La madrugada de este jueves se aprobaron en el Senado de la Nación, los proyectos que modifican al Código Penal en cuanto a los delitos de lavado de dinero y “prevención de actividades con finalidad terrorista”. Las organizaciones de derechos humanos señalaron al texto de “ambiguo” y alertaron que deja “abierta la puerta para criminalizar la protesta”.
Las dos iniciativas, junto al régimen Penal Tributario, recibieron el apoyo del Frente para la Victoria y de sus aliados, tras un debate que llevó más de tres horas y que se produjo luego de que fuera aprobada la Ley de Presupuesto 2012.
A tono con lo requerido por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), la iniciativa más cuestionada sobre antiterrorismo impulsa una modificación del Código Penal para incorporar un nuevo artículo y establecer que "cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y del máximo".
Se aclara que la aplicación del artículo, así como la facultad que se le da a la Unidad de Información Financiera (UIF), "en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales".
Asimismo, en los fundamentos el proyecto destaca que "quedan terminantemente excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta colectivos y, en el supuesto que pudieran transgredir la ley penal”, resguarda el ejercicio de un derecho constitucional.
Establece además que la facultad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para el congelamiento administrativo de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal "en ningún caso podrán ser aplicados a hechos que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales".
La otra propuesta, en tanto, incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, juntamente con el lavado de dinero, afecten el orden económico y financiero" del país.
Se incluye el "delito de abuso de información privilegiada que, por sus características, pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables".
Entre sus puntos la iniciativa incluye la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien reciba un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.
La reforma al régimen Penal Tributario aprobada apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuales se considera como delito a la evasión.
El presidente de la Comisión de Justicia, el kirchnerista Pedro Guastavino, habló de la existencia de “corridas bancarias con intencionalidades claras de producir crisis económicas”, y remarcó que esa es una de las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
También mencionó que la norma penaliza el lavado de dinero para la financiación de actos terroristas incluso “si la finalidad del delito fuese obligar a las autoridades públicas a hacer un acto o abstenerse de hacerlo”.
El radical mendocino, Ernesto Sanz, consideró que las reformas a la legislación antilavado “no van a resolver las desviaciones del sistema financiero”.
Además dijo que a pesar de compartir el “compromiso de la prevención del terrorismo” criticó que la iniciativa “es la peor respuesta” por “haber usado como herramienta la duplicación de las penas de todos los delitos del Código Penal que se cometan con finalidad terrorista”.
A su turno, el jefe del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto, reconoció que “la estructuración del GAFI está construida desde la visión de los países centrales tras los ataques terroristas que sufrieron”.
Pero aclaró que “esta norma tiene la consecuencia de pertenecer. Si no estuviéramos incorporados al GAFI no estaríamos votando esta norma. Pero el reclamo social no puede ser nunca considerado una actividad terrorista”.
Voces de alerta
Numerosas organizaciones de derechos humanos se habían expresado en contra de la sanción de la norma las últimas semanas. Entre los organismos que se opusieron al proyecto ‒muchos de ellos afines al gobierno nacional‒, estuvieron el Cels, Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS.
Por su parte este jueves, tras la sanción en el Senado, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, aseguró que la ley antiterrorista sancionada esta madrugada por el senado nacional “tendrá graves consecuencias” para el país, y criticó la falta de debate y el hecho de que se trate con tanto apuro. “Los legisladores votaron sin saber de qué se trata” la norma, dijo en una entrevista al programa La Palangana.
Esquivel criticó la sanción de la llamada ley antiterrorista, por “las ambiguedades que contiene“. Dijo que ese rechazo no sólo viene desde la comisión Provincial por la Memoria que preside junto al ex fiscal federal Hugo Cañón, sino de muchísimas organizaciones.
“Por qué no se habla nada de terrorismo económico?” se preguntó. Y dijo que la norma no plantea con claridad que esta herramienta pueda ser usada para sancionar las protestas sociales como ocurre en países como Chile y Paraguay.
Además, descartó que sea necesaria una ley antiterrorista: “¿Por qué no aplican bien el código penal?”, dijo, y respondió que se trata claramente de una imposición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para regular el financiamiento del terrorismo.
El proyecto había logrado media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación por 134 votos a favor, 90 votos en contra y 2 abstenciones.
El premio Nobel dijo que la norma “va a tener graves consecuencias” porque cada gobierno “le dará otra interpretación, de acuerdo a sus intereses del momento”.
El proyecto de ley había sido criticado por el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien afirmó que “es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”.
Tras aclarar que a su entender, la ley antiterrorista no sólo no es necesaria sino que “es un disparate”, aseguró que el GAFI “nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes, nos va a sancionar económicamente” cuando originalmente el organismo no tiene facultades para hacerlo, ya que su función es emitir recomendaciones a los gobiernos.
Zaffaroni fue aún más allá al afirmar que “la República Argentina está extorsionada por este organismo que se ocupa de garantizar que el lavado de dinero se haga solamente en el hemisferio norte”, tras lo cual aclaró: “Ésa es la realidad de los hechos; yo ya estoy un poco viejo como para decir mentiras entonces digo la verdad y la verdad es ésa”.
Luego explicó los riesgos que acarrea establecer ciertos tipos penales amplios que refieren a la “seguridad” de los gobiernos. “Poner un tipo penal así -precisó- depende de quién lo maneje. En algún momento lo puede manejar alguien contra la protesta social, contra sindicatos, etcétera”.
Nuestro país no necesita “para nada” una figura como el terrorismo, refirió el ministro de la Suprema Corte. “En Argentina, la muerte de una sola persona con un medio capaz de causar grandes estragos tiene pena perpetua en nuestro Código desde hace 90 años”, dijo.
Finalmente, explicó que “la financiación de una organización que haga eso es instigación o es complicidad (en nuestro Código Penal). Y es complicidad necesaria y por lo tanto tiene la misma pena”.
Antecedentes
La introducción de la figura de “terrorismo” al uso de las potencias internacionales, no es nueva en nuestro país. Durante el gobierno de la Alianza, y con el voto de radicales y socialistas que por estas horas se opusieron al proyecto enviado por el ejecutivo, se promulgó la ley 25.241, que continúa vigente desde el 15 de Marzo del año 2000. Cualquier acto o hecho que se considere dentro de los parámetros de la norma sancionada este jueves, será considerado bajo la definición de terrorismo introducida en 2000 por el gobierno de De la Rúa.
El artículo 1 de la ley 25.241 sancionada en el año 2000, señala textualmente que “A los efectos de la presente ley, se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas”.
Fuentes: Noticias del Congreso Nacional, Parlamentario.com, 8300.com.ar, Comercio y Justicia.
