Dos iniciativas parlamentarias, un proyecto de ley ingresado a la Legislatura provincial y uno de ordenanza presentado en el Concejo Municipal de Rosario, ambos con sello radical, buscan despabilar el adormecido espíritu socialista en relación a la adhesión santafesina y rosarina a la ley de blanqueo de bienes y tenencias no declaradas en el extranjero o en el país. Eufemísticamente llamado “sinceramiento fiscal”. La condición no friendly del gobierno de Miguel Lifschitz a la medida impulsada por Cambiemos, abre otra grieta entre provincia y Nación, cuando apenas se apaciguaron los estertores de la última batalla dialéctica entre las dos administraciones.
Sólo tres provincias no adhirieron aún –o no manifestaron su intención de hacerlo– a la iniciativa de blanqueo de Macri, que forma parte del Libro II de una ley ómnibus que contempla el pago de deudas a jubilados cuyos haberes fueron mal calculados y la cuasi eliminación del impuesto sobre los Bienes Personales, entre otros temas.
Santa Fe es una de ellas, junto a La Pampa y Tierra del Fuego. El gobierno de Lifschitz no se expidió públicamente sobre la cuestión, ni a favor ni en contra. Por lo bajo, algunos de sus funcionarios se limitan a señalar que el tema “está en estudio”.
En contra
Si bien el proyecto del Ejecutivo nacional sobre blanqueo fue aprobado, los diputados nacionales del Partido Socialista votaron en contra de esa parte de la ley, aunque se manifestaron a favor del pago de deudas previsionales.
“Nos oponemos terminantemente a la ley de blanqueo”, dijo la diputada Alicia Ciciliani en los días previos al debate parlamentario de la norma impulsada por Cambiemos.
Sin lluvia de dólares ni garúa de inversiones extranjeras, la experiencia macrista en la Casa Rosada juega buena parte de su suerte al ingreso de divisas a partir del “sinceramiento fiscal”, que en términos de recaudación suele ser una taba.
Ciciliani, decía entonces, que los socialistas están “en contra del blanqueo de capitales” ya que históricamente esas medidas “no han servido absolutamente para nada”.
Si bien consideró la iniciativa como “injusta” para quienes poseen sus tenencias declaradas y sus obligaciones tributarias al día, manifestó que en las condiciones actuales no es negocio para el evasor traer al país su dinero, declarar sus bienes y sacar de la caja de seguridad o de abajo del colchón su manojo de dólares pacientemente atesorado.
En declaraciones al Parlamentario TV, la legisladora socialista sostuvo que los dueños de esos capitales “tienen que tener condiciones en el país que le garanticen rentabilidad en algún sector para que puedan volver a la Argentina, y creemos que esa situación no está dada”.
El flamante titular del PS, Antonio Bonfatti, quien a la vez preside la Cámara de Diputados de Santa Fe, también le bajó el pulgar conceptual al blanqueo, cuando aún era materia de debate en el Congreso nacional.
“Siempre votamos en contra de los blanqueos, porque es premiar a los que se llevaron el dinero, violaron las leyes al no pagar impuestos”, sentenció.
El ex gobernador agregó que “ahora se los premia con pagar sólo el 10 por ciento, y puede haber mucho dinero turbio” que troque esa condición por la de límpido cash.
Apurón radical
El diputado provincial de la UCR, Julián Galdeano, quien también ostenta el cetro de presidente de los boina blancas santafesinos, presentó esta semana un proyecto para adherir a la ley de blanqueo de canutos no declarados.
El legislador subrayó la necesidad de que “Santa Fe no quede afuera del programa nacional de sinceramiento fiscal” y agitó el fantasma de la radicación de bienes o dineros no declarados en otros distritos.
“Los contribuyentes pueden irse a otras provincias” a radicar sus activos o a adquirir bienes inmuebles de modo que “se desfinancia el sistema previsional”, dijo Galdeano.
Consultado sobre la posición del gobierno de Lifschitz, con el cual el radicalismo comparte el oficialismo local a través del Frente Progresista Cívico y Social, Galdeano puntualizó que “hasta ahora no ha habido iniciativa ni a favor ni en contra de parte del gobierno”. Y deseó: “A partir de este proyecto vamos a poder conversar”.
