El ¿ex? líder de la barra canalla se presentó en la comisaría 9ª de barrio Sarmiento y tendrá que pasar 8 meses a la sombra para cumplir la condena a 2 años de prisión efectiva que le dictaron por amenazas coactivas contra un ex empleado de Central.
Cuando fue expulsado de Sudáfrica ante las cámaras de televisión del mundo entero, Andrés pillín Bracamonte no habrá imaginado que el Mundial, que pensaba vivir en vivo y en directo, tendría que verlo tras las rejas. Es que por consejo de su abogado, el caracterizado hincha de Central, se presentó este martes en la seccional novena y quedó detenido.
"La presentación de Bracamonte para cumplir con la condena echó por tierra con todas las presunciones que se hicieron sobre su posible fuga y corroboró lo acertado de la Justicia cuando le otorgó el permiso para viajar a Sudáfrica. El nunca tuvo intenciones de escaparse ni de burlar las decisiones judiciales", aseguró ayer Carlos Varela, defensor de Pillín.
La causa
El 28 de septiembre de 2007, mientras Rosario Central se encontraba intervenido por la justicia y estaba en pleno proceso de normalización institucional, se convocó a una asamblea general de socios para definir los nombres de la junta electoral que se encargaría de llamar a elecciones. El requisito fundamental para poder participar de la misma consistía en tener las cuotas societarias al día, pero un grupo sindicado como perteneciente a la filial de Granadero Baigorria, tenía un exagerado porcentaje de incumplimiento.
Pablo Ismael García, empleado administrativo en aquel entonces, denunció esa irregularidad y aseguró que Pillín le había exigido imprimir cuotas correspondientes al mes de septiembre para todos los socios de la filial de la localidad vecina. Tras la negativa del trabajador, Bracamonte lo amenazó y lo extorsionó hasta que García, asustado, ingresó a la sede de calle Mitre y cumplió con el insólito pedido del barra auriazul.
Las consecuencias
Pese a que en su momento, Bracamonte negó todas las acusaciones en su contra, la jueza de Sentencia Carina Lurati lo condenó, en diciembre de 2009, a 2 años de prisión efectiva. En la resolución judicial, la magistrada argumentó que "el imputado hizo uso de las amenazas para que la víctima hiciera algo en contra de su voluntad. La finalidad de Bracamonte no fue un beneficio económico (puesto que las cuotas se pagaron) sino violentar la libertad del empleado para que socios de Granadero Baigorria pudieran concurrir a la asamblea que se realizaría dos días después en la sede del club".
La sentencia, que fue apelada por la fiscalía y por la defensa de Bracamonte y que le permitió viajar a Sudáfrica, volvió a ser ratificada por la Sala IV (Otto Crippa García, Rubén Jukic y Daniel Acosta) de la Cámara Penal.
A la defensa le queda ahora una última carta en la manga: Presentar un recurso de inconstitucionalidad que la misma Sala deberá admitir para que el expediente pase a la Corte. "El recurso se basará en que, a nuestro entender, hay una interpretación errónea del material probatorio de la causa", dijo el abogado defensor Varela, y agregó que "hay poca prueba que acredite no sólo la imputación a Bracamonte sino también la existencia del delito por el cual se lo condenó".
Lo cierto es que mientras se haga la presentación y la justicia se expida (estimn no menos de tres meses), Bracamonte deberá cumplir su condena y tendrá que ver el Mundial muy lejos de Sudáfrica.
