La demanda civil contra las Madres de Plaza de Mayo presentada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por falta de pago de facturas de luz en el Barrio Toba generó una dura crítica del Movimiento Evita, que ahora administra la construcción de viviendas sociales en ese sector. “Un ataque más”, sentenció el diputado provincial Gerardo Rico.
La EPE presentó una demanda civil contra las Madres porque alega que se encuentra impaga la electricidad consumida durante la construcción de viviendas sociales en el Barrio Toba de Juan José Paso y Travesía. La querella llevada adelante por la empresa estatal quedó radicada en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 7ª Nominación, que se encuentra a cargo de Marcelo Quiroga.
Rico, del bloque Frente para la Victoria-PJ, señaló que “la actitud de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que demandó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por falta de pago del servicio eléctrico, sin apelar a la búsqueda de una solución de consenso, en un momento en el que la prioridad es que se lleve adelante y culmine la construcción de las viviendas sociales en el Barrio Toba de avenida de la Travesía y Juan José Paso”. El legislador no dudó en inscribir la demanda en “otro ataque a las Madres, y en este caso ni siquiera tuvieron la delicadeza de guardar el respeto ante la partida de una de ellas, la compañera Esperanza Labrador”.
Para el miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita, debieron buscarse alternativas: “La EPE debió llamarnos y plantearnos la situación, el gobierno de Hermes Binner debió preguntarnos qué nos hace falta y cómo ayudar para que el barrio se termine, porque ése es el fin buscado por nosotros, que ahora estamos a cargo de monitorear las obras, y debería ser la primera preocupación de la administración socialista”.
Rico recordó que mientras la Justicia resuelve la situación de Sergio Schoklender, “una federación de cooperativas, bajo el nombre de Cooperativa Todos Unidos Limitada, asumió el monitoreo de las obras, o sea que sólo cambió la administración”. Al mismo tiempo, agregó: “Nosotros asumimos y de inmediato nos entregaron un medidor nuevo, pero la deuda anterior no debería ser un problema de tal magnitud como para llevarlo a la Justicia, éso se parece más a una provocación”.
Por último, el legislador rosarino indicó: “Estamos esperando que se pronuncien tanto Binner como el gobernador electo, Antonio Bonfatti, y que ante esta medida extrema aparezca la cordura que no encontraron las autoridades de la EPE”.
