La Justicia rosarina rechazó el recurso presentado por vecinos de General Lagos que pedían la anulación de una licitación provincial para construir el Nuevo Establecimiento Socioeducativo a Puertas Cerradas que albergaría a los internos del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar).
Pedro Boasso, titular del Juzgado Civil y Comercial 16 de Rosario, desestimó el recurso contra la provincia solicitado por Fabián Pérez, Jorge Pérez Cortés, Juan Morganti, Edit Tapia e Hildo Vitelli, vecinos de General Lagos patrocinados por Juan Manuel González, para que se anule la licitación pública 03/2011, convocada por el Ministerio de Obras Públicas, "así como todo otro acto administrativo tendiente a la instalación de un establecimiento carcelario sobre la ruta provincial 21", dentro del ejido urbano de la localidad.
La inquietud surgió cuando algunos vecinos se enteraron de que la provincia pretendía transformar el predio del hogar-granja Casa Joven, entidad destinada a recuperar jóvenes y adolescentes, en un establecimiento carcelario para menores con capacidad para 75 internos que cubriría las funciones que en Rosario cumple el Irar.
Entre otros argumentos, los reclamantes consideran que esa construcción contradice la normativa urbanística y ambiental vigente provincial y comunal, así como los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la legislación nacional.
Por su parte, y tal cual obra en el expediente, el gobierno provincial, por medio del entonces subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y hoy titular de la cartera, Juan Lewis —y con el patrocinio de Marianela Tuttolomondo— consideró que el establecimiento penitenciario que se busca construir "se instalará en el predio de la institución ya existente", actualmente denominado "Hogar granja Casa Joven", el que se encuentra en funcionamiento desde hace varios años atrás. Un detalle no menor ya que otorga a la provincia el derecho de modificar un predio que ya ocupa.
La defensa de la provincia también neutralizó el argumento de la necesidad de presentación de un estudio de impacto ambiental reclamado por los vecinos demandantes. En tal sentido, señala que según "estudios realizados antes de la convocatoria y licitación, y atento el bajo impacto que presentaría la obra se encuentra eximida la provincia de presentar el estudio respectivo".
Para el juez, el argumento de los vecinos de que la licitación contradecía la normativa ambiental y urbanística es de "una vaguedad e imprecisión notoria. En efecto, pese al esfuerzo probatorio desplegado por los actores, los mismos no logran acreditar que el llamado a licitación cuestionado resulta violatorio del ordenamiento jurídico vigente", dice el fallo.
El juez tampoco consideró de peso el argumento de que cerca del establecimiento hay algunas viviendas. Y también rechazó el argumento de la inseguridad al afirmar que "los hechos de robo no aparecen prima facie como sustancialmente diferentes con los que habitualmente sufre la comunidad en general".
También el magistrado consideró que el gobierno está en su derecho de construir el centro. "La administración puede elegir libremente dentro del marco del ordenamiento normativo la opción que considera más conveniente al bienestar general, siempre y cuando no exceda ese ordenamiento".
En resumen, el accionar provincial queda, para la justicia, enmarcada "dentro de los criterios de oportunidad y conveniencia propios de los poderes políticos y en consecuencia exento del control judicial".
Fuente: La Capital
