Entre panfletos y pasquines circuló una visión alternativa sobre la causa Malvinas, más que alternativa, parte del repertorio de los lugares comunes al cual arriban estrellados de la cultura cuando los proyectos nacionales y populares cisman los cimientos de la política. En la incomodidad donde estos quedan parados, casualmente optan más por la franco-anglofilia que por cuestionar «su lugar» de intelectuales para pensar las Malvinas desde una visión popular, nacional y latinoamericana.
Dos de los argumentos más fuertes que tiene la República Argentina para esgrimir sus derechos soberanos sobre Malvinas son incluso obviados por la diplomacia británica. El primero de ellos, el criterio geográfico, es casi indiscutible, ya que Gran Bretaña alega dominio sobre un archipiélago que se encuentra a más de 14000 km de Inglaterra, y a menos de 500 Km. de nuestro territorio continental, al margen de ser una emersión con continuidad geológica de nuestra plataforma continental. O bien, como argumentaría un amigo, la irreversible geología que las ata al continente.
El segundo está vinculado a los derechos históricos-jurídicos, ampliamente discutidos entre juristas y constitucionalistas a la hora de esgrimir una posición sobre la soberanía argentina de las islas. Desde el Uti Possidetis, conocido como principio de la sucesión de los Estados, Argentina hereda el territorio que estaba en manos de España luego de la independencia. Nombrados escritos genuflexos ponen en cuestión la soberanía de nuestro país sobre las Malvinas considerando que las mismas fueron pobladas en primera instancia por franceses. Más allá de estos trazos genealógicos, al momento de la Independencia España ocupaba plenamente el territorio malvinense, cuyos derechos habían sido cedidos con antelación por parte de la corona francesa, y este tratado ya había sido reconocido por terceros estados, teniendo carácter y validez internacional. A su vez, el Uti possidetis no es cualquier principio, sino aquel por el cual los resultantes de la emancipación colonial obtienen en sucesión todo el territorio dominado por la metrópoli, como así también minimizar futuros conflictos limítrofes. Es decir, no estamos hablando de la mera adquisición de territorios o de un título sobre los mismos, sino de efectos vinculantes a terceros estados y efectivo traspaso de la responsabilidad internacional de un territorio.
Como para continuar con la demostración “constitucionalista”, el tratado de amistad, comercio y navegación entre Argentina y Gran Bretaña firmado en 1825, entre tantísimos otros, da cuenta de dicho reconocimiento a nivel Internacional sobre la Soberanía de las islas. Como en estos aspectos, el Imperio esta flojo de papeles, no les queda más que acudir al principio de autodeterminación de los pueblos, que casualmente es el mismo que el cipayismo intelectual defiende en su mirada, recalquémoslo una vez más, “alternativa” sobre el conflicto de Malvinas.
Refiriéndonos a éste último principio, recogido por las Naciones Unidas, implica que todo pueblo tiene derecho a decidir su forma de gobierno sin la injerencia de otras naciones. El origen del mismo data de un contexto internacional de post II Guerra Mundial, donde distintos pueblos asiáticos y africanos comenzaban a independizarse, conquista jurídica de los mismos frente al sometimiento vivido por éstos en tiempos de rapiña en el concierto de las naciones. Resulta inaudito que sea la potencia imperial quien alegue el derecho a la autodeterminación, situación que nos obliga a repensar que hay más acá de Malvinas.
En primer lugar, cabe destacar que las Islas Malvinas y sus dependencias son un territorio (y no una población) colonizado, ya que los pobladores que las habitaban -previo al desembarco inglés de 1833- fueron desterrados violentamente por la potencia imperial y, en su lugar, se injertó una población británica, razón por la cual es inaplicable el principio de la autodeterminación antes mencionado. Sumado a esto, en la década de 1960, Gran Bretaña presentó ante el comité de descolonización de la ONU un listado con 43 territorios a descolonizar, en el cual incluyó, por propia determinación, a las Islas Malvinas. Finalmente, numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que si bien no son vinculantes, si poseen un importante peso político, ya que es el órgano más democrático del mundo), toman como partes en la disputa a la Republica Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña, no reconociendo a los actuales habitantes de las Islas como partes en el conflicto (aunque sí se sostiene que deben tenerse en cuenta sus intereses).
Recalcamos este punto, cuándo se utilizan malintencionadamente argumentos “progres” para distanciar el foco desde dónde se está hablando. La visión alternativa antes mencionada, en ningún punto alude a Gran Bretaña ni a su praxis imperial, habla de los actuales habitantes de las Islas como si hubieran nacido de un repollo y no fueran producto de un devenir histórico de los resabios colonias post siglo XIX. Nada novedoso resulta esta estrategia cuando rememoramos las principales líneas de política exterior del Canciller Guido Di Tella. Mientras se pregonaba que la historia había llegado a su fin, se intentó una política de seducción de los isleños a cambio de que libremente decidieran “sentirse argentinos”. Así fue como desde Winnie Pooh de regalo hasta los billetes verdes podían servir a los fines de una eventual recuperación de las Malvinas.
Frente al fracaso de la estrategia antes mencionada podemos dilucidar, por suerte, que la historia no es teleológica y siempre está abierta a reinterpretarse. Rescatamos entonces uno los pocos gestos del artículo “alternativo” al comienzo mencionado, el de abrir fuertemente la polémica sobre la “cuestión Malvinas”.
Volver a poner en discusión la soberanía de la Argentina sobre las Islas, más que un acto de patrioterismo o de fascismo al estilo europeo de entreguerras, tiene que ver con un gesto patriótico de nacionalismo periférico. Lejos de equipararse a experiencias de nacionalismo ofensivo, xenófobo, imperialista y totalitario, la característica de las expresiones nacionales y populares latinoamericanas lleva en el seno mismo de su identidad nacional la alteridad constitutiva de la que es parte. Es decir, no se trata de razas superiores ni linajes dinásticos sino de la mistura conflictiva entre diferentes culturas que conformaban las naciones emancipadas. Por su parte, el nacionalismo que prima en estos países tiene una clara vinculación con el antiimperialismo, es decir, se trata más bien de una apuesta defensiva frente a los embates colonizadores. En esta clave cabe leer el conflicto por de las Islas Malvinas, a la vez que celebrar pertenecer un país que –en lugar de cerrar sus fronteras y levantar muros a los extranjeros- abraza, acoge y respeta en sus diferencias a los distintos pueblos.
Que exista un conflicto internacional sobre la cuestión Malvinas no remite necesariamente a una hipótesis de guerra. Nunca estuvimos más lejos de ello, sobre todo cuando el accionar del actual gobierno se enmarca en el respeto al derecho internacional y el respeto a los derechos humanos más que en el accionar de la dictadura militar en 1982. No se trata de volvernos legalistas, pero, parafraseando a Horowicz, cualquier jurista nos podría comentar qué ley rige cuando no rige la ley: la ley del más fuerte.
Una nueva e interesante lectura de la historia es la que está proponiendo el actual gobierno respecto a los orígenes y desenlace del conflicto bélico del 82. Se trataría en primera instancia de considerar la legitimidad de la mano de la legalidad. Es decir, no hay plazas ni movilizaciones legítimas que puedan ser tenidas en cuenta cuando el orden era fundamentado antidemocráticamente y en un estado de excepción y arbitrariedad.
* Integrantes de la agrupación JP La Hora del Pueblo
