Las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) plantean que la recepción de fondos aportados por empresas que se dedican a la explotación minera es una práctica establecida por ley, que por lo tanto sólo puede modificarse si se modifica esa legislación vigente. La posición de la UNR se difundió en medio de la polémica generada por el rechazo de los fondos aportados por las mineras que impulsan diversos sectores universitarios.
En un comunicado difundido por la Dirección de Prensa de la UNR al cabo de la reunión del Consejo Superior que se realizó este último martes se indica que en ese encuentro, “en consonancia con lo planteado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la mayoría de las universidades nacionales, se resolvió proponer a la comunidad universitaria y a la comunidad en general un debate acerca de la explotación minera en nuestro país, que tenga como objetivo fundamental modificar la actual legislación”.
“Además se resolvió exigir al Estado nacional y a los Estados provinciales que cumplan con sus obligaciones de velar por una explotación sustentable de los recursos naturales, y la utilización de métodos que tengan impactos mínimos en el medio ambiente; y fundamentalmente que velen por el cuidado de la salud humana y de los ecosistemas”, indicaron desde la UNR.
El comunicado señala que “la sesión del Consejo Superior de la UNR trató hoy (por el martes) el tema en cuestión, que figuraba en el orden del día, a partir del dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamentos –firmado por los decanos Ovide Menim de Psicología, Musitano de Humanidades y Artes y Peire de Ingeniería, entre otros– y resolvió, de acuerdo con ese dictamen, “que no es posible aceptar o rechazar los fondos ya que no son producto de una transferencia voluntaria por parte ni donación de la titular de la explotación, sino que estos fondos se incorporan al presupuesto de cada universidad en virtud de una ley que debe cumplirse”".
En el debate se remarcó que la Ley 14.771 fue promulgada por el Congreso Nacional durante la presidencia de Arturo Frondizi, en uso de las atribuciones de un parlamento democrático.
Además, el órgano de gobierno de la UNR remarcó que “limitar el debate a la asignación de los fondos es al menos reduccionista”, y que debe darse el verdadero debate en cuanto a la explotación minera en nuestro país y las consecuencias políticas, económicas, legales y éticas derivadas de esta actividad.
En el mismo encuentro el rector de la UNR, Darío Maiorana, informó que desde el Consejo Universitario Nacional (órgano que reúne a todas la universidades nacionales del país), se viene trabajando con distintas organizaciones no gubernamentales vinculadas al medio ambiente en la elaboración de estrategias conjuntas para la modificación de la legislación, que contemple el cuidado del medio ambiente.
También el CIN aprobó que parte de los 50 millones de pesos que se reciben de las empresas serán destinados a proyectos de investigaciones científicas para el desarrollo de una minería sustentable para el año próximo, informaron desde la UNR.
El comunicado de la conducción de la universidad local se difundió tras los cuestionamientos expresados por consejero estudiantiles a la aceptación de los fondos provenientes de las empresas que se dedican a explotaciones mineras que provocan serios daños al medio ambiente.
La actividad de las mineras no es cuestionada solamente en los ámbitos universitarios. Los rechazos más fuertes provienen de los vecinos de las regiones en las que se llevan a cabo las explotaciones y de organizaciones no gubernamentales que defienden el medio ambiente. De todos esos reclamos da cuenta el sitio No a la mina.
