de cumplirse las doce semanas de gestación.
Asimismo, la diputada Diana Conti (FPV-PJ-Buenos Aires) presentó una iniciativa que establece que el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no es punible:
» Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;
» Si el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual;
» Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
De los 31 legisladores que integran la Comisión de Legislación Penal, 7 firmaron el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (Diana Conti y Héctor Recalde, del Frente para la Victoria; Victoria Donda, de Libres del Sur; Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica; Liliana Parada, de Proyecto Sur; Horacio Alcuaz, del GEN, y Jorge Rivas, de Nuevo Encuentro).
En tanto, hay 4 diputados de la comisión que manifestaron a viva voz su oposición a la despenalización: Bianchi, del Peronismo Federal; Omar de Marchi del bloque Demócrata de Mendoza; Daniel Tomas, del PJ de San Juan, y Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica.
Otros diputados que no forman parte de la comisión, pero que están enfáticamente involucrados con el tema, son Cynthia Hotton (Valores p/ Mi País), profesa al evangelismo que se opone a la despenalización, y Cecilia Merchán (Enc. Popular y Social-Córdoba) y María Luisa Storani (UCR-Buenos Aires), militantes del campo feminista, y que apoyan la legalización del aborto.
Sea este martes o cuando se renueven las bancas después del 10 de diciembre, está claro que la demanda por el derecho de la mujeres a decidir merece una respuesta pronta. Más allá del amparo o no de la ley, se estima que en el país se realizan entre 500.000 y 750.000 abortos cada año. El aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna; la tasa de mortalidad materna (TMM) es de 82 por 100.000 nacidos vivos.
Según un relevamiento realizado en Argentina por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad en 2004, el 27,4 por ciento de las defunciones maternas es producto de complicaciones del aborto. El trabajo demostró además que el riesgo de muerte materna aumenta diez veces cuando la estructura hospitalaria no es la adecuada.
Quienes están a favor de la despenalización del aborto proponen su legalización, su gratuidad y seguridad, basados en el derecho de la mujer de elegir sobre su propio cuerpo y sus derechos reproductivos.
Quienes se oponen a la despenalización del aborto lo hacen desde una consigna, como mínimo, contradictoria: "Nos manifestamos a favor de la vida”, dicen, argumentando que la vida humana se inicia desde el momento de la concepción. Pero dicho argumento se esfuma apenas se les consulta si en el concepto de vida que tanto defienden, está contemplada la vida de las mujeres.
