Trabajadores afiliados al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) se manifestaron para reclamar la preservación de las fuentes laborales en la empresa Cablevisión, luego de la intervención judicial dictada por el magistrado mendocino Walter Vento.
El secretario General del gremio, Horacio Arreceygo aseguró que “se trata de una disputa entre grupos empresarios (en referencia a Clarín y al Grupo UNO) que se opusieron y se oponen a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Arreceygor, afirmó en dialogo con la prensa que el Satsaid “va a estar al frente de la lucha y no va a permitir que ningún trabajador pierda su lugar, ni que ninguna condición laboral cambie”.
El dirigente refrendó además lo publicado en el comunicado emitido por los trabajadores, diciendo que “se trata de una disputa entre grupos empresarios (en referencia a Clarín y al Grupo UNO) que se opusieron y se oponen a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
“Acá hay un interventor que, aparentemente, responde a los intereses del Grupo UNO, pero que seguramente junto con la justicia nos van a decir que no va a haber ningún problema con los puestos de trabajo”, afirmó.
El dirigente sostuvo que en caso de que se deba dar un “proceso de desinversión” en Cablevisión, que el mismo “se haga a través de la Ley de Medios”.
Arreceygor habló ante los manifestantes que se concentraron frente al edificio de la empresa, en el barrio porteño de Barracas.
Los diarios como locos
Las ediciones de este sábado de los diarios del grupo UNO, como el rosarino La Capital, y de Clarín por otra parte, dejan al desnudo, como lo hicieron durante el debate por la ley de medios, cuánto puede manipularse un relato sobre la realidad.
Mientras que en su edición on line La Capital publica información dando cuenta de que Cablevisión despidió a cientos de trabajadores. Clarín dice en su portal web que los trabajadores salen en defensa de la empresa.
La pelea entre los dos grupos monopólicos mediáticos más grandes del país, entró en su etapa más agresiva.
Con la sanción del la ley que declara de interés público a la producción de papel, que permitirá quitar su situación de privilegio frente al costo de ese insumo a los diarios Clarín y La Nación -controlantes de la empresa Papel Prensa-, los propietarios del segundo grupo monopólico de medios del país, mueven sus fichas en una guerra que con distintos niveles de intensidad, han mantenido con el grupo de Noble y Magnetto.
Intervención
Cabe recordar que el juez mendocino Walter Vento había dispuesto, a raíz de una denuncia de la empresa Supercanal -del grupo UNO de José Luis Manzano y Daniel Vila-, la intervención de Cablevisión y designó al contador Enrique Anzoise como interventor y coadministrador de la compañía de cable perteneciente al grupo Clarín.
Cuando Anzoise intentó asumir el mandato derivado de la orden judicial en la sede de Cablevisión, ubicada en la calle Hornos al 600 de Capital Federal, las autoridades de la empresa le impidieron que pudiera ejercer el rol que le atribuyó el juez mendocino.
La denuncia, de carácter penal, también apunta contra los directivos del grupo Clarín Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro y es por "conductas anticompetitivas" derivadas de la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
Se denuncian en la presentación realizada por Supercanal, entre otras irregularidades, "maniobras con la finalidad de excluir a sus competidores, ofertas en precios predatorios, manipulación de la grilla y exclusión de la grilla de señales de noticias que no pertenecen al grupo Clarín".
"La coadministración es un hecho por parte de la justicia, ahora Cablevisión tendrá los derechos recursivos; hoy la medida está firme y debe ejecutarse", aseguró el martes pasado a la prensa en la puerta de Cablevisión Ricardo Mastronardi, abogado del interventor designado.
El letrado explicó que el fallo del juez Vento que dispuso la intervención es una resolución que tiene más de 20 páginas y aclaró que "el corazón de la denuncia (de Supercanal) radica en la necesidad de evitar el ejercicio de la competencia desleal".
Asimismo, el abogado del interventor descartó de plano un rumor instalado entre los empleados según el cual la intervención afectaría los puestos de trabajo: "sería un absurdo pensar en la pérdida de empleo; es una medida que tiende a proteger al consumidor, es una vergüenza que los directivos (de Cablevisión) hayan hecho instalar la idea de pérdida de puestos de trabajo" a partir de la intervención.
Mastronardi también explicó que al haber quedado trunca la posibilidad de que el coadministrador asuma sus funciones, se elevará un informe detallado al juzgado federal dos de Mendoza, donde el doctor Vento está subrogando a la magistrada Olga Pura de Arrabal, que determinará los pasos a seguir.
Según el fallo judicial, el interventor-coadministrador tiene un plazo de 60 días para ver la documentación contable e intervenir en otros aspectos de la compañía como las áreas de sistemas, publicidad, marketing, entre otras.
