En San Pablo, los manifestantes de las clases altas piden a gritos un golpe militar. Los medios hegemónicos exageran los casos de corrupción para contribuir a la desestabilización. Los poderes fácticos presionaron y la mandataria designó algunos ministros que responden a sus intereses.
Casi todas las semanas, en San Pablo, tiene lugar la versión brasileña de los cacerolazos. Gente bien vestida, con gesto torvo e insulto fácil, piden el derrocamiento del gobierno de Dilma Rousseff, presidenta en ejercicio y presidenta electa que comienza su segundo mandato el primer día de 2015. Algunos de los manifestantes son más explícitos y solicitan el regreso de los militares al gobierno. Este clima golpista es apenas una parte de la difícil situación en la que la mandataria asumió su segundo mandato, acosada por los medios, por los denominados “mercados”, que vienen presionando para intervenir en la elección de los ministros, y también, por la Justicia de los Estados Unidos, que amaga con llamarla a declarar en calidad de testigo por el caso Petrobrás.
Dilma se dejó torcer el brazo por los mercados en la elección de su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, que es un ejecutivo del banco privado Bradesco y un hombre amigo de los poderes fácticos y las tijeras de ajustar. Los movimientos sociales ya pusieron el grito en el cielo y anunciaron que no van a permitir recortes en la inversión social.
También fue polémica su elección de la titular de la cartera de Agricultura, la senadora Katia Abreu, conocida entre los grupos ambientalistas como “la reina de la motosierra y el desmonte”. En esa elección pudo haber pesado el enorme poder de lobby del denominado agronegocio.
Abreu encabezó la poderosa Confederación Nacional de Agricultura, con sede en Brasilia, y se prevé que juegue un papel más visible que otros responsables recientes de agricultura en el principal exportador global de soja, carne, café y azúcar, informó Reuters.
Considerada como el rostro de la agricultura por muchos brasileños, ella enfrenta la oposición de los ambientalistas, los pueblos originarios y un amplio espectro de organizaciones y ONGs que vienen luchando hace años por limitar la expansión de las tierras agrícolas.
Abreu impulsó la reforma de un conjunto de leyes que dictaban la cantidad mínima de bosques que debían quedar intactos en los campos, argumentando que el viejo código forestal impedía la inversión en un sector que representa un cuarto de la economía de Brasil. Después de cambiar la ley en 2012, Brasil confirmó una escalada de 29 por ciento en la deforestación en 2013, la primera desde 2005. Los activistas acusan al gobierno de Rousseff de no castigar la tala ilegal de árboles.
La elección del ministro de Deporte, el pastor evangélico George Hilton, también causó mucha bronca y preocupación en las propias filas del PT y refleja la influencia de otro de los poderosos centros de poder que presionaron a la mandataria en la elección del Gabinete. Las iglesias evangélicas tienen un poder político y económico gigantesco y los dirigentes de todos los partidos lo saben, incluso del PT, que debió tejer alianzas con estos sectores. Hilton pertenece al conservador Partido Republicano de Brasil (PRB). Dentro de las filas del PT, le pidieron a Dilma que revea su decisión. “Si la presidenta Dilma retrocede, yo salgo de la base de apoyo al gobierno y llevo el partido a la oposición”, dijo el presidente del PRB, Marcos Pereira, en declaraciones que recogió el diario O Estado de Sao Paulo. La amenaza no es banal. Uno de los tantos problemas de la amplia y compleja alianza de partidos que constituye el PT es asegurarse el apoyo de sus aliados en el Congreso, que suele ser fluctuante.
Como parte de sus nuevas funciones, Hilton integrará la Autoridad Pública Olímpica junto al gobierno central, regional y municipal, y será el interlocutor entre el gobierno sudamericano y el Comité Olímpico Internacional (COI). Se lo acusa de no tener trayectoria para el área en que fue designado. Además, este político y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, protagonizó en 2007 un polémico episodio al ser descubierto en el aeropuerto de Belo Horizonte portando 11 valijas y cajas con dinero en efectivo, que se presume provenía de donaciones de los fieles. Dios proveyó, parece.