A la vez, recordó que no es necesario que el Ejecutivo provincial envíe un mensaje a la Legislatura para que Santa Fe adhiera a la ley nacional de blanqueo, ya que sólo basta con reunir la mayoría necesaria en el parlamento local.
La adhesión provincial consiste en poner en sintonía con la Nación un perdón fiscal a los propietarios de canutos financieros o bienes no declarados en el exterior o indoor, respecto de los tributos santafesinos.
El proyecto de Galdeano, por caso, propone el pago de una tasa del 1 por ciento sobre todo lo que se declare vinculado a las cargas provinciales, excepto que el importe total no supere los 350 mil pesos.
Según adelantó el legislador, quedarían exceptuados del pago de la tasa quienes compran bienes inmuebles en Santa Fe, bienes muebles para la actividad productiva, letras de la provincia, o bien aquellos que inmovilicen el dinero en el Nuevo Banco de Santa Fe o Banco Municipal de Rosario. Por ejemplo, a través de un plazo fijo. “También en los casos en que pueda justificarse un proyecto de inversión”, añadió.
El jueves pasado, el también radical, pero en este caso concejal, Jorge Boasso, ex candidato a vicegobernador del PRO, presentó un proyecto de ordenanza en igual sentido que el legislador de su partido.
La iniciativa del edil permite a los contribuyentes rosarinos, que formulen la exteriorización voluntaria de bienes, quedar exentos del pago de tributos municipales que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional y les hubiere correspondido declarar e ingresar al municipio.
En ambos casos, la intención política de los proyectos radica en apurar al socialismo provincial y local a resolver la adhesión al blanqueo macrista.
Respecto de la posición parlamentaria del PS, que votó en contra la ley nacional, Galdeano dijo que “esto ya se discutió y no podemos estar dando el debate que ya se dio en el Congreso”. Es decir: “Muchachos pónganse las pilas y adhiramos al único proyecto que, esperamos, puede hacer ingresar unos dólares al país”. Por supuesto que la traducción libre de el eslabón de las palabras del presidente de la UCR no coincide con sus manifestaciones públicas, dirigidas a resaltar la “reparación histórica a los jubilados”.
Que, dicho sea de paso, no llegarían al millón de beneficiarios, aunque sí pondría en riegos el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés y la sustentabilidad del sistema previsional argentino. Tal vez no se trate de un riesgo, sino de un objetivo político no declarado.
Diálogo interruptus
El repentino sacudón que Mauricio Macri le dio semanas atrás a Miguel Lifschitz al afirmar que era uno de los pocos gobernadores con los que no se podía “trabajar en equipo” y coordinar políticas conjuntas, fue interpretado por algunos dirigentes locales como una forma de presión por la demora santafesina en adherir al blanqueo, proyecto central de Cambiemos en medio de la sequía parcialmente autoinfligida.
En medio también existe una disputa por los recursos, que la Nación le debe a la provincia tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, quienes demandaron que el gobierno federal cesara de detraer el 15 por ciento de los recursos coparticipables que eran destinados a financiar la Ansés.
En el caso de Santa Fe se trata de nada desdeñables 30 mil millones. Que Lifschitz no espera cobrar unos arriba del otro. Aunque sí aguarda el plan de pago que Macri, por ahora, no le ofrece. La tensión también sumó un capítulo por la flaca ayuda nacional a Santa Fe tras la emergencia hídrica de abril. Vinieron 55 palos, que la Casa Gris considera apenas suficientes para armar una balsa, no para enfrentar los costos que el ministro de la Producción, Luis Contigiani, estimó en 2.500 millones de dólares.
La adhesión –o no– de Santa Fe al plan blanqueador del macrismo abre, ahora, una nueva grieta en la que los radicales santafesinos juegan con sus socios nacionales de Cambiemos. Apurando a sus socios socialistas a adoptar una posición, y que sea positiva respecto a los deseos amarillos.
El “sinceramiento fiscal” se inició el 1º de agosto pasado y Santa Fe tiene tiempo hasta octubre para adherir –o no– a la ley nacional. Los escarceos recién comienzan.
Fuente: El Eslabón