En cambio, Dilma eligió a dos cuadros del Partido de los Trabajadores (PT) para la Jefatura de Gabinete, Aloízio Mercadante, y la Secretaría General de la Presidencia, Miguel Rosetto. La mandataria empezó su nuevo mandato haciendo un delicado equilibrio entre presiones, aprietes y amenazas.
Y los buitres estadounidenses también dijeron presente. Un estudio de abogados representantes de inversores de la ciudad de Providence, que se dicen afectados por la depreciación de los papeles debido a las denuncias de irregularidades de Petrobrás, anunció que podrían citar a declarar a Rousseff.
Esta causa, promovida ante un tribunal de Nueva York, se agrega a otras impulsadas en esa ciudad por tenedores de títulos de la petrolera estatal, de capital abierto, que cotiza en Wall Street y San Pablo, según informó el diario Página 12. Dilma asumió el gobierno y también una buena cantidad de desafíos.
El repiqueteo de los medios al servicio de los poderes fácticos
Un estudio del Laboratorio de Estudios de Medios y Esfera Pública de la Universidad Federal de Río de Janeiro dio cuenta de la influencia de los medios al servicio de los poderes fácticos en la creación de un clima golpista en Brasil. El informe fue mencionado en la edición del 28 de diciembre del diario Página 12, en la nota firmada por Darío Pignotti, y se basa en un seguimiento sistemático de la cadena Globo y otras empresas periodísticas durante y después de las elecciones del 26 de octubre de 2014.
João Feres Júnior, integrante del Laboratorio de Estudios de Medios y Esfera Pública de la Universidad Federal de Río de Janeiro, señaló al diario Página 12 que “los medios instalan un clima golpista” e hizo referencia a una cobertura “bastante envenenada” contra el gobierno.
“El 23 de octubre, tres días antes de la votación, la revista Veja realizó una maniobra desestabilizadora, digamos directamente golpista, publicando un artículo destinado a confundir a los electores y evitar que ganara Dilma.
Globo y los demás medios se acoplaron a esa noticia malintencionada. Al final esa trampa no surtió efecto, el candidato opositor, Aécio Neves, perdió por poco, pero perdió. La peculiaridad es que después del ballottage del 26 de octubre, el 27 los medios retomaron la campaña anti-Dilma buscando instalar un clima de ingobernabilidad que sigue hasta hoy”, agregó Feres Júnior en diálogo con Página/12.
“Los medios tradicionales son todos opositores y se comportan cada vez con mayor irresponsabilidad. La Asociación Nacional de Diarios dijo claramente que dado que los partidos opositores son débiles, esas empresas tienen que ocupar el papel de la oposición. Un papel casi golpista”, señaló el analista de medios Laurindo Leal Filho, también a Página 12.
“Lo que sucede hoy en Brasil no es igual al golpe de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. La estrategia desestabilizadora contra Dilma se parece más al proceso que desembocó en los golpes institucionales que hubo en Honduras (derrocamiento de Manuel Zelaya 2009) y en Paraguay (contra Fernando Lugo en 2012). Y dado que conozco muy bien el comportamiento de la prensa brasileña me animo a decir que ese clima golpista va a continuar durante los próximos cuatro años de Dilma en el Palacio del Planalto”, agregó Leal Filho.
Según se informa en la nota de Página 12, Leal Filho y José Feres Júnior participaron en el Fórum 21, donde un grupo de intelectuales y académicos coincidieron en la urgencia de contener la espiral conservadora y disputar la hegemonía ideológica detentada por los oligopolios de la información y el entretenimiento.
“No tengo dudas de que la espina dorsal pasa por democratizar la comunicación, como ya lo hicieron los gobiernos de Argentina, Ecuador, sin olvidar que el pionero de este proceso fue Chávez”, planteó Joaquim Palhares, editor del sitio Carta Maior, según se reproduce en la nota de Página 12. “El ex presidente Lula, el PT y las fuerzas progresistas están convencidos de que no puede postergarse la reforma de los medios”, señaló Palhares.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
